Es innegable —más ahora que lo evidencian constantemente las protestas— que el campo hidalguense, al igual que el mexicano, enfrenta retos estructurales como la fragmentación de la tierra, el acceso limitado a créditos y tecnología, los efectos del cambio climático, la volatilidad de los mercados, la falta de políticas públicas integrales que trasciendan el asistencialismo y fomenten la productividad sostenible, la comercialización justa y la valorización de la soberanía alimentaria como eje estratégico para el desarrollo nacional.
La inversión en infraestructura hidráulica, en sistemas de alerta temprana eficaces y en seguros agrícolas accesibles para el pequeño productor, brillan por su ausencia.
Este abandono se ve más acentuado tras el paso del huracán “Priscilla” en Hidalgo, que afectó a unas 20 mil 91.45 hectáreas siniestradas por las lluvias en 22 municipios (32.5 % de la superficie total sembrada en el estado), principalmente en las regiones Sierra y Huasteca hidalguense, impactando a 14 mil 274 productores, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal puntualiza un daño mayor: al menos 30 mil hectáreas de cultivos resultaron dañadas.
En el rubro pecuario, la pérdida asciende a 28 mil 902 cabezas, entre ovinos, equinos, bovinos, porcinos, caprinos, afectando a mil 327 productores de dieciséis municipios, entre ellos: Molango, Xochicoatlán, Tlahuiltepa, Zacualtipán, Huehuetla, Tianguistengo, Tepehuacán, Calnali, Tenango de Doria. También se registra pérdida de aves (gallinas) e incluso abejas.
Ante todo este desastre, en lugar de apoyo, los campesinos. Los anunciados apoyos de empleo temporal y recurso por pérdida de cosechas, por parte del gobierno federal, no están llegando a los afectados.
Vecinos de la comunidad de Tlaxco señalan que, en el registro del programa de empleo temporal, realizado en el municipio de Metztitlán, sólo se permitieron 100 solicitudes.
Los 120 jornaleros agrícolas de la localidad mencionada se quedaron fuera del registro. “Sólo 100 personas tendrán un empleo temporal para llevarle algo a sus familias, y, ¿el resto de los afectados cómo haremos para solventar los gastos?”, cuestiona Noé Villada Vázquez, delegado de Tlaxco.
En la región huasteca, el Movimiento Antorchista reporta un listado de más de un centenar de familias con cultivos siniestrados que no fueron incluidas en el censo. Se encuentran en doce comunidades de los municipios de Yahualica, Tlanchinol, Huejutla y Atlapexco; y en total, por todo el estado, más de 500 familias sin censo.
La situación revela cómo el campo hidalguense, que debería ser uno de los pilares de la soberanía alimentaria, ha sido sistemáticamente relegado. La inversión en infraestructura hidráulica, en sistemas de alerta temprana eficaces y en seguros agrícolas accesibles para el pequeño productor brilla por su ausencia. La tragedia mostró un campo hidalguense completamente vulnerable ante un evento, si bien intenso, no del todo inesperado en el contexto del cambio climático.
Ahora, los campesinos enfrentan un futuro desolador. Con “pérdidas que superan los millones de pesos sólo en cosechas” y la necesidad de esperar hasta enero o febrero para volver a sembrar –si el clima lo permite–, se avecina una crisis social y económica de proporciones mayúsculas. Por ello, es imperativo que la respuesta no se limite a la entrega simbólica de despensas o a los recorridos de escritorio.
Se necesita una intervención de Estado, urgente y contundente, que actúe en tres frentes:
Indemnizaciones justas y oportunas para todos los afectados, incluidos los pequeños propietarios invisibilizados en las estadísticas oficiales
Reconstrucción con visión de futuro: no basta con volver a como estaban antes, se debe invertir en la rehabilitación de tierras, en infraestructura de drenaje y contención, y en la dotación de insumos para el próximo ciclo de siembra.
A largo plazo, el campo hidalguense exige una política agropecuaria seria que incluya tecnificación del riego, diversificación de cultivos, acceso a créditos blandos y, sobre todo, la creación de un sistema robusto de protección civil rural.
Es hora de que los gobiernos estatal y federal demuestren, con hechos, que el campo y quienes lo trabajan son una prioridad, no sólo un paisaje olvidado al que se recurre en época de campañas.
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