La violencia en México es un problema que ha afectado a la sociedad en múltiples niveles durante las décadas de la historia reciente; es un fenómeno complejo y multifacético que ha dejado un impacto devastador en la vida de muchas personas en el país. Esta se manifiesta de diferentes formas, pero, actualmente, es el crimen organizado el que más azota a regiones enteras, generando miedo e inseguridad, lo que limita el libre desarrollo de la vida social.
Según datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron más de 36 mil homicidios en el país, lo que representa una tasa de homicidios de 28 por cada 100 mil habitantes; es decir, en promedio se asesinó a 100 mexicanos por día. Este problema ya no es desconocido para nadie, incluso funcionarios del gobierno mexicano han reconocido la gravedad de la situación y han expresado su compromiso de combatir la violencia.
El presidente ha declarado en varias ocasiones que la seguridad es una prioridad para su administración y ha implementado “estrategias” para enfrentar este desafío, pero sin éxito. Se jacta de reunirse todos los días con el gabinete de seguridad para informarse de los problemas que aquejan al país en este ámbito, pero los datos indican que de nada ha servido. El actual presidente, en su eterno peregrinar para conquistar la presidencia de la república criticó severamente a los gobiernos en turno porque no eran capaces de parar la violencia y siempre prometió que cuando él encabezara el gobierno -en caso de ganar- el problema sería resuelto rápidamente. No ha hecho efecto su remedio santo, sino todo lo contrario.
Algunas cifras del problema son verdaderamente escalofriantes. De acuerdo con Artículo 19 “en el primer semestre de 2023 se documentaron 272 agresiones. Con estas cifras, se suma un total de 2,941 casos de violencia contra la prensa perpetrados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto equivalió, durante el primer semestre del 2023, a 1a agresión cada 16 horas cometida en contra de periodistas y medios de comunicación”.
El caso de los desaparecidos causa otro gran dolor a México. Según 5º Elemento: “como en ningún otro sexenio, las personas desaparecen en México. Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto, han desaparecido 44 mil 73 personas, lo que representa el 40 por ciento de las 111 mil víctimas reconocidas. A un año de finalizar la administración lopezobradorista se ha superado en casi 10 mil personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato del panista Felipe Calderón”; es decir, que en este gobierno desaparece una persona cada hora.
Si hablamos de homicidios, las cifras son más escandalosas. De acuerdo con datos Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 29 de octubre de 2023 había registro de 167 mil 181 asesinatos, y las proyecciones para el final del sexenio son más de 200 mil; al día de hoy cada 15 minutos se comete un homicidio. Es decir, los datos de la violencia en México son elocuentes con la realidad que describen los medios y la percepción de los mexicanos. Ya han pasado cinco años desde que el gobierno de la 4T gobierna el país y las cosas no están mejorando. ¿Qué ha pasado, no será hora de replantear la estrategia de seguridad?
Las víctimas de la violencia han alzado su voz para exigir justicia y poner fin a la impunidad, pero no son atendidos con la diligencia que se necesita. Han denunciado la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, la revictimización en el proceso de denuncia y la ausencia de medidas de protección adecuadas. Para abordar el problema de la violencia en México se requiere una estrategia integral que aborde las causas subyacentes y proporcione soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Algunos puntos que se deben replantear son los siguientes: el fortalecimiento del Estado de Derecho que permita fortalecer las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia. Esto implica mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito, así como garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Se deben implementar, además, programas y políticas enfocados en la prevención del delito, incluyendo la promoción de la educación, la generación de oportunidades económicas y la inclusión social. El combate a la delincuencia debe ser una prioridad. Más allá de atacar las causas sociales que dice el presidente que atiende, deben desmantelarse las estructuras criminales, fortalecer la cooperación entre las diferentes agencias de seguridad y promover la inteligencia y el intercambio de información eficientes para aminorar las acciones de la delincuencia. Además, debe atenderse a las víctimas, que es otro tema que ha quedado huérfano en esta administración; es fundamental brindar atención integral, incluyendo apoyo psicológico, asistencia legal y medidas de protección a la retaliación de la delincuencia, con la intención de que las víctimas puedan participar del proceso de justicia y pueda aplicarse el Estado de Derecho. Finalmente, hace falta fomentar la participación ciudadana. El gobierno actual debe estar dispuesto a oír las peticiones de los distintos sectores de la sociedad civil para ayudar a atender los problemas más sentidos de México.
En conclusión, la violencia en México es un problema complejo y multifacético que requiere una respuesta integral. Para enfrentar este desafío es fundamental fortalecer el Estado de Derecho, prevenir el delito, combatir el crimen organizado, brindar atención a las víctimas y fomentar la participación ciudadana. Sólo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá construir un México más seguro y pacífico para todos, pero este parece que no se construirá en este sexenio.
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