Ante la carencia e incertidumbre de un trabajo que garantice el acceso a los mecanismos crediticios para adquirir una vivienda, los asentamientos irregulares se han convertido en la única opción de miles de familias pobres, como en el caso de Quintana Roo, donde estos asentamientos van en aumento. Aunque ello signifique enfrentar la ausencia de servicios públicos básicos y la marginación social, muchas familias encuentran en este camino la posibilidad de hacerse de un patrimonio.
El Movimiento Antorchista de Quintana Roo ha dirigido la adquisición de terrenos para dotar a sus afiliados de lotes, permitiéndoles construir sus viviendas y legar un patrimonio a sus descendientes. No obstante, el acceso a una vivienda formal se dificulta debido a los requisitos crediticios, como tener un empleo formal, lo que excluye a gran parte de la población que no puede optar por créditos gubernamentales, como los del Infonavit.
El Movimiento Antorchista de Quintana Roo ha buscado soluciones legales y concretas para dotar de vivienda digna a miles de familias que enfrentan la exclusión del sistema crediticio.
Es importante destacar que invadir terrenos es un delito, por lo que el Movimiento Antorchista ha optado por la negociación y el diálogo para adquirir legalmente los terrenos donde se han formado colonias en municipios como Chetumal, Bacalar, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Sin embargo, el apoyo de las autoridades ha sido escaso, argumentando la falta de presupuesto y la no regularización de estas colonias.
En múltiples ocasiones, se ha solicitado a las autoridades la implementación de programas de regularización, ya que las familias que han adquirido terrenos enfrentan barreras debido a la excesiva normatividad que fomenta la compra irregular.
El Movimiento Antorchista hace un llamado a los tres niveles de gobierno para que emprendan acciones concretas y cumplan las promesas hechas en campaña.
Es crucial regularizar los más de 400 asentamientos irregulares que existen en Quintana Roo, lo que daría certeza jurídica a más de 700 mil personas y contribuiría a reducir el rezago social, la marginación y la pobreza en los municipios afectados.
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