La administración de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, está por cerrar su cuarto año de gobierno en medio de una severa crisis de inseguridad que no cesa, y que ha impactado fuertemente en los demás ámbitos de la vida social, como la economía, la educación, la salud y aun la vida cultural y deportiva de los sinaloenses.
Lo anterior, aunque se trate de maquillar la realidad, lo vuelve a colocar a la vista de todo mundo; se reconozca o no por el propio gobierno, la vida de los sinaloenses ha empeorado por la falta de empleo.
La vida de los sinaloenses ha empeorado por la inseguridad, el desempleo y la indiferencia de las autoridades.
Más de 700 empresas han cerrado sus puertas. El IMSS reporta una caída reciente de 38 mil empleos. Las pérdidas económicas se estiman en 30 mil millones de pesos. Se calcula que 120 mil personas se han ido de Culiacán, precisamente por la inseguridad y la falta de empleos.
Sumado a esto, el deterioro de los servicios básicos como el agua potable, el drenaje sanitario, la salud y el alumbrado público cada día es mayor. Basta con señalar que recientemente habitantes de la localidad de La Palma y Cahuinahua, del municipio de El Fuerte, salieron a bloquear la carretera Mochis-El Fuerte por falta de un abasto de agua suficiente y de calidad. Años tienen con esta petición y ni el presidente municipal, Gildardo Leyva, que suma ya el segundo periodo de gobierno, ha prestado atención a este reclamo, ni tampoco la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, cuyo titular nadie conoce.
En medio de este contexto, el antorchismo sinaloense, es decir, colonos, campesinos, estudiantes, profesionistas y artistas, ha elevado la voz por todos los medios para que el titular del Ejecutivo estatal dé solución a asuntos que le fueron planteados desde el inicio de su administración y que, a las postrimerías del sexenio, no tienen solución alguna. El peregrinar antorchista en busca de respuestas agotó ya todas las dependencias involucradas en dar solución a las necesidades ciudadanas.
Destacan por su insensibilidad, y en algún caso hasta por la soberbia, la Secretaría de Bienestar (Sebides), a cargo de María Inés Pérez Corral, que tiene que ver con los temas de vivienda, la atención a desplazados, la regularización de colonias y los apoyos asistenciales, y que simplemente se la ha pasado escuchando y menospreciando las peticiones. El programa de “Ahorro previo” no ha avanzado un ápice a pesar de que decenas de solicitantes han aportado su recurso en la Comisión de Vivienda (Cvive). A los desplazados de Guamúchil y Culiacán, que suman cientos y huyeron de sus municipios de origen —Badiraguato, Mocorito, Sinaloa de Leyva y las partes altas de Culiacán— no se les han otorgado los solares con servicios a los que tienen derecho; la Sebides se ha limitado en algunos casos sólo a llevarles una despensa y una cobija.
A Pérez Corral no le apena que el programa de “Techos y pisos”, anunciado por el gobernador desde hace tres años, haya avanzado muy poco. En 2024 no se ejerció ni el 50 % del presupuesto asignado por la Legislatura y en 2025 no se le designó ni un solo peso, a sabiendas de que fueron miles de sinaloenses los que se inscribieron en el programa haciendo, por varios días, largas filas en el Palacio de Gobierno con la esperanza de mejorar su vivienda. La Sebides, en los hechos, se ha burlado de la necesidad de las familias.
La Secretaría de Obras Públicas, donde las demandas de pavimentación de calles en colonias y pueblos, de techumbres, de asfaltado de caminos y de atención a infraestructura educativa complementaria, nada ha resuelto, sólo destaca por el cambio constante de sus titulares en tres ocasiones, como si esto fuera una táctica para alargar soluciones a los peticionarios.
Esta Secretaría sólo ha realizado una obra del pliego petitorio antorchista, que es la rehabilitación de la red de agua potable en Sánchez Celis, cosa que fue posible con la intervención directa del gobernador.
El Movimiento Antorchista, a través de su Comité Estatal, está pidiendo como última opción la intervención directa del gobernador Rubén Rocha Moya para que, en lo que resta del sexenio, se logre avanzar en la solución de las necesidades más urgentes.
Esperamos que nuestro reclamo y petición lleguen al gobernador y pronto se manifiesten en un mejoramiento de la vida de los peticionarios, por lo cual, a través de la Secretaría de Gobierno, hemos estado solicitando una audiencia con el titular del Ejecutivo y así llegar a un consenso de las obras y acciones que deben priorizarse para su realización lo más pronto posible.
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