El Seguro Popular representó, por mucho tiempo, un alivio para la clase más pobre de la población que, al no contar con un empleo seguro no podían acceder a un servicio de salud de calidad; en esta situación se halla el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA); es decir, con la desaparición de esta institución pública se quedaron sin servicio de salud más de 35 millones de mexicanos.
El sustituto fue el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según él mismo, “el modelo de salud del bienestar está basado en la atención primaria en salud, dirigido especialmente para la población sin seguridad social e implica que los mexicanos tienen derecho a una atención medica ambulatoria y hospitalaria de calidad, integral, gratuita, incluidos materiales, medicamentos, exámenes clínicos. Es decir, servicios de salud, integrales y universales”, dijo desde el principio de su sexenio.
Esta afirmación se ha hecho contradictoria con la realidad, porque con la cancelación de esta institución pública, según datos del INEGI identificó la existencia de más 35 millones de personas en el país que se encuentran sin afiliación a un servicio de salud público o privado; las consecuencias han sido descubiertas durante la pandemia de covid-19 y afectando aún más a personas que padecen enfermedades crónicas, quienes desafortunadamente fueron los principales afectados. Las familias de niños con cáncer, los pacientes de diabetes y de VIH tuvieron que hacer denuncias públicas sus inconformidades, a través de mítines en más de una ocasión.
Estas personas afectadas que denuncian sus quejas no significan que no están afiliadas a un servicio de salud como el INSABI, sino que, es por el mal funcionamiento administrativo y por la falta de suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos; por esa razón tuvieron la necesidad de exigir al gobierno que garantice un mejor servicio de salud. A pesar de las denuncias, aún no han logrado sensibilizar a un gobierno que prefiere destinar la mayor parte del presupuesto a las obras sagradas del presidente.
Ante esta insensibilidad del gobierno morenista, al pueblo con bajos salarios solo le quedó en la compra de medicinas genéricas, ya que es la única forma de adquirirlos y asistir a consultorios en cuya atención nefasta le cuesta 50 pesos a la economía familiar. Si el Estado garantizara un servicio de salud con mayor calidad, muchas personas a las que se les niega el servicio médico en los hospitales públicos no tendrían la necesidad de acudir a los consultorios de las farmacias. Además de los pésimos resultados, cuando se trata de una enfermedad que requiere de atención urgente, al acudir en estos lugares de baja calidad pierden también el tiempo valioso que podría salvarles la vida.
Es obligación del gobierno garantizar un servicio de salud de calidad, pero esto no sucede en México, porque el grupo gobernante se han deshumanizado y solo ve a los pobres como objeto que sirve solo en cada elección. Para el pueblo pobre de México tiene que pasar a segundo plano, la exigencia y la lucha organizada para que el Estado satisfaga sus derechos fundamentales.
Que no los engañen con el discurso de que el pueblo está feliz, feliz, feliz, mientras que el grupo del gobierno junto con la clase social que gobierna, se apropia del presupuesto y se dan una vida lujosa y excesiva.
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