Una vez que López Obrador aseguró su victoria electoral, en julio de 2018, continuó con su campaña en contra de las organizaciones sociales y de la protesta pública. En sus giras, ya como presidente electo, empezó a señalar que había organizaciones que demandaban recursos al Gobierno federal para ayudar a los más pobres, pero que en realidad el apoyo no llegaba completo a los beneficiarios porque, según él, una parte se quedaba en manos de los dirigentes, por lo cual “se acabarían los moches” y los recursos llegarían directamente a la gente.
Su discurso y su política no cambiaron ya estando en funciones, a pesar de que muchas de esas organizaciones proscritas por la 4T habían llamado a sus agremiados a votar por AMLO.
En aquel momento, los líderes sociales aludidos exigieron, con todo derecho, que el presidente mostrara pruebas de sus afirmaciones, pero nunca lo hizo, y alertaron que se estaba violando de facto el artículo noveno de la Carta Magna que prevé el derecho a la organización, todo mundo aplaudió la supuesta valentía del mandatario, quien pondría un hasta aquí al saqueo de los recursos públicos, señaló a coro casi toda la prensa.
La relación entre el mandatario y algunas de esas organizaciones sociales se tensó más cuando, en noviembre de 2019, éstas realizaron un plantón afuera de la Cámara de Diputados para exigir que destinara presupuesto a diversos sectores sociales, a los cuales no llegaban los programas de transferencias monetarias directas del gobierno, así como obras y servicios públicos para cientos de pueblos y colonias del país, donde los gobiernos estatales y municipales, muchos de ellos pertenecientes a la 4T, habían hecho caso omiso a las demandas de sus habitantes. El presidente y su bloque legislativo ignoraron olímpicamente las peticiones de estos grupos.
La situación no ha cambiado a mitad del sexenio; justo hace unos días el Gobierno federal anunció el endurecimiento de las penas para quienes se atrevan a tomar las casetas de las autopistas, que generalmente son las organizaciones sociales, sobre todo campesinas y estudiantiles.
Aceptemos, sin estar de acuerdo con ello, que hay quienes causan destrozos cuando protestan tomando autopistas, pero ¿No parece desproporcionado dar trato de delincuentes de alta peligrosidad a quienes toman casetas mientras el presidente predica “abrazos y no balazos” ante el crimen organizado?
Más allá de la retórica, la 4T le tiene fobia a la organización y a la protesta pública, por eso las criminaliza y las ignora; además se olvida de que muchos de sus dirigentes, incluido el mismo Andrés Manuel López Obrador, salieron justo de ahí.
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