Gran revuelo mediático levantó la propuesta del diputado del PAN, Luis Enrique García López, del distrito XIV en Aguascalientes, de crear la "Ley de Manifestaciones Públicas del Estado de Aguascalientes”, en la que sugería, entre muchas otras cosas, regular las manifestaciones para no afectar los derechos de terceras personas, maltratar, dañar o bloquear edificios y avenidas; injuriar, amedrentar, obligar a funcionarios. La vieja y conocida argumentación de políticos en todo el país.
Como se ve, el tema no es nuevo, y en otras entidades sí ha logrado su objetivo, de regular las manifestaciones, como en el caso del vecino estado de Querétaro, en la Ciudad de México, Tabasco y algunos otros, donde la regulación ha obligado a los manifestantes básicamente a no poder manifestarse.
Aunque en Aguascalientes la propuesta no prosperó -por el momento-, lo cual no quiere decir que no lo haga en el futuro, pues hace algunos días, el 24 de agosto, el diputado Quique Galo, como se le conoce en la entidad, envió una petición formal a la presidenta de la Mesa Directiva de la comisión permanente, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, donde solicitó sea retirada dicha propuesta, no sin antes recalcar que “a través del diálogo con las organizaciones civiles y mediante la organización de foros específicos, se trabajará para construir juntos un escenario que dé permanencia a la convivencia segura de las personas, aún ante las inconformidades” (Barrón, 2022).
O sea que, en buen castellano, el diputado y las personas o grupo que él representa, no quita el dedo del reglón por haberse dado cuenta del error que está cometiendo, sino que simple y sencillamente deja para mejores tiempos, y con acuerdo, a través de asociaciones civiles, la creación de dicha ley, misma que vendrá a perjudicar a los grupos u organizaciones que deseen manifestar su inconformidad, coartando el derecho de libre asociación y libre manifestación, como se ha visto en los estados que han aceptado o regulado dicha ley.
Para ejemplo, la Ciudad de México, donde a los manifestantes se les encapsula en un cerco perimetral de policías con todo un arsenal antimotines, disque para resguardar a los manifestantes y demás
personas, pero en el mejor de los casos, es para amedrentar a los quejosos, y no puedan hacerse ver, escuchar y mucho menos hacer llegar su petición a la autoridad competente.
Desde mi punto de vista, la estrategia utilizada por el diputado panista, atiende a las consecuencias y no a las causas, como lo ha hecho siempre la clase en el poder, sea del partido que sea, PRI, PAN, PRD, MORENA, por decir los más conocidos, todos han hecho uso de la fuerza pública para “detener, asegurar, controlar, resguardar, etc”, a los manifestantes y sus desmanes.
Prefieren reunir a un grupo mayor de granaderos y policías antimotines para enfrentar a los manifestantes, rebasándolos en número, o prefieren crear leyes, artículos, versículos, claúsulas, para “crear
un escenario que dé permanencia a la convivencia segura de las personas, aún ante las inconformidades” (Barrón, 2022).
Pero, aunque prohiban las manifestaciones, las regulen u obliguen a los ciudadanos a marchar por los aires, para que no perjudiquen a terceras personas, la inconformidad de los que menos tienen no van a eliminarse por arte de magia. Porque los ciudadanos que salen a manifestarse a las calles, no lo hacen por gusto, o porque no tengan otra cosa mejor que hacer, lo hacen porque no han encontrado respuestas favorables a sus necesidades, a sus carencias, del tipo que ellas sean; no han encontrado en las autoridades de los tres niveles de gobierno, las respuestas a su falta de derechos elementales, los cuales sí están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los que el pueblo mexicanos ha tenido que ofrendar sangre, sudor y sufrimientos.
Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, una de las organizaciones con mayor convocatoria de manifestantes en todo el país, ha dicho y argumentado en sus diversos artículos de opinión, y sobre todo en su artículo ¿Cómo deben respetarse los derechos constitucionales? Las principales causas que llevan a los ciudadanos a salir a las calles, como la nula respuesta de los funcionarios a sus derechos fundamentales, como el derecho a tener un empleo digno, bien remunerado, el derecho a la vivienda, a la educación de calidad, a la salud, a la sana convivencia, a la seguridad.
“Ningún gobernante, hasta hoy, sin distinción de nivel de gobierno, partido o cargo público, se ha molestado en serio por aplicar, respetar y hacer respetar, los derechos sociales a que me he referido antes. Es decir… no estamos ante un problema legislativo sino ante un problema de incumplimiento de la ley por parte de quienes han jurado cumplirla; ante un problema de falta de compromiso vital con el contenido profundo de la democracia y no sólo con la forma, buena sólo para los discursos. Y en este hecho se revela todo el inmenso daño que hacen a la paz y a la estabilidad sociales quienes no respetan el precario sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución a través de derechos como el de organización y manifestación pública. La tremenda desigualdad social en que vivimos es fruto directo del desbalance de fuerzas entre gobernante y gobernados, pues para el primero todo el poder y los recursos; para el segundo ni siquiera el así llamado burlonamente derecho al pataleo”. (Morán, 2012)
Es necesario atacar el problema principal, la desigualdad, la pobreza, porque mientras demos soluciones erróneas a la inconformidad social, a los males sociales, como la inseguridad, el hambre, nunca corregiremos el rumbo de nuestra sociedad. Es necesario darle a los ciudadanos hidrocálidos y de todo el país, la seguridad de que sus necesidades no sólo serán escuchadas, sino que serán atendidas y solucionadas en el menor tiempo que sea posible. En Aguascalientes como en todo el país, la pobreza ha aumentado a niveles alarmantes, la falta de empleo, de dinero para adquirir la canasta básica, la inseguridad que campea en todas las colonias y barrios, el hambre, la falta de salud, de educación, la falta de vivienda digna, seguirán provocando las manifestaciones de inconformidad de parte de todos los ciudadanos. Es hora de que las autoridades ataquen las causas, y no las consecuencias.
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