En lo que va de enero, suman ya tres asesinatos perpetrados en contra de periodistas en nuestro país. Éstos no figuran como casos aislados, por lo contrario y de manera lamentable, forman parte de la más grande ola de violencia jamás vista en el México moderno. En este sentido, nuestro país se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial con mayor riesgo para ejercer el noble y necesario ejercicio del periodismo. Si bien el problema no surgió ayer, es notable el incremento generalizado de la violencia e inseguridad pública desde 2018, dada la errónea política de amnistía del Gobierno Federal surgida del equivocado diagnóstico del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatirla.
“Durante el primer semestre de 2021, ARTICLE 19 documentó 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Es decir, cada 12 horas se agrede a una persona periodista o medio en México. En el primer año de gobierno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la prensa fue víctima de 609 agresiones, en el segundo, de 692. Durante los primeros seis meses de su tercer periodo se registraron 362 ataques, que equivalen al 52.31% de las agresiones del año pasado, proyectando un crecimiento sostenido de los niveles de violencia.” (ARTICLE 19, Primer Semestre de 2021: La violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado) En ese mismo documento, se destacan agresiones como: intimidaciones, hostigamientos, amenazas y ataques físicos directos.
Al día de hoy, son ya 50 periodistas los que han sido asesinados durante esta administración, superando las registradas en los dos periodos anteriores; 48 de 2006 a 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y 47 de 2012 a 2018 durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Aquí vale la pena citar el título que López Obrador empleó para su más reciente libro, apenas vamos…“A la mitad del camino”.
A pesar de que el problema de la inseguridad y la violencia es generalizado y que atenta contra todos los sectores sociales sin distinción alguna, el fenómeno contiene particularidades, es decir, hay actores específicos que actúan premeditadamente en perjuicio de la libertad y la vida de los periodistas mexicanos. El mismo informe de Artículo 19 revela que el principal agresor es el Estado mismo. “El Estado es el principal agresor de la prensa con 134 agresiones, el 37.33% del total. Esto se segmenta de la siguiente forma: las personas funcionarias civiles están vinculadas directamente a 83 de estas agresiones (23.12%), mientras que las fuerzas de seguridad civiles fueron responsables de 46 (12.81%) y las fuerzas armadas de 5 ataques (1.39%). […] En cuanto a los niveles de gobierno, se identifica que las autoridades estatales son las principales agresoras con 57 casos (42.54% de las agresiones vinculadas a autoridades); después, las municipales, con 47 (35.07%); y, finalmente, las federales, con 30 (22.39%).”
Sorpresivamente, las cifras revelan que incluso hay un segundo agresor principal, un sector de la sociedad que no pertenece al Estado pero que está ligado a él de manera indirecta dada su aspiración natural a ocupar el poder: los partidos políticos. Sintetizando; contrario a lo que se podría pensar en primera instancia, son los funcionarios públicos (titulares ejecutivos, legisladores y poder judicial de los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal) junto con los aspirantes a ocupar un puesto de elección popular que militan en partidos, son los principales agresores del periodismo y quienes lo ejercen.
El constante ataque desde Palacio Nacional hacia periodistas, reporteros y medios, parece haber sido una especie de autorización y aberrante ejemplo para todos los funcionarios del país. Sin la más mínima pizca de escrúpulos, toman medidas agresivas en contra de quienes se ocupan únicamente de informar -sin importar su convicción ideológica- a la ciudadanía y así garantizar un desarrollo de la conciencia social. Pero, ¿cuál es el objetivo de acallar a las voces informativas y/o críticas? El Estado desempeña un papel fundamental para garantizar el orden y el correcto funcionamiento de las sociedades, ocupándose de la seguridad, la educación, la recreación, la ocupación, la salud y la libertad de los individuos. En teoría, así debe obrar. No obstante, los resultados prácticos de la 4T no han satisfecho las necesidades de la sociedad mexicana; por lo contrario: ha aumentado el desempleo, la pobreza y la consecuente desigualdad, la deserción escolar, la enfermedad y la inseguridad. El carácter privado de la organización productiva de México, obliga a todos “rascarse con sus propias uñas” y “hacerle como pueda”. De este orden sistemático de la sociedad no son ajenos los funcionarios públicos, ni mucho menos, obran de manera desobligada con tal de vivir cómodamente, convirtiendo al Estado en arca de lucro, cómplice del sistema y principal objetivo de quienes aspiran ostentar el poder y permanecer en él cuanto fuera posible. El periodista, cuyo oficio es el de informar el acontecer y hacer saber a la ciudadanía por todos los medios posibles cómo es que han trabajado sus gobernantes, si están cumpliendo o no, si están funcionando o no, si el país está mejorando o no; así, la crítica, la información y la estadística se vuelve un enemigo natural de la ambición política. Sin embargo, la realidad no se esfuma cuando un periodista es agredido o su vida es atentada, la realidad no se puede acallar.
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