Como todos sabemos, los fenómenos metereológicos y desastres naturales: huracanes, tormentas, sequías, inundaciones, olas de frío, terremotos, etcétera, no saben de política ni de fondos económicos. Los huracanes, por ejemplo, se presentan repentinamente y los fuertes vientos causan cierre de puertos, daños en la infraestructura, viviendas, carreteras, puentes, caída de árboles y ríos que arrastran todo a su paso, principalmente en las comunidades y asentamientos donde viven los mexicanos de menores ingresos. Por la ubicación geográfica del territorio nacional, México está rodeado por los océanos Atlántico y Pacífico presentando las condiciones propicias para que se desarrollen.
No podemos olvidar la catástrofe que se presentó hace casi un año en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, en que por la decisión del gobierno de cerrar las compuertas del río Carrizal para que no se desbordara en Villahermosa, la población de decenas de municipios permanecieron semanas y meses bajo el agua, dejando como consecuencia una treintena de muertos y según el último informe de datos oficiales, más de 300 mil damnificados a quienes a pesar de las promesas de apoyo del gobierno del presidente López Obrador para reparar sus pertenencias, aún siguen esperando.
En los últimos días también hemos visto cómo el huracán Grace impactó en Tecolutla, Veracruz, con vientos mayores a 200 kilómetros por hora, donde una veintena de municipios fueron declarados en estado de emergencia debido a que miles de viviendas y comercios resultaron fuertemente afectados, pues las fuertes lluvias ocasionaron el incremento de los niveles de los ríos, deslaves, derrumbe de objetos y marejadas, dejando al menos 8 personas fallecidas, y los huracanes “Ida” y “Nora” han afectado los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Baja california Sur y Sinaloa.
Mientras esto les pasa a los mexicanos más humildes, teniéndoselas que arreglar por su cuenta, sin ningún apoyo del Gobierno federal por la desaparición de los recursos del Fondo Nacional Contra Desastres Naturales (Fonden) entre otros fideicomisos y fondos como el de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo para el Cambio Climático; Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ocupa en presumir, como lo hizo en su tercer informe de gobierno del 1 de septiembre, que su “Cuarta Trasformación” ha sentado las bases para un mejor país, sentenciando provocadoramente a sus adversarios políticos, que “¡lo mejor está por venir!” y “¡tengan para que aprendan!”
Sus argumentos para eliminar los fondos y fideicomisos, como siempre, fueron que eran “la caja chica” de los regímenes corruptos que compraban de todo son licitar. Pero el Fonden no solo establecía acciones a seguir antes y después de una catástrofe, sino condicionaba la reconstrucción a la prevención, mediante reglas de operación para tener acceso a los recursos. Si un estado o municipio quería acceder a la ayuda del fideicomiso debía asegurar que implementaba medidas preventivas suficientes y tenía que construir su Estrategia de Gestión Integral de Riesgos, declarar zonas de riesgo o vulnerables y medidas de prevención establecidas a través de un comité técnico. Si las acciones preventivas no eran suficientes, el presupuesto otorgado disminuía, existía una conexión entre la prevención y la reacción
Pero eso no bastó ni con los honestísimos funcionarios de su gabinete, en lugar de demostrar los actos de corrupción cometidos, o corregir, los eliminó para usarlos a su conveniencia. Ya no hay fondos ni fideicomisos, dejando en el desamparo, con las tormentas, huracanes y demás desastres naturales a los mexicanos, y ahora se utilizan para pagar campañas políticas, para la compra de votos a través de la repartición de dinero “de manera directa” por medio de sus servidores, consultas para suspender obras importantes, enjuiciar a expresidentes, para la creación de programas prioritarios de la administración del presidente, para la construcción de proyectos de inversión (en muchos casos sin licitar), como el Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía, refinería Dos Bocas, el Tren Transítsmico y muchos otros.
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