Mientras más cercano está el 10 de abril, tanto más se ha incrementado la propaganda en favor de acudir a la votación a realizarse con motivo de la “revocación de mandato”. Toda esta andanada la cabeza el propio presidente de la república.
Todo esto no debiera de ser así, en primer lugar, porque la veda electoral comenzó el 4 de febrero y se supone que debiera de terminar el 10 de abril, por lo que nadie puede en este periodo de tiempo estar promoviendo o influyendo al respecto. En segundo lugar, porque el presidente no puede ser juez y parte, y lo tercero es que ya quedó claro, a estas alturas, que no es una consulta para la revocación de mandato, sino una “ratificación de mandato”.
Pero, como es costumbre ya, los legisladores morenistas y demás grupos adláteres, que están al servicio del presidente, decidieron desde la Cámara de Senadores tomar cartas en el asunto y aprobar un decreto que permitió, desde su publicación, a los funcionarios públicos difundir y promover dicha consulta, al considerar que no constituye “propaganda gubernamental”. Esta clara y evidente manipulación viola flagrantemente la Constitución, y la respuesta de la oposición no se hizo esperar: Presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, que negó la suspensión de la difusión de la revocación de mandato y rechazó darle prioridad a esta controversia constitucional. Todo esto después de que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejara sin efectos dicho decreto por considerar que “no realiza una interpretación auténtica del concepto ‘propaganda gubernamental’, sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato, lo cual es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general”.
En otras palabras, la propaganda del presidente, gobernadores y demás servidores públicos seguirá, pues la puerta está abierta por el momento y seguramente hasta el final de este proceso, pues la Corte al no atraer el asunto y al no darle prioridad desde un principio lo determinó así. Así está la postura de la máxima autoridad de justicia de la nación.
Todas estas acciones demuestran la debilidad del presidente, pues echar mano de todo el poder del estado y manipular las leyes para poder alcanzar el mínimo de votos, que representa 40%, lo que equivale a 37 millones 129 mil 287 votantes, quiere decir, en primer lugar, que no tiene poder de convocatoria o, al menos, no la suficiente; segundo, que los ciudadanos no quieren la consulta, pero que por fuerza el mandatario quiere continuar con este proceso “de ratificación”, sin importarle ningún freno de la Constitución; tercero, que recurre deliberadamente al chantaje para que las y los ciudadanos salgan a votar a favor del presidente, de lo contrario “las ayudas dejarán de suministrase en caso de que el mandatario no resulte vencedor.
Dependerá de cada persona la decisión de salir o no a votar. Así como hacerlo en favor o en contra. Sin embargo, considero mi deber advertir, como muchos analistas y expertos en la política, que lo mejor es no ir a las urnas. La consulta solo beneficia al presidente, no representa realmente una actividad democrática, solo estaríamos validando el derroche de dinero que se gastará, teniendo múltiples carencias; y, en caso de que perdiera el presidente, como muchos dicen, este no aceptará su derrota y, en caso de que llegara a aceptarla solo dispondría de un pretexto para decir que él quería de buena fe cambiar las cosas en el país, pero que no le fue posible por no haber estado todo el periodo completo.
No salir a votar también es una protesta directa en contra de la vil manipulación de que se quiere hacer objeto al pueblo de México. Y quizá una protesta así resultaría más efectiva ante la coyuntura política actual. El mandatario se dará cuenta de manera más contundente que la población no está para sus caprichos y que clama por un cambio verdadero en sus condiciones de vida, tanto materiales como espirituales.
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