Esta semana presenciamos uno de los mayores daños provocados recientemente a la educación nacional y también una de las más torpes argumentaciones que los funcionarios del gobierno de la 4T hayan dado para eliminar algún programa de gobierno, aunque este funcione adecuadamente y sea muy necesario: Delfina Gómez, la secretaria de Educación, informó hace poco que los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, destinado a financiar un modelo de enseñanza que amplía el número de horas-clase que reciben los niños diariamente, incorpora actividades culturales y deportivas, proporciona alimentación a los niños de esos planteles escolares y los aleja de entornos hostiles en sus pueblos y colonias, serían destinados a reparar baños y hacer reparaciones de otras escuelas del país. ¿Qué tiene qué ver una cosa con la otra? ¿Por qué los recursos de Escuelas de Tiempo Completo deben financiar las reparaciones escolares que la SEP dejó de realizar desde antes de la pandemia? La secretaria no respondió absolutamente nada que aclarara ese punto, simplemente dijo que la decisión de canalizar recursos al mantenimiento, en vez de sostener el programa de Escuelas de Tiempo Completo, “de momento, puede causar inquietud o, por qué no, molestia”.
Días después, cuando las críticas de expertos en educación arreciaban, crecía en redes sociales la indignación de padres de familia, asociaciones de estudiantes y maestros y se anunciaban movilizaciones de repudio, el presidente dijo que siempre no desaparecía el programa, sino que el dinero se entregaría directamente a los padres de familia para que estos lo administraran y “evitaran corrupción”. Evidentemente, tanto Delfina Gómez como el presidente López Obrador están mintiendo y si no hay una enérgica protesta nacional, lo que veremos es la desaparición de una opción educativa que representaba la esperanza de mejorar la calidad de la educación en México, que desde hace años ocupa deshonrosos lugares al compararse con otros y se ha convertido en un lastre para el desarrollo del país.
Junto con el impacto educativo que implica que los niños tengan menos horas de clases, y suspendan actividades culturales y deportivas que son altamente formativas, se tendrán serios impactos en la vida cotidiana de los niños: además de que dejarán de recibir alimentos en las escuelas, muchos tendrán que pasar más tiempo en entornos muy peligrosos en sus colonias y pueblos, a merced de influencias de las que sus padres no pueden protegerlos porque se encuentran trabajando, lo que los expone a abusos de todo tipo. “Desafortunadamente estamos viviendo en un país sumamente violento, donde las calles de las comunidades donde viven las niñas y niños son muy violentas, y pueden verse afectados al estar solos; estar sin una supervisión, acompañamiento de adultos por la violencia que se genera... de ser víctimas del crimen o incluso reclutamiento forzoso, sobre todo en aquellas comunidades del país donde impera el crimen organizado” (El Sol de México, 11 de marzo).
Recordemos que, con un procedimiento similar, el gobierno de AMLO desapareció otros programas que prestaban gran ayuda a los mexicanos, como las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas, los comedores comunitarios, los programas para apoyar a científicos y artistas en formación, y muchos más que fueron acusados de “corrupción”, cuyos recursos jamás han vuelto a reintegrarse ni se han entregado directamente, como en su momento prometió el presidente, como siempre hace cuando quiere para salir del apuro. Todos esos apoyos los eliminaron con un discurso similar al que ahora intentan aplicar para acabar con las Escuelas de Tiempo Completo: un discurso carente de rigor para demostrar que efectivamente no funcionan y que la 4T tiene una mejor opción; mentiroso en la descripción de los presuntos defectos de esos programa; calumniador porque se acusa sin ninguna evidencia a los beneficiarios y administradores de desviar dinero y caer en corrupción, y sin dar ninguna alternativa para quienes quedan desamparados al desaparecer esos programas y llevarse el gobierno el dinero a otra parte.
Y si hablamos del destino que se pretende dar al dinero que ya no se gastará en Escuelas de Tiempo Completo, sino que se entregará a comités de padres para que estos reparen las escuelas, veremos sin mucha dificultad que se trata de un programa clientelar que ya presenta señales graves de falta de operatividad y evidencias de mal uso del dinero por parte de quienes lo están administrando. Unos cuantos datos lo evidencian: en la auditoría practicada por la ASF se encontró que en “la revisión de 1,757 expedientes, se constató que estos no cuentan con documentación que acredite la aplicación de apoyos por 564 millones de pesos; lo mismo en el análisis de 71 expedientes de beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 12 millones de pesos. En otros 1,686 expedientes adicionales se constató que tampoco hay documentación que acredite la aplicación de apoyos por 552 millones de pesos”, además, muchos de los comités nombrados para recibir y administrar el dinero “no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa ni tampoco en el manejo y administración de los recursos” (EXPANSIÓNpolítica, 3 de marzo).
No hay duda, estamos ante un atropello a la educación de más de 3.6 millones de niñas y niños que dejarán de asistir de tiempo completo a una escuela que les brindaba mejores condiciones de estudio y protección; tampoco hay duda que el móvil principal de esta medida por parte de AMLO es recoger dinero a como dé lugar y de donde sea porque su gobierno enfrenta una carencia sistemática de recursos para financiar sus ocurrencias y su política electorera. Si los razonamientos de miles de padres de familia y otros mexicanos no detienen este atentado, se debe pasar a las protestas masivas en defensa de las Escuelas de Tiempo Completo.
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