En estos momentos, la gran mayoría de los mexicanos se ha percatado de que los programas sociales implementados por el Gobierno de la “cuarta transformación” fracasaron rotundamente, después de haber incurrido en tremendas equivocaciones que, en aras de un ficticio combate a la corrupción, se cometieron, desapareciendo programas, fideicomisos e instituciones, para en su lugar fabricar verdaderos elefantes blancos, a la vez que se dejaba en el desamparo a miles y miles de familias en todos los rincones del país.
Un programa social resulta exitoso cuando realmente brinda cobertura a las mayorías, cuando permite a la población salir de sus problemas y acceder a mejores niveles de bienestar; sin embargo, eso estuvo muy lejos de ocurrir en el sexenio de López Obrador, donde tampoco se cumplieron las promesas esgrimidas desde el inicio de su gestión.
El fracaso de los programas sociales y las promesas incumplidas del gobierno llevaron a millones de mexicanos a una mayor pobreza y desamparo.
Se incrementó la pobreza en cifras alarmantes, así como la inseguridad y la corrupción. Se dejó a los mexicanos sin salud y medicamentos, principalmente para atender a enfermos graves. Se arrebataron recursos económicos a estados, municipios y universidades; a la vez, la educación bajó de nivel.
Se abandonó a diversos sectores de población frente a los embates naturales, como desastres y demás. Se destinaron millonarios recursos a obras faraónicas que han resultado un tanto inservibles para la nación. Se dejó a madres trabajadoras sin guarderías para llevar a sus pequeños mientras laboraban. En una palabra, fracasó la lucha social de la 4T en México.
En contraparte, se incrementaron los precios de productos de la canasta básica, así como los energéticos y los servicios diversos, los cuales han hecho añicos el poder adquisitivo de la gente.
La 4T pensó que con dádivas a miembros de la tercera edad y a los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya se habría atendido el problema social en México, lo cual es una ficción, porque, a estas alturas, familias enteras viven difícilmente al cien por ciento del dinero que les da el Gobierno sin siquiera ser productivas en nada.
Hay quienes afirman que las dádivas gubernamentales han generado una dependencia total, a la vez que se convirtieron en una importante fuerza de coerción electoral, pues, como ya lo hemos visto en elecciones recientes, con la constante amenaza del partido oficial de suspender programas sociales si no ganaban sus candidatos.
El periodista Trinidad González consigna a la perfección el fracaso de los programas sociales que no lograron disminuir la pobreza durante el actual sexenio que está por terminar, destacando que los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y, en el mediano y largo plazo, serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del gobierno federal, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esta conclusión, de acuerdo con organizaciones civiles y ciudadanos entrevistados, cuestiona la eficacia de la entrega de dinero en efectivo o en tarjetas de los programas asistencialistas a los que dio prioridad el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dará continuidad la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
El combate a la pobreza fue una de las principales banderas del mandatario saliente y, para erradicarla, recurrió a la entrega de apoyos económicos vía transferencias monetarias a través del Banco del Bienestar.
Según un informe de Carlos Torres Rosas, coordinador general de los programas del bienestar del gobierno federal, el año pasado, veinticinco millones de mexicanos, que integraban el 71 % de los 37 millones de hogares del país, recibían algún tipo de apoyo social a través de dieciséis programas prioritarios.
El documento detalla que estos programas atienden a diversas poblaciones objetivo, que comprenden adultos mayores, personas con discapacidad, productores agrícolas, estudiantes, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos vulnerables.
Ahí se afirma que, antes del arribo del mandatario morenista a la presidencia de la república en diciembre de 2018, en el país había ciento cincuenta programas sociales, que se redujeron a ciento cuarenta y seis al eliminarse dieciocho y crearse catorce enfocados a los problemas de salud y educación.
Eso es únicamente refiriéndonos a los grandes núcleos de población, faltando lo que han padecido en lo que se refiere a sus derechos sociales, la población indígena de la nación, donde continúan las muertes por enfermedades curables, la miseria extrema y la hambruna, el desamparo en su máxima capacidad, sin que la llamada cuarta transformación hubiera movido un dedo para su atención.
Es evidente que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará recibiendo una nación donde sus familias se encuentran abandonadas, sin esperanza de acceder a mejores niveles de vida y trabajando bajo fuego cruzado, ya no tan sólo por las balas de la inseguridad, sino por el fracaso de una lucha social con algunas acciones que se presumieron ser mejores que en Dinamarca, pero que en realidad no lograron salir del palacio nacional.
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