Lo que vivimos en México a partir de 2018 no es surrealismo. ¿Qué habrían pensado los mexicanos y cómo habrían reaccionado quienes hasta antes de ese año eran oposición, si tan sólo hubieran sospechado que los gobiernos salidos de las filas del PRI o del PAN llegarían a acuerdos políticos para mantener el poder con grupos del crimen organizado, como presuntamente lo hizo Morena en Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y otros estados de la república?
La fiscal y el gobernador de Sinaloa nada han aclarado del montaje del asesinato del morenista, exrector y expresidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio, en una gasolinera, luego de la captura de Ismael Zambada, según lo denunció él mismo a través de una carta.
Desde la Constitución de 1824, la división de poderes fue un pilar fundamental, ahora debilitado por decisiones que favorecen la concentración del poder.
¿Cómo habrían actuado los diputados y senadores de Morena, si durante el Gobierno de Felipe Calderón o Peña Nieto estos hubieran propuesto que las Fuerzas Armadas, que tienen la encomienda de defender a nuestro país de cualquier invasión extranjera; garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia y la seguridad interior, con capacitación física de adiestramiento en el uso de la fuerza y de las armas, se hicieran cargo de manera permanente y con personal militar de la seguridad pública del país, en lugar de hacerlo con un mando civil?
¿Qué habrían hecho los políticos de Morena si los “prianistas” hubieran propuesto la desaparición de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, cuya función es, además de proteger los datos personales de los mexicanos para evitar que sean tergiversados o utilizados para fines negativos, promover una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas de los gobiernos?
¿Cómo habrían actuado López Obrador, Fernández Noroña, Ricardo Monreal y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista si los gobiernos del PAN o del PRI hubieran acordado desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas (Coneval), que tiene como atribuciones normar y coordinar la evaluación de políticas y programas que ejecuten las dependencias públicas, además de mejorar la eficacia y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social y la medición de la pobreza? ¿Qué esconden?
¿Y qué habrían hecho los diputados y senadores morenistas, si los gobiernos priistas o panistas hubieran propuesto la reforma al Poder Judicial que ellos, con su mayoría absoluta, convertidos en Congreso constituyente, acordaron, y peor aún, si hubieran aprobado la llamada “Ley de Supremacía”, que no es más que una ley para blindar las iniciativas que aprobó el Congreso de la Unión, integrado por mayoría de los diputados y senadores del partido Morena?
La Ley de Supremacía recientemente acordada por la mayoría de Morena es una ley para impedir que uno de los tres poderes, el Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñe su función, que consiste precisamente en revisar e interpretar la Constitución política y las leyes que de ella emanan, sin la autorización de Morena y el presidente de la república. ¿Dónde queda la independencia de poderes?
Desde la Constitución de 1824, a la caída del Primer Imperio Mexicano, el Acta Constitutiva de la Federación mexicana delimitó de manera definitiva la división de poderes, poniendo a la cabeza del Judicial a una Corte Suprema de Justicia, y la última, de 1917, es muy clara. Es su facultad interpretar e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnere los derechos humanos de las personas.
Los políticos de la 4T seguramente habrían hecho una verdadera revolución, con toma de las Cámaras de Diputados, los Senadores y del Palacio Nacional. Habrían cerrado calles y avenidas principales de la Ciudad de México, bloqueado carreteras y autopistas.
Habrían acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, a las Naciones Unidas y habrían solicitado la intervención hasta del mismo Papa de Roma.
Judicialmente habrían interpuesto miles y millones de amparos para impedir la constitucionalidad de la propuesta. Todo hubiera sido válido, por el bien de la democracia y de todos los mexicanos.
Ahora, bajo su gobierno, es legal hasta la ley que asesina la Constitución.
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