De acuerdo con el dictamen del INE en relación con las elecciones en Puebla, 207 candidatos de Morena rebasaron los topes de campaña; 196 candidatos a las alcaldías y 11 candidatos a diputados, lo que comprueba que hubo una participación corrupta del 85 por ciento de los candidatos morenistas.
Aunque se auto declaran como adalides de la anticorrupción, los candidatos morenistas rebasaron los topes de campaña y seguramente no sólo no reportaron todos sus gastos, sino que le metieron más “aportaciones” como rimbombantemente las califica el líder de la 4T.
Baste recordar que el día de la elección la policía de Tehuacán detuvo infraganti a Araceli Selestino Rosas, candidata a diputada local por la coalición PT-Morena, quien junto con otros compraba votos; además de llevar distintos paquetes de dinero y armas; aunque poco después el equipo de prensa de la candidata morenista, desmintió la detención de su correligionaria.
Por rebasar los topes de campaña, el INE anunció que se va a sancionar al partido en el poder con una multa de 373 millones 128 mil 568 pesos y a los candidatos infractores también se les aplicarán las sanciones correspondientes. Aquellos que rebasaron en más del 5 por ciento los gastos de campaña y la diferencia de votos con respecto al segundo lugar sea menor al 5 por ciento, se les desconocerá el triunfo electoral; quedando excluidos de participar en la elección extraordinaria.
En este supuesto que le llaman 5-5 están tres morenistas que compitieron con dirigentes antorchistas: el caso de Antonio López que contendió para diputado local por el distrito 20, quien rebasó el tope de gastos de campaña en 36 por ciento, se le “olvidó” reportar 171 mil 693 pesos y la diferencia de votos es de 1.66 por ciento con respecto al segundo lugar ocupado por Soraya Córdova Morán, lideresa antorchista.
Otros dos casos, referentes a las alcaldías de Ixcaquixtla y Santa Inés Ahuatempan; en el primero la diferencia de votos es del uno por ciento, sólo 17 votos y, en el segundo caso, 2.3 por ciento (39 votos). Existen otros casos parecidos como el de los municipios Tlatlauquitepec, Tepetzizintla, entre otros.
La duda que surge referente a si el TEPJF aplicará de manera estricta la ley, es legítima porque este organismo electoral que deberá definir como se resolverán finalmente las impugnaciones y cómo quedarán las autoridades electas, se ha visto envuelto en problemas que debilitan su autoridad.
Primero, el ahora expresidente del TEPJF, el magistrado José Luis Vargas se vio envuelto en acusaciones y denuncias realizadas por Santiago Nieto de la UIF, por enriquecimiento ilícito, razón por la que ahora se le conoce como magistrado billetes; después de ser exonerado por un juez que determinó la no acción penal en su contra, la UIF volvió a presentar otra denuncia en la FGR en contra del magistrado presidente.
Por otra parte, el magistrado Luis Vargas se reunió con los magistrados del tribunal para pedirles u ordenarles que en las siguientes sesiones votarán como él se los indicará. Como seguramente no quedaron conformes los magistrados que integran la sala, en la siguiente reunión destituyeron a Vargas como presidente y nombraron como sustituto a Reyes Rodríguez Mondragón. Y ahora está el litigio acerca quien es legalmente el magistrado que preside el TEPJF.
No obstante, cabe preguntar: ¿estas acciones son la consecuencia de que la 4T estaba presionando a José Luis Vargas para que las impugnaciones electorales las determinará favoreciendo al partido en el poder a cambio de exonerarlo de las denuncias por enriquecimiento ilícito de la UIF? ¿El ahora nuevo presidente Reyes Mondragón intervendrá para que se aplique la ley de manera exacta?
Lo que se sabe es que los magistrados se reunieron con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien reconoció no tener atribuciones legales para intervenir en el conflicto interno del TEPJF, pero afirmó que José Luis Vargas no puede seguir presidiendo el TEPJF y aunque él mismo reconoce que no tiene atribuciones legales para intervenir en el conflicto lo hace con el interés de conciliar.
Recordemos que Arturo Zaldívar es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que el presidente de la República pretendía ampliarle su mandato en la corte con una maniobra legaloide.
Así las cosas, parece que los morenistas incurren en todo tipo de corruptelas para perpetuarse en el poder y a quienes no se alinean con lo que le conviene a Morena, son denunciados, presionados, destituidos, encarcelados o exhibidos como corruptos y los que si alinean tienen la posibilidad de “intervenir en asuntos a pesar de no tener atribuciones de carácter legal” como Arturo Záldivar en el conflicto del TEPJF.
¿Qué y cómo decidirán los magistrados del TEPJF? ¿Aplicarán la ley de manera estricta? ¿O beneficiaran al partido gobernante? Al tiempo.
Lo que si podemos concluir es que a pesar de que Morena despilfarró muchos recursos, sólo ganó 49 alcaldías. Esta es una manifestación de la debacle de la 4T en Puebla.
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