En Torreón, la desigualdad no se oculta: se levanta en muros, se exhibe en calles enteras y se respira en colonias olvidadas.
Mientras unos cuantos habitan fraccionamientos exclusivos con viviendas que alcanzan hasta los 9 millones de pesos, miles de familias sobreviven en condiciones indignas, sin acceso pleno a servicios básicos o sin la posibilidad real de adquirir un patrimonio.
¿Cómo puede hablarse de bienestar cuando el derecho a la vivienda está condicionado por el nivel de ingreso? El discurso de transformación y justicia social queda vacío cuando la realidad contradice las promesas.
La ciudad es hoy un espejo de la injusticia social.
De acuerdo con datos del Implan, cerca de 15 % de las 261 mil viviendas particulares están deshabitadas. Son más de 38 mil casas abandonadas que se concentran principalmente en el centro, oriente y sur de Torreón.
No se trata sólo de números: son calles enteras convertidas en escenarios de deterioro, con fachadas agrietadas, ventanas rotas y espacios invadidos por la maleza.
Pero el abandono no es casualidad. Es el resultado de una política urbana que ha privilegiado el crecimiento desordenado hacia la periferia, dejando morir el corazón de la ciudad. Los adultos mayores que aún permanecen en estas zonas lo dicen con claridad: la vida se fue, y con ella, el interés de las autoridades.
Mientras tanto, el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más inaccesible. El precio promedio de una casa ronda los 3.2 millones de pesos y la renta los 17 mil pesos mensuales, cifras completamente alejadas de la realidad de la mayoría de los trabajadores. ¿Cómo puede hablarse de bienestar cuando el derecho a la vivienda está condicionado por el nivel de ingreso?
Los programas institucionales, como los impulsados por la Comisión Estatal de Vivienda, resultan insuficientes frente a una demanda que crece año con año. La regularización, la escrituración o la cancelación de hipotecas no atacan el problema de fondo: la falta de una política integral que garantice vivienda accesible para todos.
Y mientras la necesidad es urgente, las prioridades gubernamentales parecen ir en otra dirección. Se han destinado más de 5 mil millones de pesos a obras de movilidad y mejora urbana para 2026, proyectos que, aunque vistosos, no resuelven la carencia más elemental de miles de familias: un hogar digno.
El crecimiento urbano de Torreón también evidencia la falta de planeación. En las últimas tres décadas, la ciudad ha duplicado su extensión territorial, pero su población apenas ha crecido un 57 %. Esto ha generado una mancha urbana dispersa, costosa e ineficiente, donde los servicios no alcanzan para todos y las desigualdades se profundizan.
Ante este panorama, resulta inevitable cuestionar el papel de los gobiernos, tanto locales como federales. Lejos de garantizar el derecho a la vivienda, han permitido que el mercado dicte las reglas, favoreciendo la especulación inmobiliaria y dejando en el abandono a quienes más lo necesitan.
El discurso de transformación y justicia social queda vacío cuando la realidad contradice las promesas. La falta de un plan nacional de vivienda efectivo, el abandono de las zonas populares y la indiferencia ante el crecimiento de la desigualdad demuestran que, en los hechos, poco ha cambiado.
Torreón no necesita más discursos ni obras superficiales. Necesita voluntad política para enfrentar el problema de raíz: garantizar vivienda digna, accesible y bien planificada para todos.
Porque detrás de cada casa abandonada y de cada familia sin hogar, hay una historia de injusticia que sigue sin resolverse.
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