En México, el presupuesto destinado a la educación es altamente sensible a las crisis económicas o a las dificultades de las finanzas públicas, en particular cuando está dentro de las prioridades nacionales.
Si bien en México no se esperaría un incremento de presupuesto para la educación, hemos visto muchas promesas de buscar que el planteamiento presupuestal considere reasignaciones de recursos a los programas más eficaces para reducir las brechas de oportunidades de acceso, de aprendizaje, afectaciones emocionales y demás costos sociales que han acompañado el cierre de las aulas por cerca de año y medio.
Existe evidencia de lo que funciona en materia educativa para canalizar estos recursos adicionales. Por un lado, la capacitación docente para contribuir a la contención emocional y para ser más efectivos en la implementación de estrategias de reforzamiento académico; por el otro, programas de regularización de aprendizajes en esquemas de tutorías académicas o extensión de jornadas escolares que permitan atajar los efectos negativos y recuperar a las niñas, niños y jóvenes que abandonaron sus estudios o decidieron no matricularse en el ciclo escolar 2021-2022.
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto, la propuesta termina por conservar las inercias del gasto educativo sin redireccionar recursos para una estrategia multianual que atienda la emergencia educativa que enfrentamos. No basta con declaraciones o buenas intenciones para lograr beneficios educativos aún más urgentes frente a emergencias como las que el sistema educativo está sufriendo. La operación de programas revela los costos de despreciar la evidencia para focalizar los esfuerzos educativos
No hay elementos que sustenten que se cuenten con los mecanismos que respalden el cumplimiento de los objetivos de transparencia y rendición de cuentas exigibles en los programas presupuestales. Por ejemplo, pese al incremento de recursos para las becas de educación básica hasta superior, no se ha cumplido el objetivo central de que los estudiantes continúen sus trayectorias educativas. Las becas no han logrado revertir la caída en la matrícula escolar.
En el caso de la educación media superior, la caída comenzó antes de la pandemia, en el ciclo escolar 2019-2020, y se ha profundizado con el paso del tiempo. Tal es el caso de los jóvenes beneficiados por una beca de educación media superior, cuyo número aumentó en un 65?por ciento respecto a 2018, es decir, que solo el 5?por ciento de los estudiantes de estos niveles socioeconómicos recibía una beca. En 2020, su número se incrementó en 30?por ciento.
A esto sumemos las diferentes irregularidades identificadas en el ejercicio de los recursos educativos son inaceptables en un contexto en el que cada peso cuenta para asegurar el derecho a la educación.
Como cada año, el Gobierno federal ha presentado el proyecto de cómo planea gastar los recursos federales durante el próximo ejercicio. En un escenario que propone una recuperación económica favorable a lo largo de los años; sin embargo, su monto absoluto es la propuesta de recursos más baja presentada en los últimos cinco años, desconoce completamente la crisis educativa que atravesamos tras los efectos del covid-19, y no deja indicios de que se busque invertir en aquellos programas determinantes para alcanzar la inclusión, equidad y calidad educativa establecidos en el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Podría argumentarse que lo acotado del presupuesto educativo se debe a que las finanzas públicas están aún más comprometidas por las afectaciones económicas del país, sus efectos sobre la recaudación y la multiplicación de necesidades sociales, como las del sector salud. No obstante, en este panorama de suma complejidad las autoridades hacendarias han encontrado márgenes para redireccionar recursos y su distribución revela, más allá de los discursos, donde se encuentran realmente las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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