En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se marcan derechos para todos los mexicanos, se señalan cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, se enumeran las condiciones y las tareas que tienen los gobernantes para con sus habitantes; entre todos ellos se encuentra el derecho a la vivienda. El Artículo 4 dice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su Artículo 25 señala: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
A pesar de que el derecho a la vivienda está garantizado por la Constitución y diversos organismos nacionales e internacionales, en la práctica sigue siendo letra muerta, ya que las autoridades no han tomado medidas efectivas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) en su Artículo 11 declara que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La Carta de la Organización de Estados Americanos en su Artículo 33 dicta: Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral.
Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: K) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población.
Como se señala, el derecho a la vivienda está obligado por la Constitución Mexicana y organismos nacionales e internacionales; sin embargo, como es del conocimiento de todos, este derecho a la vivienda es letra muerta. Es letra muerta porque las autoridades no se han preocupado en resolver este problema que cada vez se agudiza con el crecimiento exponencial de los mexicanos.
En este sexenio, aunque el presidente regaló tarjetas, dejó la inversión de lado. El semanario Buzos de la Noticia, en su reportaje especial, analiza el tema de la vivienda y resalta esto: Durante su administración, Andrés Manuel López Obrador construyó apenas 763 mil viviendas nuevas, mientras que su antecesor, Enrique Peña Nieto, edificó un millón 317 mil 83, 42 por ciento más.
Y si se le compara con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la desproporción es superior; pues casi tres millones de familias accedieron a una vivienda nueva y otros seis millones recibieron créditos para autoconstruirlas o mejorarlas.
Todos vivimos en carne propia este problema, sabemos de la odisea que se tiene que vivir para poder tener una vivienda o un terreno, sabemos que no hay programas que garanticen que familias de escasos recursos puedan acceder a ella y sabemos también que, cuando se tiene acceso a un programa, muchos de ellos son muy costosos.
Sí, los mexicanos sabemos que adquirir una vivienda es un problema y que este derecho solo está inscrito en la Carta Magna, pero no se cumple.
Por ello, y porque es necesario que todos juntos luchemos por una vivienda digna y de calidad, los invito a que este jueves 22 todos salgamos a exigir el cumplimiento de la entrega de lotes de interés social, compromiso que ha hecho el gobierno con los bajacalifornianos y que no se ha cumplido. Que nadie se quede en casa y este 22 de agosto, juntos luchemos por un patrimonio, no regalado, pero sí al que todos tengamos acceso.
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