Los estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Contaduría y otras, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se manifestaron en las calles de la capital para exigir que las autoridades agilicen la búsqueda de su compañera Yezenia Cervantes y para que refuercen la seguridad en la zona universitaria.
La respuesta por parte de la fiscalía, de las autoridades municipales y estatales fue de prometer una investigación expedita siempre y cuando la manifestación estudiantil, que ocupaba algunas vialidades de la capital, cesara. Luego, vino la afirmación de que la movilización era exagerada, pues la estudiante, según argumentó el fiscal, se estaba a salvo, ya que ella decidió, por voluntad propia, salir del país con su pareja sentimental. De esto, aún no hay pruebas contundentes.
Con todo, la movilización se halla plenamente justificada. Nadie, quien conozca, así sea de forma superficial, el acontecer en nuestra entidad puede argumentar que la sensación de inseguridad es una exageración. Además, ha quedado claro que la manifestación universitaria no sólo exige claridad sobre el paradero de su compañera, sino que ha solicitado mejorar las condiciones de seguridad para la comunidad universitaria. Es decir, el temor de que Yezenia probablemente esté en peligro está bien fundado. Motivos sobran. Todos recordamos con rabia el feminicidio ocurrido en Villa de Arista, el asesinato de Chuyita de 14 años, quien antes de ser asesinada fue violada y golpeada.
Los universitarios hacen bien en visibilizar el problema, en obligar a que las autoridades no omitan el caso o lo menosprecien y sienten un mal precedente de negligencia e impunidad.
Como ocurre, lamentablemente en todo el país, en el territorio potosino, existe un alto índice de impunidad para los feminicidios. Esto quiere decir que estos crímenes ocurren con frecuencia, entre otras cosas, porque difícilmente los criminales reciben castigo. Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo Lucciotto, víctima de feminicidio, en mayo pasado sostuvo: “Las omisiones, negligencias y corrupción en las instituciones de gobierno que generan impunidad, dan un mensaje de permisividad ante los crímenes violentos contra las mujeres, como los feminicidios”.
Tiene razón. En San Luis Potosí, según información oficial, al 80 por ciento de las carpetas asignadas a la Unidad de Acceso a la Justicia y Feminicidios les faltan informes periciales básicos o cuentan con informes periciales insuficientes provocando que ¡solo el 3.5 por ciento de los casos tengan una orden de aprehensión ejecutada y se encuentren judicializados. Sin embargo, existe un universo de carpetas que se encuentran en otras áreas y quedan en un limbo jurídico (El Universal SLP, 15 mayo). De allí, que las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y la Fundación para la Justicia (FJEDD) hayan señalado la necesidad urgente de crear una fiscalía especializada en feminicidios en San Luis Potosí.
Estamos ante un problema real. Los universitarios alzan la voz por los que se han resignado a vivir con impunidad, a los que, quizás de forma inconsciente, dan complacencia a los políticos que se regodean con gobernar desde la foto superficial.
La democracia no puede limitar a la población sólo a emitir un voto para legitimar un grupo político en el poder, también es la vigilancia y la exigencia de resultados. Las autoridades hacen mal cuando condicionan soluciones a cambio del silencio y la paz. ¿Los responsables de la seguridad actuarían con rapidez sin la protesta estudiantil? ¿Abrirían los foros y canales de comunicación con los universitarios sin su manifestación? Sinceramente lo dudamos. Nos inclinamos a pensar que las marchas universitarias molestan a los políticos porque manchan su imagen, no porque les preocupen auténticamente la situación de inseguridad. Preocupante.
En tanto, la ciudadanía debe expresar su abierta solidaridad al movimiento estudiantil; primero porque sus exigencias son una forma de decir que las cosas en materia de seguridad no están bien y nos afecta a todos. En segundo lugar, porque la organización ciudadana y el pleno ejercicio del derecho de petición y manifestación es el último recurso que tienen las democracias para evitar la impunidad y la ineptitud de la clase política.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario