A pesar de los esfuerzos de la “Cuarta Transformación” para reducir la pobreza en México y aumentar el salario mínimo, la brecha entre las clases sociales es notable. Se estima que la desigualdad salarial continúa siendo uno de los mayores problemas sociales del país.
En los últimos reportes, se dice que más del 56 % de la población pertenece a la clase baja, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2018 y 2023 en México se registraron más de 90 millones de personas en pobreza. Los bajos salarios, la inflación y la baja calidad de los servicios públicos básicos entorpecieron la disminución de la desigualdad en el país.
La institución clasifica a la población mexicana en tres categorías principales: la clase baja, con un 56.6 % de la población; este grupo tiene ingresos limitados, condiciones de vida precarias y menor acceso a servicios básicos y oportunidades de educación y empleo.
La clase media representa el 42.2 % de la población, con ingresos moderados y mejor acceso a servicios educativos y de salud.
Por último, la clase alta sólo representa al 1.2 % de la población, que disfruta de altos ingresos y un nivel de vida elevado. Gana hasta 100 mil pesos mensuales, mientras que la clase baja vive con menos de cuatro mil pesos.
De ese tamaño es la brecha de desigualdad en México: unas cuantas manos acaparan más de la mitad de las riquezas del país, mientras que más de la mitad de la población vive con poco, apenas alcanzando para sobrevivir, vestir, calzar, alimentarse, curarse, entre otras necesidades básicas.
No hay duda, pues, de que las malas políticas económicas y sociales del actual gobernante han contribuido a incrementar la desigualdad social entre ricos y pobres.
Este es un fenómeno que se aprecia en todo el mundo, pero especialmente en países como México, donde la riqueza es acaparada por unas cuantas manos mientras millones luchan por salir de la pobreza y la pobreza extrema.
Así como las epidemias, la pobreza también es un mal que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, mil 400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones padecen hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación. Hombres, mujeres, niños y niñas siguen sufriendo por hambre o malnutrición y viven en entornos donde la exclusión y la discriminación son protagonistas.
Hay datos que espantan sobre la desigualdad social y que dejan clara referencia de la injusta repartición de la riqueza. Según Oxfam, el 99 % de la población mundial no ha podido salir de la pobreza; la lista va en incremento, pero en contraparte, la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta se duplicó. Además, cada 26 horas emerge un nuevo millonario, producto de los obscenos modelos económicos desiguales y violentos que fragmentan nuestras sociedades y sesgan vidas, según lo documentó la misma organización.
Es decir, el 10 % más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52 % de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6.5 % de ésta, de acuerdo con el reciente informe de la subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas:
“Este incremento es el resultado del aumento desorbitado de los precios de los mercados de valores, el apogeo de las entidades no reguladas, el auge del poder monopolístico y la privatización, junto a la erosión de las normativas, los tipos impositivos a las personas físicas, las empresas y los derechos laborales y los salarios; todo ello propiciado por la instrumentalización del racismo”.
Sin embargo, México no es la excepción. La pobreza y el desempleo no son problemas nuevos y únicos de esta administración federal, pero es evidente que se intensificaron en los últimos años y parece muy lejana la capacidad y la posibilidad de disminuirla, debido a que las erradas políticas públicas en materia laboral implementadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parecieran tener el objetivo de incrementar la desigualdad y la pobreza en vez de resarcirla.
En relación con lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) visualiza el nivel de la problemática, ubicando a México como el país con la brecha de desigualdad económica más amplia entre los países integrantes del organismo.
Cabe resaltar que en 2018 y 2023 en México se registraron más de 90 millones de personas en pobreza (México Evalúa). Los bajos salarios, la inflación y la baja calidad de los servicios públicos básicos entorpecieron la disminución de la desigualdad en el país.
Aun así, los datos de México Evalúa son serios, pero basémonos en los datos ofrecidos por el Inegi, la institución del Gobierno, que afirma que el 56.6 % de los mexicanos se encuentran en la categoría de clase baja.
Eso significa que poco más de 60 millones de mexicanos son pobres, lo que significa que es un crimen de Estado, y ninguna autoridad hace algo al respecto para atender la situación y castigar a los responsables de mal conducir al país y por sumirlo más en la pobreza y desigualdad.
Ante estas cifras contundentes y las dificultades que resulta sobrevivir en estos tiempos nada alentadores para la población golpeada económicamente, es evidente la incapacidad del partido en el poder para hacer frente a esta problemática y garantizar una calidad de vida para los mexicanos, principalmente de los más pobres y vulnerables, pese a los cuentos y engaños con que se pretende seguir maquillando la realidad con otros supuestos datos y con informes tendenciosos instrumentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero esta situación tiene un fondo más profundo, al que nuestro presidente no puso la atención debida. Por ello, nos damos la tarea de reflexionar sobre la tesis que indica que un país que genera crecimiento económico, es decir, un país cuya productividad crece, es un país que genera empleos, y no sólo eso, ya que los salarios tienden a crecer cuando el país tiene alto crecimiento económico por varios periodos.
De tal forma que estos empleos y el ingreso laboral que llega a los hogares se traducen en menos personas en la pobreza. De tal forma que, si al empleo le va bien, la pobreza se reduce.
Por lo tanto, se deduce que el mejor programa social para reducir la pobreza sería la generación de empleo. Es decir, que si bien los programas sociales asistencialistas pueden ayudar a las familias a la satisfacción momentánea de algunas necesidades básicas, pueden incluso incidir en la reducción efímera de la pobreza.
Pero si no se garantiza el crecimiento económico y no hay generación de empleo, los programas sociales no serán suficientes para reducir la pobreza de manera sustantiva. Por otro lado, cuando al empleo en su conjunto le va mal, así como al ingreso que reciben las familias por su trabajo, es señal de que el país no va bien económicamente y una de sus manifestaciones es que la pobreza aumenta.
Pero sobre esto no trabajó la administración de López Obrador, que está en la recta final, y en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que iniciará en tres meses, no se auguran cambios.
Según los analistas, continuará con las mismas políticas del actual mandatario, pese a los enormes errores y la creciente pobreza generada, lo que significará que habrá menos oportunidades para la gente trabajadora y emprendedora para que pueda incorporarse a la fuerza laboral activa del país, única capaz de revertir y cambiar el rumbo de esta debacle y única con el potencial de transformar nuestra realidad social. Conste.
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