La corrupción, el estandarte político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena que encumbró a la oposición pseudo izquierdista de la hoy denominada "Cuarta Transformación” (4T), misma que AMLO pregona en todo momento (ya sin eco ni expectativas), jactándose además de ser el sumo enemigo del mal mencionado como la principal causa de todos los males del país, dejando a la periferia la impunidad, la soberanía y la injusticia social.
Por supuesto, la mercadotecnia política se cimentó muy atinadamente en las venas más sensibles del pueblo vulnerable, capitalizando el hartazgo de la sociedad, de los proyectos fallidos de los últimos años. Sin embargo, la nueva situación del país provocada por la pandemia deja al descubierto el abandono de los intereses de las mayorías.
Las propuestas de ley que se han consumado en poco más de dos años son "proezas” de la bancada morenista, ajustadas al empoderamiento de Morena y del neoliberalismo excluyente, lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho y las garantías individuales de los mexicanos.
En este análisis los "aciertos” de la inexperta administración no es de mi incumbencia decir en primera porque están muy bien "recitados en las mañaneras” (lo que se quiere escuchar); y en segunda, porque de los hechos y las propuestas de desarrollo planteadas, solo se trata de políticas erróneas de la "novedosa transformación” de AMLO, salvo los beneficios especiales de los ostentosos proyectos ya conocidos como Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía "Felipe ángeles” (NAIM) y el Transístmico de Tehuantepec (que unirá el océano Atlántico y el Pacífico, del que ya nadie habla).
Vale la pena escudriñar la causa de los infortunios y la situación crítica general del país. El presidente López Obrador dijo que con Morena tendríamos una 4T, equiparándola con la primera: la Guerra de Independencia (1810-1821, que se trató del movimiento libertario encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla para liberarse de la dominación de la Corona Española que duró 300 años); la segunda: la Guerra de Reforma (1858-1861, período caracterizado por la transición de la estructura política de la Colonia y del Imperio, a la formación de un estado nacional basado en el orden constitucional; tras la promulgación de la Constitución de 1857, Benito Juárez impulsó las Leyes de Reforma que lograron la separación de la Iglesia y el Estado); la tercera: la Revolución Mexicana (1910-1917, que se trató del conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz; al final, se promulgó la Constitución que rige actualmente en México).
Pues hoy, de acuerdo con el proyecto morenista, llegó la novedad cuatroteista. El Senado y la Cámara de Diputados se propusieron aprobar 89 leyes y reformas a la Constitución Política de los mexicanos; como prueba, solo mencionaré algunas de ellas:
1. Ley de la reelección de los diputados (Senado. Boletín-877). En la actualidad, en la Constitución Mexicana no se permite la reelección inmediata de los legisladores. "El artículo 59 de la Constitución de 1917, vigente desde 1933, impide la reelección de los senadores y diputados al Congreso de la Unión para el período inmediato al de la legislatura de que formaron parte. Sin embargo, es un hecho que "los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado…” (Art. 59). Con esta modificación, los legisladores ya no tienen que pedir licencia y dejar su escaño o curul para hacer campaña. Evidentemente el proyecto aprobado en condiciones ventajosas para los legisladores morenistas cumple con mecanismos electoreros de cara al 2021.
2. Eliminación del fuero al Presidente de la República (DOF: 26-01-2020). El fuero "era” una protección otorgada al presidente de la República, conocida como una inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa (aplicable a senadores y diputados). Hoy, ese privilegio de "inmunidad” de no ser enjuiciados o detenidos por la policía, aunque hayan cometido una falta o un crimen se dice ser ya eliminado.
"Ahora, el mandatario federal podrá ser juzgado en sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales y cualquier otro delito como se establece en el artículo 108 de la Constitución” (Forbes 20.11.2020). Sin embargo, nótese que el Senado aprobó solo ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente. ¿Cuáles "otros” delitos? No se sabe; tampoco se suprime la figura; porque si así fuera, este presidente iría de inmediato a la cárcel.
3. Ley de Amnistía General (DOF: 22-04-2020). Se entiende como amnistía a la acción legal encaminada a eliminar toda responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de una acción, devolviendo a los infractores la condición de inocentes. Es decir, la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones correspondientes, según los delitos cometidos (Art. 1. Ley de amnistía). Incluye delitos como el aborto, delitos contra la salud (casos especiales relacionados con narcóticos), por robo "simple y sin violencia” y por delitos de sedición, entre otros. ¿Será que con esta iniciativa de ley se busca aminorar las injusticias y no favorecer a un sector elitista?
4. Ley Federal de Remuneraciones para impedir que funcionarios federales obtengan un sueldo superior al del Presidente de la República (DOF:19-07-2019). Esta ley federal establece que ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico (Art. 6. II). Pareciera sostenerse al pensar que el funcionario "gana mucho y hace poco”; pero esto no aplica al atender las excepciones de los incisos "a” (cuando exista el desempeño de varios puestos), "b” (contrato colectivo), "c” (trabajo calificado) y "d” (trabajo de alta especialización) (ibíd.). Lo cual significa que si se puede superar el tope de remuneraciones.
5. Ley Federal de Austeridad Republicana (DOF: 19-11-2019), la que restringe gastos operativos, reduce plazas, cancela bonos y todo lo concerniente a gasto público encaminados a "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados” (Art. 4, I). Y preguntó yo: ¿cuáles objetivos? Porque para hablar de desarrollo social necesariamente debe haber obras de infraestructura social. Los recortes al gasto han sido de tal magnitud que han dejado a AMLO sin capacidad operativa. Sus colaboradores a ultranza esperan que muchas de las acciones que antes realizaban funcionarios públicos ahora sean llevadas a cabo por voluntarios, o por personas que estén dispuestas a trabajar por muy poco dinero, lo cual es inoperable.
6. La Ley Garrote (DOF: 06/10/1988), una reforma al código penal que pretende castigar a quienes realicen manifestaciones públicas. Afecta a la libertad de expresión, manifestación y de reunión (caso Tabasco) y que podría ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo quienes demandan empleo, mejor atención de sus autoridades y quienes exigen justicia, tendrán que abstenerse o irán a la cárcel: lo que se contrapone con el Derecho Constitucional de Manifestación de las ideas, el Derecho de Petición y el Derecho de Asociación (Arts. 6º, 8º y 9º, respectivamente).
7. La Ley de Extinción de Dominio (DOF: 22-01-2020), la que legaliza el despojo del patrimonio de ciudadanos, por causas infundadas en la sospecha o la denuncia. Era una Ley que, desde el 2009, podía ser aplicada solo por el Ministerio Público Federal y en determinados delitos; pero a principios de 2020 se amplía el catálogo de delitos y, podrá ser ya aplicada por los ministerios públicos estatales. Gerardo Carrasco Chávez, Director de Litigio Estratégico de mexicanos contra la corrupción y la Impunidad, comenta que esta iniciativa "es un retroceso en materia de Derechos humanos”, al tratarse de "la pérdida de derechos sobre un "bien” en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el dueño o para quien se ostente como tal”. Este procedimiento se realiza sin previa sentencia penal en la que se diga que se cometió el delito relacionado con dicho "bien”. De modo que, cualquier ciudadano podrá ser víctima de esta ley, ya sea por discrepancias políticas, de venganza, extorsión o simplemente por cuestiones personales.
Paralelamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, ha bloqueado más de 31 mil cuentas de "procedencia ilícita” (El Universal. 14.12. 2020), violando los derechos constitucionales de los mexicanos, consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Un ejemplo reciente fue el caso del Diputado federal, doctor Brasil Acosta Peña, que sin previa autorización o notificación del juez, le congelaron al menos en dos ocasiones su cuenta bancaria. ¿Será que las transferencias a las cuentas de los diputados por concepto de funciones públicas son de procedencia ilícita? Más bien el asunto se torna en que por diferencias políticas entre el ejecutivo y otras oposiciones la UIF podrá (por mandato "superior”) ejercer coacción o persecución política sobre todo aquel que difiera en el proyecto morenista.
Además, previo a la aprobación del T-MEC, se avaló la reforma del trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva: fue la condición impuesta por EE. UU., pero no para elevar la productividad o traer beneficios a empresarios mexicanos y mejores condiciones para los trabajadores, sino para proteger a sus inversionistas connacionales, en materia de salarios.
Con la 4T también se desmanteló el Cisen, la Policía Federal y la eliminación de fondos para Seguridad Pública; las consecuencias negativas son tales, porque el problema es más complejo de lo que se pensó; la Guardia Nacional (GN) no ha sido capaz para definir y contrarrestar las operaciones de los grupos delictivos, ejemplo de ello es la captura de Ovidio Guzmán (17 de octubre de 2019), pero AMLO, en su discurso de "abrazos no balazos” y por encubrir la fuerza endeble de la GN, tuvo que pactar con ellos y darles amnistía, al decir que los integrantes de la delincuencia organizada también son pueblo; por supuesto este populismo criminal ha favorecido a la delincuencia, la tiene empoderada y ha perjudicado a la ciudadanía. Con ello, las masacres ya registraron 65,300 asesinatos dolosos en menos de dos años. (Dato de FB (Dr.) Abel Pérez Zamorano, 24.11.2020).
Finalmente, la eliminación del Seguro Popular para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, 29.11.2019. DOF), en el que la falta de medicamentos para niños con cáncer, la falta de insumos para que el personal médico haga frente al COVID-19, muestran la manera irresponsable de responder a las demandas de los enfermos y del personal médico.
Hoy por hoy, Morena detenta el poder; empero, violentar las leyes constitucionales es un delito y cometerlo amerita "castigo” y justicia política.
Así, Morena nos coloca en el escenario más denigrante y retrógrado de los dos últimos años, tanto en Derechos Humanos (persecuciones políticas contra enemigos y periodistas) como en desarrollo socioeconómico (Salud, Seguridad, empleos), lo peor aún: una economía de estancamiento sin precedentes con recortes presupuestales del PEF en Salud, Infraestructura Social y en actos de corrupción. De acuerdo con el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020 (CCC), elaborado por Americas Society, "tenemos un gobierno federal cínico e hipócrita, pues en sus filas alista a personajes como Manuel Bartlett, Rocío Nahle, Zoé Robledo, Irma Eréndira Sandoval, quienes se han hecho de contratos como proveedores del gobierno e innumerables propiedades gracias al lugar que hoy ocupan en la administración federal”.
Hasta aquí el recuento de las propuestas deliberadamente aprobadas por Morena con notable protesta y resistencia social al deterioro de las garantías individuales y constitucionales. Transgredir una norma o violar una ley es constitucionalmente también un delito y los que lo hacen son infractores, traidores y delincuentes, y si de adecuaciones y simulaciones se trata para consolidar el poder absoluto, entonces estamos frente a una emulación imperialista.
Seamos conscientes, dejemos de ser actores sociales pasivos y obnubilados por el sistema cuyo gobierno vive obstinado y sediento de poder sobre un pueblo permeado de atrocidades y laceraciones. Pero gracias a ello y sin remedio de Morena no hay más que tomar las riendas del poder este 2021. El pueblo debe gobernar para sí, al margen de sus legítimos derechos e intereses mayoritarios.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario