“Sería buen vasallo si tuviese buen señor”.
Ahí están los desenlaces trágicos de por lo menos dos acontecimientos que han conmocionado en días recientes a la opinión pública hidalguense:
El primero se refiere al anuncio de que el ciudadano José Leobardo H. R., vecino del municipio de San Salvador y participante en una manifestación de reclamo ante Palacio de gobierno en Pachuca reprimida con uso excesivo de fuerza por parte del gobierno de Omar Fayad, falleció finalmente después de 15 días de agonía y tras de recibir un brutal golpe en la cabeza con una capsula de gas lacrimógeno disparada por la policía estatal.
El segundo, la inexplicada e inexplicable muerte de la doctora Beatriz N en los separos de la presidencia municipal de Progreso de Obregón después de haberse visto involucrada involuntariamente en un accidente de tránsito, en el que por demás se había preocupado por atender de inmediato las posibles lesiones de otros involucrados y a pesar de ello sometida por la fuerza, sin haber ofrecido ninguna resistencia al arresto, conducida a barandilla al edificio municipal y en el cual “apareció muerta por asfixia” 15 minutos después de que su señor padre pudo verla y platicar con ella tras las rejas constatando que estaba en buen estado físico y emocional.
En cada uno de estos casos, que al igual que muchos otros, quedarán sin aclarar a fondo por los largos y obscuros vericuetos legales y mediáticos a que se ven sometidos, se ha ido perfilando la “explicación” de que los elementos policiacos directamente involucrados en los hechos, el que disparó la capsula del gas lacrimógeno contra el ciudadano hoy muerto de San Salvador, los que lo dejaron desangrarse en el pavimento rodeado de policías y sin auxilio inmediato; los que arrestaron a la doctora Beatriz en Progreso, que no se cuidaron de retirarle cualquier objeto con el que pudiera hacerse daño, que no estuvieron al pendiente de las cámaras de vigilancia que filmaron su supuesto suicidio, etc., esos elementos policiacos directamente involucrados, “serán investigados y en su caso sancionados”; es decir, serán los que pagarán por lo sucedido.
Sus jefes, sobre todo los más encumbrados, trepados en un pedestal, elevados más allá del bien y del mal, levantan su dedo flamígero prometiendo castigos ejemplares para esos mortales que no acataron “los protocolos establecidos”. Y así pretenden lograr que todo quede olvidado a pesar de heridos y muertos y ellos salvando su prestigio y su pellejo.
Pero, como decimos en el encabezado de este escrito, parafraseando al poema de Mio Cid, “no hay buen vasallo donde no hay buen señor”. Y no es que los efectivos policiacos directamente involucrados no tengan ninguna culpa, no. Pero en última instancia sólo son engendros hechos a imagen y semejanza del poder al que sirven: si un gobierno es soberbio, prepotente e insensible como el del priista Omar Fayad en todo el estado de Hidalgo o el del morenista Armando Mera en Progreso de Obregón, ¿qué otra cosa se puede esperar de los que están a su servicio?
Los efectivos policiacos de Progreso de Obregón tienen de mal ejemplo y paradigma a seguir, ahora gobernante morenista que se ha dedicado a generar conflictos de límites territoriales con la obstrucción de caminos pertenecientes al municipio de Mixquiahuala; inmiscuyéndose indebidamente y sin recato en los asuntos internos de los agricultores usuarios de los canales de riego en la región y negándose a atender las peticiones de la ciudadanía porque “pertenecen a organizaciones” que no son de su contentillo.
Los habitantes de Xuchitlán, municipio de San Salvador solo buscaban (buscan aún) atención y soluciones, cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno y no fueron ni han sido atendidos por los funcionarios del gobierno de Omar Fayad: contra ellos ha habido oídos sordos, desatención y desprecio. La cerrazón de los gobernantes causa el descontento del pueblo y lo lleva muchas veces a desembocar en una desesperada pero justificada ira popular ante tal prepotencia.
Y ahí está también como botón de muestra de la sordera del gobernador Fayad, la falta de atención y soluciones a los ciudadanos organizados en el Movimiento Antorchista hidalguense que tienen más de quince días manifestándose en un plantón absolutamente legal y pacífico sin que hasta el momento el C. Gobernador se digne siquiera a escucharlos, mucho menos a ofrecer soluciones justas.
Inevitablemente, una cosa lleva a la otra: gobiernos contrarios a los intereses populares, como los mencionados de Omar Fayad priista y Armando Mera morenista, para encubrir su incapacidad y desprecio al pueblo, recurren a la represión administrativa negando solución a las peticiones y a la represión física para aplacar el descontento que ellos mismos generan. Pero también, a la corta o a la larga, terminan pagando sus arbitrariedades en la calificación reprobatoria que le dan los ciudadanos en las urnas tal y como le ha ocurrido a Fayad en las más recientes elecciones donde él y su partido casi lo perdieron todo.
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