El abandono de las comunidades de origen no siempre es por el gusto de visitar otros lugares del mundo o por la posibilidad de vacacionar en los grandes centros urbanos del país o del extranjero, las paradisiacas playas del caribe o las nevadas montañas del norte del continente. El fenómeno migratorio que lleva ya varios años incrementándose no sólo en América Latina, sino en otros lugares del mundo, es un fehaciente indicador del incremento de la pobreza y de la violencia en el mundo.
La falta de oportunidades para ganarse el sustento en las localidades originarias, los bajos salarios como el caso de nuestro país, el desempleo, las agresiones que enfrentan los grupos vulnerables por parte de los cárteles al expandir su rentable negocio de narcotráfico, los peligros que se viven por los enfrentamientos de ejércitos beligerantes en algún conflicto nacional o internacional, son solamente algunas de las razones que obligan a la población a buscar alternativas para la seguridad y bienestar de sus familias.
La contención de migrantes, en lo que va de este sexenio, se incrementó en el país: en 2021 se registraron 309 mil 622 casos y para 2022, fueron 444 mil 439, lo que significa un incremento del 43.5 en términos porcentuales. No es casual que los índices de retención han tenido un repunte a partir del año 2018, cuando se establecieron los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), mejor conocido como el programa “Quédate en casa”, que fue un intento legal de la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump para detener el flujo migratorio hacia ese país.
El imperio dispone y el Gobierno mexicano ejecuta, aunque los funcionarios de la administración morenista afirmen lo contrario. Oficialmente, dicho plan quedó sin efecto en octubre pasado, pero en los hechos continúa instrumentándose. Miles de migrantes con solicitud de asilo en Estados Unidos, y aquellos que han buscado otras vías de ingreso a ese país, han permanecido por mucho tiempo en territorio mexicano, lo que deriva en que quedan a merced de los secuestros, abusos sexuales, asesinatos y acontecimientos muy lamentables, como la tragedia ocurrida el 29 de marzo del presente año en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que perdieron la vida 39 migrantes centroamericanos.
En 2022, de acuerdo con los datos de las organizaciones civiles, 853 migrantes murieron en la frontera de México con Estados Unidos; en 2021 se registraron 546 decesos. Sin embargo, es necesario considerar que las cifras anteriores son las que se reportan de manera oficial, es decir, no están considerados aquellos casos en que se desconoce el paradero de los cuerpos de las víctimas y por la tanto, no forman parte de las estadísticas.
La política migratoria de nuestro país ha quedado sujeta a los intereses de los grandes empresarios de los Estados Unidos, la presión que ejercen sobre su gobierno y sobre el nuestro es evidente.
El flujo de mano de obra barata que produce la riqueza de ese país, queda regulado por los periodos de crisis o prosperidad de sus negocios, lo que determina cuando contratar a menor costo la fuerza de trabajo, así se decide cuando los funcionarios de las administraciones pueden abrir o cerrar las fronteras a la migración proveniente de los países pobres. Mientras tanto, en los tiempos en que se restringe el flujo de trabajadores, éstos quedan por tiempo indefinido en un país que no les ofrece las mejores garantías para vivir.
La dependencia económica de México, con respecto a Estados Unidos, permite la obediencia a las disposiciones emitidas desde la Casa Blanca. La amenaza de los aranceles a las exportaciones mexicanas hacia Norteamérica ha sido una de las más eficientes herramientas para lograr que el gobierno de nuestro país implemente las medidas solicitadas por la política migratoria del imperio.
Otra muestra más de la dependencia, es la cantidad de remesas que se reciben debido a los trabajadores mexicanos que se encuentran en ese país, que son un alivio para las familias dados los elevados índices de inflación y también para el gobierno por lo que representan para la economía nacional; por ejemplo, en 2022 se alcanzó la cifra de 58.497 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 13,4 por ciento respecto al año anterior.
Más de 38 millones de migrantes mexicanos viven en Estados Unidos, esta cantidad de compatriotas se ha convertido en la fuente principal de remesas, de tal manera que los envíos realizados el año pasado, representan el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.
No hay capacidad en la política de la 4T para la creación de empleos ni del mejoramiento de los salarios que impidan que los mexicanos busquen mejores oportunidades en otros países; de ahí que esa dependencia de nuestra economía a la norteamericana, sea una desventaja más que aprovecha el imperio para imponer condiciones.
Obligado por las condiciones económicas a establecer de facto un programa que impide el tránsito de migrantes por el territorio nacional, al menos el gobierno de la 4T debería ofrecer todas las garantías para que la estancia de quienes buscan mejores oportunidades de vida y no la puedan encontrar en sus países de origen, y menos en México, sea bajo condiciones humanas, no se les trate como animales peligrosos que tienen que ser confinados y resguardados bajo cadenas y candados. La crueldad con la que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) trata a los migrantes sólo es una sencilla muestra del celo con que se cumplen los mandatos del imperio.
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