El pasado cuatro de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dijo que en América Latina y el Caribe:
“… el dominio y la violencia ejercidos por pandillas y la delincuencia organizada constituyen importantes retos para la paz y la seguridad, con grave impacto en la vida y los derechos de millones de personas, como en Ecuador, Haití, Honduras y México”.
Türk señaló también que las respuestas punitivas y militarizadas han conducido en algunos casos a graves violaciones de los derechos humanos, lo que puede alimentar aún más la violencia; y plantea que “sólo las políticas basadas en los derechos humanos pueden ofrecer soluciones eficaces y sostenibles. Corrupción, débil gobernanza, impunidad y las causas estructurales de la violencia –como la discriminación y las fallas en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales– deben abordarse con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas”.
La crítica del funcionario de la ONU caló tanto en Palacio Nacional que López Obrador, ni tardo ni perezoso, tildó la declaración de “tendenciosa” y de ser “un ataque para demostrar que existe mucha violencia en el país… está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento”.
Pero, señor presidente, entonces: ¿en México no hay violencia?, ¿los 183 mil 201 homicidios cometidos en su sexenio, no existen? ¿El asesinato electoral más reciente, de Gisela Gaytán, candidata de su propio partido a la alcaldía de Celaya, fue imaginario?
Más allá de que AMLO, sin argumentos, quiera refutar lo que Volker Türk señaló, todo cobra más vigencia porque la organización “Laboratorio Electoral”, en su informe que publicó el 2 de abril, sustenta que durante este proceso electoral se contabilizan 158 agresiones contra personas vinculadas con la jornada electoral actual.
De esas personas, destaca el informe, 52 perdieron la vida y 28 aspiraban a algún cargo de elección popular; pero también reporta nueve casos de secuestro, 22 intentos de atentado y 75 amenazas.
¿Acaso, ante estos datos, AMLO también dirá que es ataque o que no hay violencia? El reporte no deja dudas: refleja la realidad que viven prácticamente todos los estados.
También es inocultable que la información que se recaba a través de los partidos políticos arroja que las amenazas se han incrementado durante febrero y marzo, meses en los que concluyeron las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de los estados.
La muerte de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, ocurrió en las primeras horas de campaña electoral, al concluir su primer acto de proselitismo.
El 2 de junio México tendrá las elecciones más grandes de su historia; 97 millones de votantes van a elegir a más de 20 mil cargos de elección popular. Las campañas presidenciales comenzaron oficialmente hace un mes y organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación, haciendo llamados para que las elecciones no sean violentas.
Sin embargo, todavía falta más de mes y medio y la tendencia de asesinatos va al alza: en el proceso 2017-2018 fueron asesinados 24 aspirantes; en el de 2020 a 2021, hubo 30 muertos y en 2023-2024, van 28 asesinatos.
Volker Türk tiene razón al asegurar que las políticas basadas en los derechos humanos pueden (y deben) ofrecer soluciones eficaces.
También acierta al afirmar que la impunidad y la débil gobernanza deben abordarse con la participación de la sociedad civil, es decir, los culpables del incremento de la violencia electoral y durante todo el sexenio, son el Gobierno federal, el presidente y Morena.
La política de seguridad ha sido un fracaso total. Hoy es más evidente que AMLO no supo gobernar; y son bastante claras la inacción y lentitud de las autoridades para impartir justicia y la grotesca impunidad de los delincuentes y asesinos.
Un claro ejemplo de esto es el impune asesinato de los líderes antorchistas Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su hijo Vladimir, de apenas seis años de edad, que fueron asesinados el 14 de abril de 2023. Un año después del horrendo crimen, las autoridades judiciales y políticas, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, no han hecho justicia por tan horrendo crimen.
Es hora de que el pueblo se organice y exija seguridad para los ciudadanos y, en este proceso electoral, para los candidatos. A la par, el Gobierno debe frenar la impunidad en la que se cobijan los delincuentes.
Sólo así se podrá reducir la violencia y se podrán detener poco a poco los asesinatos, sean en tiempo electoral o normal.
Por el momento, querido lector, es todo.
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