El gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto prometió a los mexicanos que la vida de los hombres del campo y su familia mejoraría en el terreno económico y social. Pero ya está en el último tercio de su administración y la realidad dice todo lo contrario: cada día la pobreza se enseñorea en los poblados rurales, hay hambre, enfermedad, falta de servicios, el desempleo es una constante y esto no es exclusivo de las zonas tradicionalmente pobres como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas y Veracruz, sino también se presenta en estados que se consideran con mayor desarrollo, como Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, por mencionar algunos.
Y esto es así porque la actividad agropecuaria no puede comportarse diferente al resto de la economía nacional, de la cual forma parte, que se caracteriza porque, en general no crece, y allí donde sí lo hace el beneficio es para los grandes productores de exportación. Aunque el sector agropecuario, en el último año, tuvo un crecimiento superior al crecimiento de la economía nacional en su conjunto, los efectos de ese crecimiento no se ven reflejados en la mejoría de la gran masa de campesinos. Estos sobreviven en la incertidumbre, porque cada día enfrentan obstáculos para producir y competir en el mercado; no cuentan con la tecnología moderna, con la capacitación y asistencia técnica, con los subsidios que la federación destina para ellos para obtengan los insumos a tiempo y a precios accesibles, entre otras carencias en su calidad de productores. A esto se agrega las contingencias ocasionadas por el cambio climático que afectan severamente sus rendimientos e ingresos, sin que el gobierno federal y de los estados se hagan responsables y solidarios con los seguros catastróficos. Lo anterior ha repercutido en que cada día más productores abandonen la actividad y emigren a donde puedan emplearse, o bien renten sus parcelas con los inversionistas. La suma de estos factores ocasionan que la producción de alimentos sea insuficiente para satisfacer la demanda nacional, como por ejemplo el maíz, del cual debe importarse el 30% del consumo nacional para satisfacer la demanda.
En este contexto, Antorcha Campesina acudió en tiempo y forma ante la SAGARPA a solicitar que se atendiera la demanda de miles de campesinos de 28 estados, consistente en insumos para la producción de maíz, fundamentalmente, en 180 mil hectáreas para 65 mil campesinos; 300 proyectos productivos para igual número de grupos que beneficiarán a mil 700 hombres y mujeres del campo que no cuentan con una fuente de ingresos; en el rubro de maquinaria se solicitaron 70 tractores, 750 bombas aspersoras y 290 implementos que servirán para mejorar los procesos de producción.
Pues bien, esta demanda representa para el erario federal 475 millones de pesos; sin embargo, el titular de la SAGARPA, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, y el Subsecretario de Agricultura, Lic. Jorge Armando Narváez Narváez, argumentaron -como siempre lo hacen los funcionarios que administran los recursos del pueblo- que no cuentan con el suficiente presupuesto, y propusieron la aplicación de 130 millones para los insumos agrícolas y 30 millones para los proyectos productivos, monto que fue aceptado en principio para que se aplicaran de inmediato y llegaran los insumos a los campesinos, dejando pendiente lo relacionado con la maquinaria agrícola y otros proyectos de Agricultura Protegida y de Producción Integral.
En el caso de los insumos, los 130 millones de pesos sólo cubren el 30% de la demanda de los antorchistas, es decir, 60 mil hectáreas para 38 mil campesinos; y los 30 millones asignados a los proyectos sólo cubren el 45% de lo demandado. Sin embargo, se aceptó, en una muestra de que Antorcha no se cierra en sus demandas y está dispuesta a sentarse en la mesa de diálogo para ir resolviendo por partes, siempre y cuando los funcionarios en realidad quieran resolver el problema total. Cabe señalar que toda la demanda fue requisitada en los tiempos establecidos por la dependencia y de acuerdo a las reglas de operación de los respectivos programas.
Pero resulta, como ya lo preveíamos, que ahora la SAGARPA se niega en los hechos a cumplirle a los campesinos lo ya acordado, mediante maniobras burocráticas, propias de una burocrática rancia, que obedece a intereses caciquiles que se han apropiado de la institución encargada de aplicar recursos públicos para asegurar la alimentación de los mexicanos. Ha sido una característica de la SAGARPA de que la mayoría de los recursos los aplica a los grandes productores, que las reglas de operación están diseñadas para favorecer a ese sector y que a los pequeños productores solo les dan migajas y nunca de manera oportuna para que puedan aplicarlos de acuerdo al ciclo del productivo y de esa manera contribuyan realmente a incrementar la productividad del campo.
La lucha emprendida por los campesinos antorchistas para obligar a la SAGARPA a que cumpla con un acuerdo tan elemental está plenamente justificada y demuestra nuevamente que el país necesita cambios verdaderos, porque los políticos tradicionales no están dispuestos a emprenderlos y que solo el pueblo pobre organizado los podrá realizar. Así las cosas, Antorcha convoca a los campesinos pobres a organizarse y luchar por hacer realidad lo que les han prometido y a constituirse en una fuerza nacional que le permita modificar de raíz la política hacia el campo. ésta es la verdadera salida.
Pero eso no implica renunciar a desplegar, hoy, una lucha nacional para arrancarle a las dependencias federales lo que ya han prometido y lo que los campesinos pobres agrupados en Antorcha demandan.
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