Es costumbre de las autoridades municipales, que no tienen resultados durante su gestión, se adjudiquen acciones y méritos ajenos, ya sea de otras autoridades, organizaciones o de los ciudadanos.
Durante la administración de Francisco Cobos Marín, quien prometió mucho y no cumplió nada, se adjudicó y tomó por la fuerza con la policía municipal, el pozo de una Sociedad de Riego para abastecer de agua potable a la cabecera municipal, por ese hecho, los afectados se ampararon y obtuvieron una resolución judicial para que el municipio le regresara el pozo. Pero no perforó ningún pozo.
En la gestión 2014-2018, que también desilusionó por la falta de obras, la autoridad municipal de aquel entonces inició e inauguró obras gestionadas no por ella, sino por el Movimiento Antorchista, a través de sus diputados federales Lisandro Campos Córdova y Edith Villa Trujillo.
La actual administración 2021-2024, que encabeza Santiago Miranda de Aquino, que es cuestionada por los ciudadanos por la falta de obras y de apoyos a la población, está recurriendo a la misma práctica de adjudicarse méritos que no le corresponden.
El pasado 31 de mayo, publicó en su página oficial que dio el banderazo para la construcción de barda y fachada para el panteón municipal de la localidad de Alta Luz Cuatro Rayas. De inmediato los vecinos de esa junta auxiliar expresaron su inconformidad porque consideraron que esa publicación desconocía su participación, quienes aportaron para construir tres lados de la barda del panteón, ya que, cuando le solicitaron al presidente la obra completa, se negó a realizarla y solamente se comprometió a realizar la barda frontal con su fachada.
Apenas dio a conocer con gran júbilo que: “después de una ardua labor, lograron obtener el título de consesión (sic) del pozo 2”. Y que de “esta manera este Ayuntamiento y nuestros sucesores podremos operarlo sin ningún problema y sin fines de lucro…”.
¿O sea que confiesan que estaban operando el pozo con fines de lucro hasta hoy? Al parecer, por la alegría que les ocasionó “su logro”, hasta cometen errores de redacción y de ortografía: la palabra “consesión” (sic) no existe, lo correcto es concesión.
Debemos aclarar que el pozo de referencia lo perforó la administración 2014-2018, la cual inició los trámites de perforación ante la CONAGUA, desde finales de diciembre de 2014 y fue autorizada en agosto de 2015, porque se validó el expediente técnico de agua potable al cumplir con los “Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, editados por esta CONAGUA” (oficio No. B00.920.05.3.-1542/2015 del 31 de agosto de 2015). Y una vez perforado inicia la gestión del Título de Concesión el mismo año bajo el expediente: PUE-L-0013-09-01-15 y se le notifica al municipio el 28 de marzo de 2016, que “se autoriza la modificación del título de asignación No. 04PUE108360/18HMGE99… a favor del municipio de ixcaquixtla”.
Después de esa fecha, el municipio ya no realizó trámite alguno, seguramente por los conflictos internos, al grado de que no entregó a la siguiente administración ningún expediente referente al pozo.
La administración antorchista 2018-2021 se encontró con varias dificultades para darle continuidad, a pesar de ello, rescató copia del expediente en poder de la CONAGUA y le dio seguimiento para la liberación del Título, que consistió en subsanar algunas observaciones referentes a la ubicación y en exigir frecuentemente se otorgara por la necesidad de mejorar el servicio a la población. Ante los cambios frecuentes y despidos de personal en la Dirección Local de la CONAGUA de Puebla, la pandemia de covid-19 y, sobre todo, un claro bloqueo administrativo, disfrazado de tortuguismo burocrático, no fue liberado, quedando pendiente la firma del título por la nueva directora para enviarse a México para su Registro Nacional de Derechos del Agua. Lo cual le fue informado puntualmente a la administración actual.
No dudamos que ahora al actual presidente, los funcionarios afines a su partido le hayan facilitado la obtención del título de concesión y que la CFE le haya autorizado conectar la energía eléctrica, desde hace dos meses, cuestión que a la administración antorchista le fue negado siempre por no contar con la mencionada concesión.
Tampoco nos extraña esa práctica que es común en los gobernantes morenistas sin distinción de nivel, de excluir a quienes consideran sus enemigos y de favorecer a quienes considera sus seguidores. Esa política, a final de cuentas, afecta a los más vulnerables, que son quienes acuden al apoyo solidario de sus autoridades y que estas tienen la obligación de atender, porque son funcionarios públicos que se deben y se benefician de los impuestos del pueblo.
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