El pasado 20 de febrero, justo cuando eran las 11 de la mañana, se apersonaron diferentes órdenes de seguridad, en los límites de la colonia Fraternidad Antorchista, en la periferia de la ciudad de Chetumal, debido a una orden emitida por el fiscal del Ministerio Público en delitos patrimoniales.
La Fiscalía General del Estado, apoyada por policías municipales, peritos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, acudió con la finalidad de asegurar, de manera precautoria, los predios aledaños a la citada colonia que comprenden el Rancho San Guillermo, el Rancho El Zorrillo y Rancho San Lorenzo, en el ejido Sub Teniente López, que en conjunto abarcan una extensión de 101 hectáreas con cédula catastral 101320601.
Dichas acciones responden a la solicitud de un particular, que se asume como propietario y que se inconforma y presenta una querella por el delito de despojo. Omar Maldonado Jiménez, fiscal del Ministerio Público está a cargo del caso y fue quien dictó el aseguramiento.
La presunta víctima acreditó la propiedad del predio, que, hasta el día de hoy, se encontraba invadido de cientos de familias que pensando y argumentando que son terrenos nacionales, los han invadido y los han registrado ante SEDATU, recibiendo los papeles que acreditan dicho registro. Algunos, han limpiado sus lotes, otros han sembrado en ellos, algunos han empezado a construir y ya hay quien hasta ya se pasó a vivir en ellos.
Sin embargo, el comandante Luis Alberto Cámara Briceño encargado del área de Delitos Patrimoniales, a cargo de la diligencia, advirtió que no es más que una acción que tiene como finalidad resguardar los predios, hasta en tanto no se resuelva por la vía legal la legítima propiedad por parte de los involucrados. También aclaró y recalcó a todos los presuntos afectados, que no los estaban despojando, sino que los estaban asegurando con la finalidad de que no se presentaran roces entre ellos y la supuesta víctima. También los conminó a que asistieran ante la Unidad de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público con los papeles que acrediten su propiedad, con papeles de compra venta, o títulos de propiedad y les serán restituidos.
Los colonos desalojados mostraron su molestia, argumentando que tenían cosas dentro de dicho predio, pero la orden fue terminante, nadie puede entrar, ni sacar nada. Y dicho comandante amparó sus acciones mostrando las órdenes que traía en un oficio.
Los sucesos arriba descritos, los vemos todos los días y en todos los estados del país y, se dan porque el Estado no garantiza la vivienda a la totalidad de la población, o bien, porque ha delegado en la iniciativa privada, la tarea de construir vivienda y los requisitos son tales, que aquellos ciudadanos que trabajan en la informalidad y que abarcan hasta el 55% de la población económica activa, no los cubren y, por tanto, no pueden acceder a una vivienda digna.
Por eso surgen vivales que se adueñan de grandes parcelas para después lotearlas y venderlas, o ciudadanos que se arriesgan a invadir ahora y a ver qué pasa mañana.
El Movimiento Antorchista, conocedor de estas realidades, se ha dado a la tarea de crear grupos de solicitantes de terreno, organizarlos y que puedan empezar a pagar sus terrenos con pagos acordes a sus posibilidades. Esta es una labor que la organización social lleva muchos años realizando y es además cuidadosa de no participar en despojos, invasiones o comprar terrenos que no estén legalmente en orden. Con esto se garantiza que cualquier ciudadano, que quiera formar parte de la organización y desee, adquirir un terreno en una colonia Antorchista tendrá la certeza jurídica de que ese terreno no lo perderá por una acción provocada por la ilegalidad.
El Movimiento Antorchista tampoco apoya a los colectivos que se apropian de manera ilegal de predios, casas, edificios, o construcciones abandonadas, ni tampoco los fomenta, ni auspicia. Por el contrario, siempre se busca la certeza jurídica de cada una de las acciones que se realicen en torno de propiedades para vivienda.
Por eso, en el caso de estos predios, cualquiera que sea su estatus legal, los antorchistas nos mantenemos al margen, no participamos en su supuesta invasión, ni en su supuesta compra. Nos deslindamos de los hechos, así como de los que en ellos participan.
Deseamos que en esta ocasión y en este caso, los hechos se resuelvan de manera satisfactoria para ambas partes y que impere la legalidad, la justicia y la prudencia.
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