Hace unos días conocimos que la extracción de plata en la industria minero-metalúrgica de la entidad tuvo una recuperación en 2021, esto de acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que informó, que con una variación porcentual positiva durante mayo de 199.4 por ciento, Zacatecas se encuentra nuevamente en crecimiento en volumen de extracción de plata.
El informe detalla que en números reales se obtuvo un volumen de 200 mil 773 toneladas de plata, cifra muy superior a la registrada en mayo del año 2020, cuando se obtuvieron sólo 67 mil 52 toneladas. Pero también obtuvimos el segundo lugar nacional en extracción de oro por 1,932 toneladas logradas, una cantidad muy superior a las 350 toneladas de mayo de 2020.
Sin embargo, no todo es felicidad, a lo largo de la historia son varios problemas derivados de la sobreexplotación lo que orilló al abandono forzado de los pobladores de algunas comunidades luego que se acabaron los yacimientos de minerales.
Como referente obligado está San Felipe de Nuevo Mercurio en el municipio de Mazapil, tuvo auge entre 1940 y 1970 con una población de 10 mil habitantes, pero una vez agotado el yacimiento su población disminuyó en más del 95%. Hoy es un pueblo fantasma de unos 300 pobladores, allí la empresa estadounidense Rosicler, después de extraer el oro de estas tierras dejó alrededor de 400 toneladas de residuos contaminantes que siguen afectando la salud de los lugareños.
En Salaverna la empresa Frisco-Tayahua del magnate Carlos Slim explotó el mineral que se encontraba justo debajo del pequeño poblado, finalmente las personas tuvieron que aceptar la reubicación forzada después de años de pugna con la empresa porque allí importaba el oro de sus tierras y nada más.
También está “Real de Ángeles”, fue operada por el Grupo Frisco también propiedad de Slim en Noria de Ángeles, su explotación fue a cielo abierto extrayendo oro y plata, pero después de casi 20 años de bonanza cerró en el año 1998. Donde estaba el poblado original hoy se encuentra un enorme cráter y además de la represa, hoy sólo quedan una serie de montículos, jales y acequias llenos de residuos de selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor, producto de la explotación de plata, plomo, cobre y zinc.
Cerca de allí, a unos 20 km se encuentra la mina El Coronel que está asentada en Ojocaliente, es también propiedad de Slim, su explotación es por tajo abierto, allí se trituran 55,000 toneladas por día lográndose barras doré con contenidos de oro y plata, (una barra doré es un lingote de una aleación semi-pura de oro y plata con un peso no mayor a 25 kg.) Allí los pobladores de comunidades como San Juan de Carboneras exigieron hace más de un año la reparación de sus viviendas a punto de caerse por los daños estructurales debido a las continuas explosiones necesarias para extraer el material. Se calculó que la mina obtendría 13 millones de onzas de oro, mientras los ejidatarios sólo recibieron por arrendar sus tierras durante 30 años la cantidad de 5 mil pesos por hectárea, es decir a 50 centavos el metro cuadrado.
Otro ejemplo relativamente reciente es el de la unidad minera Santa Cruz que operaba en la cabecera municipal de Vetagrande. En mayo de 2020 suspendió sus actividades debido a un proceso de remediación ambiental impuesto por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) que inició en 2014 y con ello se afectó el ingreso de al menos 319 trabajadores en quienes erogaba unos 2 millones 800 mil pesos en nómina, según datos que circularon en medios de comunicación.
Y el hecho fue lamentable porque dejó en la incertidumbre a la población y directamente a las familias que dependían del salario percibido en el sitio con el agravante que el cierre se dio en el tiempo menos oportuno debido a la pandemia generada por la Covid-19. Según el testimonio de la gente la mayoría de las casas de la cabecera municipal, -aunque en su mayoría están construidas con material adecuado- presentan daños estructurales en diferente magnitud como cuarteaduras en pisos, paredes o techos y cuando alzaban la voz como reclamo e indemnización económica o reparación era cuando la minera amenazaba con retirarse hasta que se fue.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Economía, a febrero de 2020 existían 715 concesiones vigentes amparando 488,370.5832 hectáreas (6.2866% territorio estatal). Hasta el momento ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el 15.09% del valor de la Producción Minera.
Estas circunstancias han dado pauta para que la inversión directa en el sector sea de $543.9 millones de dólares. En la actualidad se estima que la industria minero-metalúrgica genera 13,456 empleos, aun cuando el salario promedio en el estado es de $373.00, este rubro es el que mejor paga, con $923.23 beneficiando temporalmente a la población que se dedica a trabajar en el sector.
Actualmente hay otros proyectos de explotación que prometen operar en los próximos años, por ejemplo, el de la empresa de capital canadiense Orla Mining que considera la posibilidad de que la estadounidense Newmont Corporation procese en la planta Peñasquito los minerales que se extraigan de la mina Camino Rojo asentada en Mazapil. Se sabe que emplea a mil 45 trabajadores como parte de las actividades de construcción, de los cuales sólo 45 por ciento son zacatecanos: 17 por ciento son de las comunidades locales y 28 por ciento de otras partes del estado. El 55 por ciento restante son de otras entidades de la república.
Hoy urge una visión moderna en torno a la explotación minera que vea más allá de compensar con unos pesos a los ejidatarios con lo que finalmente se evitan los conflictos sociales y de los impuestos que generan al estado porque sus consecuencias rebasan esos límites económicos inmediatos para pasar a una esfera de largo plazo como el qué pasará con el sitio cuando se acaben los materiales preciados.
Por todos los antecedentes de modificación del medio ambiente, de contaminación del agua, del desplazamiento forzado de los pobladores, del daño estructural de los hogares y destrucción de pueblos enteros, es que el gobierno debe exigir que se respeten los lineamientos que implica la actividad para que la población local se beneficie realmente y no se repita el hecho que una vez se agotan los metales las empresas huyen del lugar dejando sólo destrucción y pobreza.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario