Como un verdadero circo del terror, todas las mañanas el gobierno federal nos endilga como sí se tratará de un gran logro, un número cada vez mayor de decesos por covid-19, parece como si la función de los directivos de los servicios de salud pública se constriñera a contar muertos, desentendiéndose de su responsabilidad de tomar medidas efectivas para abatir la epidemia. Esta no se va a controlar por milagro ni por el simple paso del tiempo sino como resultado de las acciones científicas y prácticas que se apliquen para evitar la propagación del virus y la cura de los pacientes.
Hasta ahora, el gobierno nada ha hecho para evitar las consecuencias trágicas de este fenómeno que ya contabilizan 25 mil 779 decesos. Recapitulando, si bien el brote del virus no es responsabilidad del gobierno, sí lo es su diseminación, por haber desmantelado el servicio de salud, desapareciendo el seguro popular; por no haber controlado el ingreso de personas enfermas provenientes de otros países; por no aplicar el suficiente número de pruebas para identificar y controlar a los primeros contagiados y con ello cortar las cadenas de contagio; por no equipar y abastecer de insumos y medicamentos a los hospitales. Todavía en junio, personal médico ha protestado por la falta de trajes, mascarillas y guantes para atender a los pacientes infectados de coronavirus; las autoridades municipales de Chimalhuacán con apoyo de la población han protestado reiteradamente, frente a palacio nacional y del gobierno del Estado de México por la falta de insumos en los hospitales de ese municipio porque persiste a estas alturas la negativa a proveer de lo necesario al personal médico; ya se registran 584 fallecimientos y más de 39 mil contagiados de médicos y enfermeros. La situación actual de México con respecto a la pandemia es un descontrol total; no se sabe quiénes ni cuantas ni dónde están los contagiados y, por tanto, no se sabe cuándo terminará esta calamidad.
Mientras tanto, a partir de junio el gobierno ya autorizó el reinició de actividades económicas y el propio presidente de la República, en abierto desafío a las recomendaciones de la OMS y de las autoridades sanitarias de México, se ha lanzado a sus giras electoreras con el fin de llevar agua a su molino ante el desprestigio de su gobierno, por los fatales resultados de la errática política sanitaria de la 4T; parece como si el propio presidente quisiera masificar los contagios en vez de disminuirlos; parece como si quisiera pintar más de rojo la República.
Todo esto ha repercutido en el ánimo de la población, se está masificando el desprestigio de la 4T, pero no porque estos hechos se den a conocer en la prensa, sino por las decisiones erráticas que han tomado los gobernantes; este acontecimiento que se confirma con los resultados de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica que informa que el 67 por ciento de la población reconoce que el manejo de la pandemia por el Gobierno federal es incorrecto.
A esto se aúna la crisis económica que se está agravando porque el gobierno federal endeudo al país, adquiriendo un préstamo del Banco Mundial por mil millones de dólares; ya en abril de este año, se endeudó por 6 mil millones de dólares, haciendo crecer el endeudamiento de México a 1.2 billones de dólares (52.8 por ciento del PIB); sin embargo, el destino de estos recursos no está claro, porque serán, dicen, para aplicarse en las políticas de desarrollo ¿cuáles?, recordemos que durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020) se redujeron los recursos a diversas instituciones del país justificándose en la austeridad para no endeudar al país y porque había que combatir la corrupción.
Endeudamientos por siete mil millones de pesos; concentración de 740 mil millones de pesos decomisados a los fideicomisos, negativa a realizar obras e invertir en gasto social, no se abastece a los hospitales con insumos ¿en qué se están gastando los recursos del erario? Para decirlo en términos burocráticos: no hay transparencia en la administración de los recursos económicos del Gobierno federal.
Algo más todavía, los escandalosos actos de corrupción de los principales políticos de morena en el gobierno: Manuel Bartlett Díaz omitió en su declaración patrimonial reportar 23 casas y 12 empresas, gana 2.2 millones como director de CFE, más que el presidente de la República; Olga Sánchez Cordero Secretaría de Gobernación cobra doble, 110 mil pesos mensuales en gobernación federal y 200 mil pesos mensuales de pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Yeidckol Polensky ex líder del partido Morena es acusada por lavado de dinero y mal manejo de recursos por 619 millones de pesos; la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y su esposo John Ackerman omitieron en su declaración patrimonial cinco propiedades con un valor de 60 millones de pesos que adquirieron de contado en tan sólo 9 años, que con sus ingresos cómo académicos de la UNAM no les alcanza para tanto; el director del IMSS Zoé Robledo contrató la compra de respiradores con el hijo de Manuel Bartlett con sobreprecio; el gobierno federal, el de Puebla y el de la capital poblana, todos dirigidos por morenistas, contrataron servicios de publicidad con la empresa del hermano de Zoé Robledo, Gabino Robledo; la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara fue acusada por un grupo de empresarios de Veracruz por extorsión para asignar contratos, esto es lo que coloquialmente se llama "pedir moches".
Estos hechos, entre otros muchos, han generado que la mayoría de los mexicanos estén inconformes con el gobierno federal; es un clamor de distintos grupos de empresarios, intelectuales, periodistas y organizaciones sociales, la necesidad de hacer algo para no permitir que se siga desmantelando y arruinando la economía del país.
Muchas son las manifestaciones de protesta contra el gobierno de la 4T; el que gracias a los servicios de inteligencia tiene conocimiento preciso y exacto de esta situación y está tomando medidas para conservar el poder; tal como hacerse víctima de un inventado "Frente Opositor Amplio" que pretende quitar el poder a López Obrador, anunciar que el propio presidente de la república será el guardián de las elecciones y modificar las leyes electorales locales para que sirvan a los intereses del partido en el gobierno.
La verdad es que 60 millones de electores, la mayoría de los mexicanos, no votó por López Obrador y ahora con tantos errores cometidos en la conducción del país con los que están haciendo pedazos la economía y sin atender la pandemia sanitaria, dejando morir a miles de personas, más ciudadanos están llegando a la conclusión de que es necesario acotar el poder de la 4T si no queremos ver como se agrava cada vez más la situación.
El quid está en si se podrá conjuntar todas las voluntades y distribuir de manera justa las representaciones de los puestos de elección popular para actuar como un torrente que no tenga dique y logre la mayoría en el Congreso de la Unión y de las 15 gubernaturas a elegir en 2021. ¡Este es el reto de todas las fuerzas progresistas de México al que ha convocado el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán! ¡Eso es todo y nada más!
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