Ante la tercera ola de contagios por covid-19, nuevamente el gobierno de la 4T ignora a las familias pobres de México, por un lado, hecha en saco roto las demandas del sector salud, y por el otro, desconoce que los mexicanos se han sumergido en más pobreza y marginación, tras la llegada de la pandemia y el confinamiento que ha dejado más estragos en los hogares.
En Chiapas, con el nuevo rebrote, el informe diario sobre la transmisión del covid-19 arroja hasta el cierre del jueves 6 de agosto, que se habían confirmaron 90 casos en 20 municipios de la entidad y tres fallecimientos en personas de diferentes grupos de edad, siendo Tuxtla Gutiérrez y Tapachula los focos graves de contagios, y a pesar de esta realidad el Gobierno Federal informa que continuará en color Verde del Semáforo epidemiológico por 15 días más, ignorando el incremento de contagios y muertos reportados por la Secretaría de Salud del Estado.
De aquí es donde nace la principal inconformidad de quienes se enfrentan a salvar la vida de los chiapanecos, toda vez que se ha pedido que el gobierno considere un cambio en la semaforización epidemiológica de verde a amarillo, se voltee a ver al sistema de salud de Chiapas, envíe más medicamento y equipamiento para el personal de salud, pues la campaña de vacunación en Chiapas no ha sido tan efectiva como se anuncia, porque existe un número importante de la población que no se ha vacunado y sobre todo la población más joven es la que sigue sin ser considerada en la campaña actual.
Además, se agrega a la realidad de los chiapanecos, que el servicio público no le es suficiente y este no asegura salvaguardar la vida de los contagiados, lo que obliga a las familias a tener que buscar atención en servicios privados, pues los hospitales no ofrecen las condiciones adecuadas para combatir el virus, por ejemplo, en la semana fue noticia las filas que se formaron para poder comprar tanques de oxígeno o la denuncia de que el hospital covid-19 estaba lleno, y de esto las autoridades no dicen ni una sola palabra.
De acuerdo con Alejandra Macías, directora de Análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con la cancelación del Seguro Popular, el cual requería una afiliación, y la llegada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que no requiere una afiliación, y que en principio provee el derecho universal, los ciudadanos no reconocieron ese derecho a los servicios de salud y, por tanto, se ve un incremento importante en esta carencia.
Lo que llevo al incremento del gasto de bolsillo que se agravó con la pandemia, afectando sobre todo a los más pobres, por la carencia de acceso a servicios de salud, elevando así, el gasto de las familias, ya que aumentó 40.5 por ciento y cerca de 72 por ciento de las personas que no tienen un servicio de seguridad social, aumentando la probabilidad de empobrecimiento, pues se dice que los hogares destinaron mayor gasto en medicinas, servicios hospitalarios y consultas médicas, originando gastos catastróficos, en promedio pasó de 2 mil 500 pesos en el 2018 a 3 mil 300 pesos en 2020.
Es evidente, que, ante esta desatención de salud, a los mexicanos y chiapanecos no les queda más que adquirir por su propia cuenta los servicios de salud y para atender las necesidades que se generan, se ha tenido que recurrir a utilizar ahorros, pedir prestado o vender los bienes que tienen a su alcance para salvar la vida de sus familiares. Por ello hacemos un llamado al Gobierno federal para que se concientice que todas estas circunstancias han llevado a las familias a caer en más pobreza y a tener que lamentar que este gobierno resultara ser peor que los de otros partidos que también estuvieron en el poder.
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