El reciente ataque a balazos contra cuatro periodistas en Chilpancingo, Guerrero, ha dejado al descubierto la peligrosa realidad que enfrenta dicha profesión en México.
Este incidente, lejos de ser aislado, se suma a una serie de agresiones y actos violentos que han marcado la historia reciente del estado, posicionándolo como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en el país.
Los periodistas agredidos, Víctor Mateo, Oscar Guerrero, Jesús de la Cruz, y Héctor Camacho, estaban realizando su labor de informar pues a eso de las 12 horas en la parte baja de la colonia las Palmas, otro hecho de violencia movilizó a los comunicadores que cubren la fuente policíaca, luego de que se reportara un ataque más en donde fue asesinado el chofer de la Urvan número 544 de la ruta colonia 4 de abril-centro-mercado.
Los reporteros hicieron una pausa a bordo del vehículo para redactar sus avances, cuando un par de hombres a bordo de una motocicleta se les emparejó y comenzaron a disparar. La unidad se recargó sobre la banqueta. Los agresores siguieron disparando mientras escapaban del lugar. Víctor Mateo recibió un impacto de bala en el rostro y Jesús de la Cruz resultó herido en el cuello. El grupo primero buscó refugiarse en la zona militar, que se encuentra a escasos metros y posteriormente fue canalizado a un hispital.
En este oscuro panorama, las organizaciones de periodistas de Guerrero no dudaron en señalar a las autoridades de todos los niveles como responsables directos de este atentado. La demanda de un alto a la retórica de odio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador se presenta como un llamado necesario, ya que esta actitud contribuye a la vulnerabilidad y criminalización de los periodistas. La exigencia a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública es otro punto crucial, ya que su indolencia y menosprecio al trabajo de los medios solo agrava la situación.
Los datos proporcionados por la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero y Artículo 19 revelan una realidad desgarradora. Desde 2017 hasta 2022 se registraron un promedio de 40 agresiones al año, incluyendo asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados. La cifra de 21 periodistas ejecutados en 26 años coloca a Guerrero como el segundo estado más peligroso para ejercer la profesión, solo superado por Veracruz. Estas estadísticas, lejos de ser simples números, representan vidas humanas y un llamado de auxilio a la sociedad y a las autoridades.
La falta de transparencia por parte de las autoridades al no proporcionar información sobre el número de carpetas de investigación abiertas ante estos crímenes es inaceptable. La seguridad y protección de los periodistas no deberían depender únicamente de medidas cautelares, sino de un compromiso real por parte de los gobiernos estatal y federal para garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo.
Los periodistas, a través de su labor, cumplen con la función de informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno, políticos, y demás eventos relevantes. Sin embargo, esta labor se ve amenazada por las agresiones físicas y verbales, así como por la presión de la delincuencia organizada y la constante deslegitimación desde el gobierno.
Pero no solo los periodistas sufren la ingobernabilidad que existe en el estado, vemos como a diario hay muertos por todas partes y ¿qué hace el gobierno?, no hace nada para que la ciudadania en general tengan la seguridad.
Antorcha hace un llamado a la acción, instando a la sociedad a estar atenta a las acciones del gremio periodístico y a exigir un respeto irrestricto a la libertad de expresión. Es urgente la necesidad de una organización sólida por parte de los periodistas para enfrentar los desafíos actuales y se apunta a la construcción de un gobierno verdaderamente humanista que trabaje para el bien de todos.
El ataque a los periodistas en Guerrero no solo es un atentado contra la libertad de expresión, sino también un llamado de alerta sobre la necesidad de un cambio real en la manera en que se aborda la seguridad y protección de quienes desempeñan un papel crucial en la sociedad. La sociedad y las autoridades tienen la responsabilidad de trabajar juntas para garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo, preservando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.
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