En Campeche, según los datos que arroja el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV20), las personas afiliadas a servicios de salud, pasaron de ser en el 2010 el 76.8 por ciento al 77.5 por ciento en 2020, presentando un incremento de 0.7 puntos porcentuales. Sin embargo, de todos los afiliados el 45.5% dijo estar afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se consideró en esta categoría a quienes dijeron estar afiliados al Seguro Popular, el cual ya no existe, pues lo desapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, en realidad carecen de acceso a los servicios de salud pública y de seguridad social.
Presentados así, los datos coinciden con los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 en los que dio a conocer que, de manera general, el 53% de la población mundial carece de protección social. En México, 33 millones, el 26% de la población nacional, carece totalmente de afiliación a servicios de salud y el 33% de los usuarios sí afiliados han acudido a consultorios privados, sobre todo a los adyacentes a farmacias populares, en plena pandemia de la covid-19. Solo 45% de la población cuenta con servicios de salud de la seguridad social. Un obrero y su familia lo comprende inmediatamente, pues, al estar “asegurado” tiene garantizada la atención médica, aunque sea una percepción popular que el seguro (Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS–) “seguro te mata”, pues ofrece servicios muy deficientes comparados con los servicios privados, pero sí es un alivio trascendental contar con ese servicio médico, además de la seguridad en el ingreso en casos de vejes, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, etc., que se extienden no solo al asegurado, sino a su familia, sobre todo a los niños y a los padres ancianos. Es un derecho fundamental para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero en México la mayoría de los trabajadores no la tienen.
Una persona de ingresos medios puede quedarse pobre con una enfermedad grave, con mayor razón quienes tienen ingresos menores y no cuentan con servicios de salud. La población adulta es la más afectada por la desaparición del Seguro Popular, ya que no se va a poder “asegurar”, no tiene oportunidad de obtener empleo formal, debido a su avanzada edad. Saben que, si se presenta alguna enfermedad tal como el Cáncer, la Diabetes, Insuficiencia Renal, o cualquiera otra de las llamadas enfermedades graves o catastróficas, de curso crónico, de alto riesgo, y cuyo tratamiento es de elevado y prolongado costo económico, no van a tener recursos suficientes para atenderse y estarán prácticamente sin posibilidades de salvarse, ya que esos gastos no los cubre el Insabi, y que antes de la 4T sí cubría el Seguro Popular con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, uno de los primeros que canceló López Obrador y Morena para gastarlo en… solo ellos saben, antes incluso de extinguir el Seguro Popular.
En Campeche las oportunidades para obtener empleo son casi nulas para las personas desde los 45 a los 60 años, debido precisamente a que las empresas no quieren pagar las pensiones de las personas de edad avanzada y prefieren contratar personal de menor edad, “nos ven como bichos raros, porque ya no servimos”, pero no es eso, no les dan trabajo porque los patrones saben que en pocos años tendrán que pensionarlos y no quieren hacerlo. Esta situación deja a este sector de edad y a los siguientes sometidos a la informalidad y, por ello, a la carencia de seguridad social y servicios de salud, que se vieron fatalmente incrementadas por la desaparición del Seguro Popular.
El problema es más grave en la tercera edad, a pesar del programa de pensión para adultos mayores. Este programa fue creado en la época de Vicente Fox e implementado por primera vez con Felipe Calderón, en apoyo a las personas de 70 y más. Con Enrique Peña nieto se extendió a los adultos de 65 años en adelante, y con López Obrador se redujo a los de 68, inmediatamente después de tomar posesión, para luego extenderlo otra vez a los de 65, previo al periodo de campañas electorales. A pesar de esta ayuda, que se implementa con los recursos que pagamos todos los mexicanos, los adultos y sobre todo los llamados adultos mayores (de 60 años en adelante, no de 65), siguen siendo el sector social más vulnerable y también el más desamparado por toda la sociedad, en todo el país y también en Campeche.
Ellos son los que más sufren el abandono y la falta de acceso a servicios de salud, pues ellos sufren todas esas mismas carencias, a las que se suman los problemas de salud que se acentúan con la pobreza y la edad avanzada, así, por ejemplo, de la población de Campeche con discapacidad, el 49.2% se encuentran entre los 60 y 85 años. Lo mismo sucede con el problema de la educación o preparación, fundamentales para poder acceder a un empleo estable, ya que son mayores de 60 años el 47.7 de los analfabetos de Campeche.
Sin trabajo, sin ingresos, sin servicios de salud, sin seguridad social y muchos de ellos sin nadie que los vea, para los adultos mayores es un infierno la indiferencia de las instituciones y de los gobernantes que hasta arrugan la nariz cuando tienen que entregar una miserable despensa, ya no digamos al decirles no cuando solicitan unos anteojos o un bastón, como si estuvieran pidiendo caridad; un verdadero sufrimiento en sus últimos días para terminar muriendo solos por la falta de medicamentos que el funcionario sí les pudiera entregar pero se los niega “indignado”, altanero y majadero.
Nuestros adultos mayores necesitan, y se merecen, un sistema de seguridad social universal eficiente y de calidad, tener acceso a todos los servicios de salud y atención médica permanente y atenta, que garantice que ninguno de ellos va a morir cuando se le puede salvar y que, si no hay remedio, el intento se hizo y no lo hizo ni murió en la soledad de su pobreza y sin alma que le consuele, para que ya no sufran las carencias que hoy sufren injustamente. Se puede, pero a quienes administran los recursos de la nación les importa un comino.
La “pensión” que les entrega “directamente” el Gobierno Federal es, con mucho, insuficiente y no sustituye todo lo que les ha negado con mayor descaro que los gobiernos neoliberales que tanto critica, ni los fondos y programas que ha cancelado o extinguido, que se los ha quitado prácticamente de las manos, para darles el engañoso recurso monetario que no cubre lo más elemental. Los adultos mayores ya no necesitan elogios y reconocimientos, lo que se ocupa es garantizarles de verdad todos los servicios de seguridad social que no se pagan ni de broma con los miserables pesos que les entrega el presidente. Ya basta de engañarlos y de usarlos con fines propagandísticos y electoreros, ya basta de abusar de su necesidad y de manipularlos, ya basta de insultarlos de ese modo.
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