Por las pocas o nulas acciones del Gobierno estatal de Quintana Roo y de los ayuntamientos, un gran porcentaje de quintanarroenses viven hacinados, es decir, están reunidos en un lugar que no está preparado físicamente para albergarlos, de tal manera que esas personas se encuentran viviendo una situación desesperante, en ocasiones de entre una y hasta tres o más familias habitan en pequeñas viviendas.
El tamaño de la vivienda debe restringir o condicionar el número de personas que viven en ella, es obvio que mientras más pequeño el número de sus habitantes debe ser menor y viceversa, pero dadas las condiciones de pobreza que se vive en el país del amontonamiento de personas, de familias enteras en una pequeña casa es cada vez un problema más completo y preocupante.
Para no variar, sobre la política de desatención gubernamental que en los últimos años ha preocupado, es que la entidad de Quintana Roo ocupa el nada honroso cuarto lugar en hacinamiento de personas, es decir, el 17.7 por ciento de los quintanarroenses viven en una casa con más personas de las que deberían por su tamaño. En este rubro sólo somos superados por Chiapas, Guerrero y el vecino estado de Campeche, es decir, en nuestra entidad, 304 mil 900 personas enfrentan este problema. Como están las cosas actualmente no se avizora cambios inmediatos para que los ciudadanos superen esta condición.
La política social también es un factor en contra, pues no hay programas a nivel federal ni estatal o municipal que garantice, como dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un derecho a la vivienda digna; de esos tres órdenes de gobierno no hay uno que ayude a la gente humilde a tener acceso a una propiedad, un pedazo de tierra para construir dónde vivir en las mejores condiciones posibles. Escasos, por no decir nulos, son los programas que tienen este sentido.
En México, el Infonavit es la dependencia que se supone debiera atender a los trabajadores para dotarlos de vivienda bajo esquemas y precisos de financiamiento y de pagos, sin embargo, no contempla a los desempleados y a la gente de escasos recursos económicos, pues su política es que si ‘no compruebas ingresos, no hay ayuda’.
De ahí que la mayoría de esas personas humildes que están hacinadas en casas de familiares, busquen otras opciones, a veces hasta ilegales, para hacerse de un terreno, una de ellas es crear asentamientos irregulares, donde se van a vivir en condiciones paupérrimas, sin servicios públicos, sin agua potable, sin electricidad, sin seguridad, ni calles, pero que son el futuro para ellos.
Siempre ha existido la disponibilidad de los humildes de pagar por sus terrenos, siempre lo han hecho, porque respetan la propiedad y saben que para que puedan estar dentro de la legalidad, tienen que respetar la ley; eso implica pagar por los terrenos donde se asentaron. Afortunadamente, en la mayoría de esos casos, se ha podido resolver favorablemente su situación, aunque para ello pasen años ante el tortuguismo de las autoridades municipales.
Mucho tienen que hacer las autoridades para solucionar este gran problema que lastima a miles de familias quintanarroenses, porque la necesidad así los obliga, porque no tienen los recursos económicos para salir de esas humildes viviendas y porque lamentablemente el gobierno, en sus tres órdenes, no hace nada por ayudarlos.
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