Bajo la adecuada secuencia burocrática que marca el formalismo oficial e institucional del Gobierno estatal, el Movimiento Antorchista de Sonora entregó un documento y listado de peticiones con las solicitudes de obra pública, servicios y programas sociales más urgentes para miles de familias simpatizantes de esta organización. Al momento de la entrega (que tiene ya 10 meses) en octubre de 2021, el secretario de gobierno Álvaro Bracamonte, muy afable, decía que el gobernador Alfonso Durazo mandaba a saludar a los antorchistas y que solicitaba fuera atendidos, con la seguridad de que las peticiones serían revisadas y, paulatinamente, se daría respuesta y solución, a través de las correspondientes áreas de gobierno.
¿Qué pedían las familias antorchistas en su pliego petitorio?, englobando los temas en grandes rubros quedan de la siguiente manera: electrificación de colonias y comunidades, ampliación de red eléctrica; red de drenaje y red de agua potable; construcción o reparación de calles y caminos; en vivienda, mejoramiento, piso firme, techo, mufas, crédito a la vivienda, entre otras; inclusión en programas sociales de apoyo a personas de bajos recursos; apoyo a personas con discapacidades con sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, etc.; apoyo a grupos culturales con materiales e indumentaria.
En lo educativo, la petición es la terminación de la Casa del Estudiante Sonorense (la más grande del estado), aulas y material didáctico para prepas y secundarias; centros de salud, médicos y medicinas.
Visto de manera general, el listado de peticiones pudiera parecer en extremo exigente y hasta egoísta. Sin embargo, la gran mayoría de estas peticiones son problemas históricos de las colonias y comunidades, que se han estado solicitando desde administraciones pasadas y siguen en el completo olvido.
Al ser ciudadanos sonorenses y contribuir de manera directa con el pago de impuestos para el mantenimiento y funcionamiento general del aparato de gobierno, los integrantes de las familias antorchistas están en todo su derecho de pedir que sus demandas sean contempladas y resueltas por el gobierno estatal. Y, como último elemento, la constitución política mexicana establece como garantías de los individuos y obligación de los gobiernos, el que se facilite u otorgue el derecho a la salud de calidad, vivienda de calidad, educación de calidad, es decir, en pocas palabras: no hemos solicitado más que lo justo y necesario para otorgar una vida más digna a estos cientos de brazos y corazones trabajadores del Sonora profundo.
Pues bien, a 10 meses de entregadas las peticiones y bajo línea de trabajo acordada con la subsecretaría de Concertación Social, la cual sería el canal de enlace con dependencias como Sedesson, DIF estatal, Coves, Sidur, SEC, Secretaría de Salud, Junta de Caminos, entre otros, podemos afirmar hoy, sin cometer pecado, que hay una atención de 10, pero solución muy poca.
Por ejemplo, la subsecretaría de Concertación Social tiene claro que, en cuestiones de asistir a reuniones, llevar documentación, visitas de campo, acercar a beneficiarios, es decir, en cuanto a voluntad de colaboración no ha faltado de nuestra parte. De parte de los funcionarios de gobierno salvo excepciones raras, cumplen con asistir a reuniones o pedir la documentación de acuerdo al trámite burocrático o técnico.
El problema revienta cuando se trata de cambiar el verbo por la acción. Ya con la información solicitada y puestos a calendarizar los inicios de las obras, servicios o programas, los funcionarios echan por la borda todo avance con la irrebatible argumentación de que “no hay dinero para realizar lo que pides”. Entrando, posteriormente, a disparar una retahíla de argumentos enfocados a señalar, demeritar y hasta desvirtuar la lucha de nuestro movimiento, de manera tal que las gestiones iniciadas hace 10 meses están llegando a una especie de callejón sin salida.
Ante lo evidente del problema, nos vemos en la necesidad de escalar los diálogos con el gobierno y solicitar ser recibidos por Bracamonte; reunión que solicitaremos el día 17 de agosto, en Hermosillo, mediante un mitin frente a palacio de gobierno.
Creemos y confiamos en que como ha manifestado el Gobierno estatal: trabajaremos por prioridad como el caso del agua potable, drenaje, salud…, dado que nuestras peticiones entran perfectamente en estos rubros y, sin embargo, no hemos sido tomados en cuenta, debemos recurrir a la protesta pública, que es un derecho constitucional.
Es, pues, tarea de todos los antorchistas de Sonora conocer el estado que guardan sus gestiones y que en consecuencia sientan la necesidad de transformar el verbo por la acción política. Es un llamado a la acción gubernamental en beneficio de los trabajadores sonorenses y un llamado a la acción política a nuestros compañeros antorchistas ante la necesidad política de hacernos escuchar.
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