Los programas con los requisitos burocráticos para el bienestar son tan complicados para los campesinos y jornaleros de gran parte del país que, la mayoría de las veces, los supuestos beneficiarios no solicitan ningún apoyo, lo que beneficia a los empresarios agrícolas, quienes cuentan con despachos especializados para gestionarlos.
Este resultado ha sido tan notorio que, a finales de agosto pasado, el propio presidente de la República anunció que se hará una revisión a los dos millones de beneficiarios del programa para tener seguridad sobre la entrega de los apoyos. En esa ocasión, afirmó que procampo beneficiaba más a grandes productores, incluso a políticos, que a los campesinos que realmente lo requerían.
Los recortes al agro nacional, el campo ha sufrido severa reducción presupuestal, en contraste con el discurso oficial es todo lo contrario. En la primera mitad del sexenio, ningún presupuesto anual ha logrado siquiera equipararse al gasto agropecuario del presupuesto federal 2018, el último de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. En aquel año, la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) contó con un presupuesto de 76 mil 476 millones de pesos. En 2019, esta misma dependencia, pero ya con el nombre de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) operó con 65 mil 434 mdp, es decir, con una reducción del 14.4 por ciento. En 2020, la reducción fue más radical, perdió casi 20 mil mdp, quedándole apenas 46 mil 253 mdp, que este año aumentaron a 49 mil 291 mdp.
Tan solo el año pasado, en plena pandemia de la covid-19, unos 200 mil jornaleros abandonaron sus comunidades y pueblos de origen para trabajar en las grandes estancias agropecuarias de los Estados norteños y del noreste del país, según con informes de El Colegio de la Frontera Norte. El 80.5 por ciento de ellos, laboró en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Gran parte de la población jornalera en México es inmigrante. El abandono a los pequeños campesinos del centro y sur del país se ha acompañado del crecimiento de la producción agroindustrial en el norte del país. Debido a ello, y la falta de servicios básicos para una vida digna (salud, educación, infraestructura), decenas de miles de familias sin tierra o con tierras insuficientes para asegurar su subsistencia tienen que decidir: “migrar o morir".
Eso es a nivel nacional, pero también me gustaría hablar del municipio del Mezquital en el estado de Durango, que también esta con esta misma situación, los pobladores del municipio denuncian que llevan tres años sin recibir insumos agrícolas, apoyo que daba el gobierno en administraciones pasadas. Los servidores de la nación sólo anotan en las listas a quienes votan por Morena, pero que tampoco les llega nada, solo los tienen con engaños. Resulta que para la zona indígena del municipio, es necesario aplicar químicos que fortalezcan las milpas para que puedan obtener beneficio de su cosecha, como la tierra ha ido perdiendo su capacidad productiva, por eso necesitan de los insumos agrícolas, y es necesario que el gobierno les otorgue apoyos a la producción.
Desde que llegaron los de morena al gobierno, han eliminado varios programas, ya sea de fertilizante u otros insumos, antes se podía gestionar y la gente se beneficiaba aunque sea poquito pero a todos, pero ahora ya no hay ni oficinas a donde poder ir a preguntar por los programas, ahora la única salida para los campesinos tanto del municipio como de todo el país, es organizarse con el movimiento Antorchista, esperar el llamado de los líderes de Antorcha para dar la lucha por apoyos al campo, pues se saben de los recortes que se plantean en el presupuesto del gobierno para el 2022. A este gobierno que nos trata de engañar diciendo que primero son los pobres, tenemos que darle la lucha, aún más para lograr apoyos a la producción agrícola que el campesino tanto necesita.
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