Poco es el conocimiento de la ciudadanía sobre los procedimientos jurídicos para sancionar a los partidos políticos o personajes que aspiran a un cargo de elección popular; también poco es el interés por adentrarse en el entramado electoral que implica una elección a nivel municipal, estatal o federal.
Al ciudadano solo se le arrincona al último eslabón del proceso electoral, a ir a votar y no más. Allí empieza y termina la democracia para él. Depositar su voto en la urna por algún partido, o a participar como funcionarios de casilla, que muchas veces se niegan por falta de tiempo y desconocimiento en materia electoral.
Reducir la opinión y participación de la ciudadanía a estos niveles, abre la puerta para que en todo el procedimiento electoral se cometan transgresiones por los partidos y candidatos participantes de tal manera que los llamados delitos electorales ameriten una sanción al infractor, que no se la aplican porque no se configura el delito. Muchas han sido las violaciones electorales donde fue necesario un organismo alterno e independiente al Consejo General (del INE) para sancionar delitos electorales.
El Consejo General, integrado por los consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos, tienen la oportunidad de discutir y analizar las controversias e irregularidades presentadas en un proceso electoral, cuando no estén conformes con las resoluciones votadas en el consejo. Pueden recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hasta aquí es aceptable si de recurrir a mecanismos de hacer valer los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen las actividades del Instituto.
Pero la falta de respeto a la autoridad electoral y sus procedimientos no los ejerce el propio Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la república, a pesar de que también para él hay límites y sanciones, aunque no lo acepte; si no lo hace, es porque tiene el poder del país, y abusa de la mayoría simple que tiene en la Cámara de Diputados y de Senadores. Les ordena a sus correligionarios la agenda y a defender a grito abierto. Nada más les hace falta una bazuca a los morenistas para ganar en ambas cámaras lo que le conviene al presidente para seguir machacando que su proyecto de transformación que quiere que siga más allá de 2024. No respeta a los diputados de otros partidos que también representan ciudadanos aún la independencia de poderes.
Muchos son los delitos electores que comete Morena: arremete en las mañaneras contra la prohibición de colocar espectaculares con su imagen junto a los precandidatos que disputaron las seis gobernaturas pasadas, reparte despensas, dinero y utilitarios para votantes cautivos. Ordena giras al canciller, Marcelo Ebrard; Adán Augusto López, secretario de Gobernación y a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que participen en mítines para apoyar a candidatos morenistas a pesar de las denuncias de los partidos opositores.
Los partidos opositores se inconformaron; en particular el PRI, presentó denuncia ante el INE, argumentado que los tres funcionarios del gabinete federal realizaron “actos anticipados de campaña y precampaña”, establecidas en la constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Es público que Morena y los denunciados han seguido una estrategia de violación sistemática a la normativa electoral con la colocación de su imagen como aspirantes a la candidatura de la presidencia de la república, vulnerando los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral”, establecida por la ley electoral.
Con motivo del acto en Toluca, el día 12 de junio, para “festejar el triunfo de Morena en cuatro gobernaturas” el esquema y la impunidad se repitieron. Expertos en materia electoral coinciden que esta forma “se ha convertido en una estrategia recurrente de Moren y llaman a las autoridades electorales a intervenir o se pondrá en duda la legitimidad de las elecciones del 2024, así mismo los aspirantes señalados para la elección presidencial de Morena corren el riesgo a registrarse para participar en actos anticipados catalogados como ilícito.
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