El acceso a una vivienda digna y decorosa es un derecho que fue plasmado en la Constitución Mexicana, y que desde hace más de 100 años debió ser respetado y puesto en práctica por parte de los gobernantes que han tenido la tarea de llevar en sus manos las riendas de este país.
Como sabemos, este derecho no se ha respetado y el acceso a una vivienda se ha convertido en un negocio rentable para los grandes empresarios.
De acuerdo con el diario El Sol de Puebla del 12 de abril del año en curso, el Reporte Inmobiliario 2023 realizado por el portal Lamudi, en el que se puede apreciar el costo de la vivienda en las diferentes zonas del país, resalta el hecho de que Nayarit sea de los estados en donde comprar una vivienda es caro, por lo que se convierte en una necesidad que no puede fácilmente ser adquirida por un obrero asalariado.
El derecho a la vivienda no se ha respetado en México, y el acceso a una se ha convertido en un negocio rentable para los grandes empresarios.
En primer lugar se encuentra Nuevo León con 52 mil 567 pesos por metro cuadrado, le sigue Nayarit con 45 mil 622 pesos, quedando muy por arriba de Jalisco, Sinaloa, Estado de México e incluso Ciudad de México y Puebla, en esta última la vivienda tiene un costo de 23 mil 159 pesos por metro cuadrado en promedio.
El salario mínimo de un obrero en Nayarit es de 249 pesos diarios, señaló en enero El País. Con eso, el jefe de familia debe alimentar, curar, vestir, educar a su familia; a esto le sumamos el alto costo de las viviendas que deja sin la posibilidad a un obrero de poder comprarla.
El Gobierno morenista del estado y el municipio deben tomar en sus manos la tarea de hacer más accesibles los espacios para vivienda para la clase trabajadora. No más hacinamientos, no más rentas de por vida, no más personas viviendo en la calle, no más insensibilidad del Gobierno hacia la clase obrera.
Exijamos que la vivienda sea un derecho que en los hechos se realice y si los gobernantes hacen oídos sordos a los llamados, salgamos a manifestarnos hasta lograr que cada familia tenga una casita. Es nuestro derecho y los gobernantes lo deben cumplir.
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