* Con un caso de 60 años de antigüedad y otro que involucra a 15,000 comuneros, la Procuraduría Agraria tuvo que intervenir el año pasado en más de 1,255 conflictos, logrando destrabar los más emblemáticos.
Durango, Dgo. La Procuraduría Agraria, representante en la entidad, Ignacio Ruiz Nevárez enfatizó que durante los últimos años se han tenido avances en la resolución de conflictos agrarios en Durango, pero hay cinco casos cuya antigüedad y complejidad los hace más relevantes.
Uno de ellos es del Nuevo Centro de Producción Agrícola (NCPA) Tlahualilo, cuyos involucrados se han manifestado en las oficinas de la Procuraduría, y que tiene 60 años sin avanzar debido al abandono institucional al tema y una reforma agraria que no favoreció la resolución.
Pero se dijo confiado en que el acompañamiento que se está dando en los Tribunales Agrarios genere las condiciones para culminar con una resolución pronta.
De igual forma, comentó sobre el caso de Santa María de Ocotán, en el municipio de Mezquital, y cuya variedad de aristas exige diferentes acciones para poder acercar a las partes en conflictos, considerando que tiene cerca de 15 mil comuneros, a una solución tras décadas sin lograrse.
Dicha información se generó durante el primer informe de la actual Administración Federal, donde puntualizó que en el último año se tuvo que intervenir para conciliar en mil 255 conflictos agrarios, alcanzando acuerdos entre las partes.
A la par, resaltó el acompañamiento de la Procuraduría a los ejidos Atotonilco, Otilio Montaño, San Lucas y San Agustín, del municipio de San Juan del Río, para conciliar los procesos de desarrollo de los proyectos mineros de oro y plata "El Castillo" y San Agustín".
Así como en las negociaciones por la controversia generada por el paso de instalación de tubería de conducción de agua hacia la planta potabilizadora de Durango, y la negociación por la construcción de la cortina de la presa Tunal II en los ejidos El Tunal, El Nayar y La Casita.
Agregó que en el último año también brindaron ocho mil 100 asesorías jurídicas, orientaciones y gestiones, así como apoyo en sus trámites a mil 623 personas ejidatarias o comuneras.
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