En los próximos días se discutirá en el Congreso del estado un posible aumento a las tarifas del servicio del agua; esto, a propuesta de la Junta de Gobierno del Interapas (Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro), iniciativa salida de la oficina de quien despacha en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), Enrique Galindo, presidente municipal de la capital.
Tal propuesta tiene que hacerse a más tardar este cinco de noviembre del año en curso. Se habla de un incremento de hasta 27 por ciento. Debemos preguntarnos si ese incremento de este servicio tan básico se justifica o no, dada la situación económica que prevalece en el país, y en nuestro estado, con una inflación general arriba del ocho por ciento y del 14 por ciento en la canasta básica. Además del aumento en las tarifas de servicios, son medidas que contribuyen a la llamada espiral inflacionaria.
Según la recomendación de La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano de que todo ciudadano debe contar con el servicio de agua potable, y que sea a un costo accesible: “En noviembre del 2002 el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorgó a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad, aceptable para usos personales y domésticos” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12). Más claro que el agua no se puede decir: ningún ser humano debe dejar de contar con agua a precio asequible.
Las familias potosinas pobres, que son la inmensa mayoría, esperan con temor la llegada el recibo de agua o luz, pues no saben sin tendrán el dinero en el bolsillo en el momento para pagar dicho servicio, ya que de no hacerlo se les cortará sin misericordia de parte de Interapas el servicio con un sello o candado. Pues ahora, ante el difícil panorama para los potosinos de la zona metropolitana, insistimos, se está pensando, nada menos que un incremento en las tarifas de ¡un 27 por ciento!, muy por encima de la tasa inflacionaria que hay en productos y servicios.
Debemos también decir que el suministro y distribución del agua por parte del Interapas, es muy deficiente. En los meses anteriores, y recientemente, hubo recortes prolongados del servicio de agua en muchas colonias del área metropolitana como consecuencia de los problemas en el acueducto de El Realito: “En fiestas patrias, 30 colonias de la zona metropolitana de SLP se quedan sin agua; El Realito falla otra vez” (El Universal de San Luis Potosí, 21 de octubre) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), anuncia que para noviembre habrá nuevos recortes por trabajos que se realizarán, nos informa la misma nota. Pero no solo es eso, sino que hay muchas colonias, que con “el argumento” de que no están regularizadas, aún no cuentan con redes de distribución de agua potable y son abastecidas con pipas de agua, lo que sabemos, es un calvario para las familias que habitan dichas colonias.
Por donde le veamos: un incremento en las tarifas de agua en la zona metropolitana, no se justifican de ninguna manera, contraviene en las recomendaciones de organismos internacionales, de la propia constitución política en su artículo 115, y, lo peor, lesionaría el bolsillo ya de por sí deteriorado de las familias humildes, las cuales deberían ser apoyadas en estos momentos difíciles en que hay una tasa alta de desempleo, y la vida se hace cada día más cara como consecuencia de la inflación; el mismo incremento en las tarifas de agua contribuirá al proceso inflacionario, pues el agua no solo es para el consumo humano, sino también un insumo en muchos proceso productivos.
Los pobres de México y de San Luis Potosí debemos tomar consciencia de los problemas que nos afectan, organizarnos y luchar para resolverlos. El aumento de las tarifas es injusto e inequitativo, ya que afectan el nivel de vida de los más pobres y debemos decir un no a tal medida.
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