A simple vista, la medida parece acertada: prohibir la venta de comida chatarra dentro de las escuelas y en sus alrededores para combatir la obesidad en los niños y prevenir la diabetes e hipertensión en los adultos no parece tener ninguna objeción, dado que es un problema que en este mismo espacio denuncié el pasado 20 de septiembre como preocupante, por decir lo menos.
Como país, el 36.9 % de las personas adultas viven en esa condición, con lo cual ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. Como estado, con una población afectada con la terrible cifra de 79 %, Tabasco está ubicado en cuarto lugar a nivel nacional; sólo por debajo de Baja California Sur, Yucatán y Campeche.
El problema de la obesidad no obedece sólo a un desorden alimenticio, sino a factores económicos y laborales que impulsan a la gente a consumir productos accesibles pero dañinos.
Recordaba también, en mi mencionada colaboración, que a inicios de este año la Secretaría de Salud en la entidad señaló que en materia de obesidad infantil, Tabasco se encontraba en el primer lugar a nivel nacional. Lo que es peor: no contaba con un plan para solucionar el problema.
Por ello, el anuncio dado a conocer por la Secretaría de Educación, en el sentido de cerrarle las puertas a la venta de “alimentos” y bebidas con exceso de grasas, azúcares y conservadores, puede parecer no solo correcto, sino necesario y urgente.
Sin embargo, si vemos las cosas más de cerca, nos daremos cuenta de que el problema de la obesidad no obedece sólo a un desorden alimenticio o a la falta de una cultura de alimentación sana y nutritiva.
De acuerdo con los expertos en el tema, el fenómeno se debe a que, en la mayoría de los casos, la gente no tiene suficiente dinero para comprar alimentos sanos y nutritivos; y no lo tiene porque los salarios son muy bajos e insuficientes; esta situación los orilla a “matar el hambre” con productos más económicos y accesibles, que pueden ser frituras con alto contenido de sal y grasas o bebidas gaseosas con altos niveles de azúcar.
Se sabe, por ejemplo, que las sopas instantáneas y otros productos cuentan, además, con componentes químicos que alteran el sentido del gusto, haciendo que quien las consume perciba con más intensidad el sabor y textura, lo cual no experimentará en los alimentos comunes, generando con ellos cierta dependencia.
Se puede refutar lo anterior argumentando que los salarios ya no están como antes, porque en estos últimos años sí ha habido incrementos significativos al salario, y eso es cierto. Pero también hay que recordar que, al mismo tiempo que suben los salarios, crece también la inflación y suben también los precios de la canasta básica.
Durante el sexenio que acaba de terminar, un litro de aceite que en 2019 costaba 32 pesos, en 2024 cuesta 43; el arroz pasó de 22 a 37 pesos; y así nos podemos seguir con el azúcar, el frijol, la tortilla y la carne, alimentos que tuvieron un incremento por arriba del 74 %, dejando a los trabajadores igual que antes.
Otra cosa que hay que tomar en cuenta antes de dar por buena la medida que venimos comentando es el rubro del empleo.
No hay que olvidar que en el mes de julio de este año, Tabasco, con una tasa de desocupación del 4.5 %, se posicionó en el primer lugar nacional en desempleo, superando a Coahuila y Ciudad de México. Por si esto no fuera suficiente, también ostentamos el primer lugar en pérdida de fuentes de trabajo, ya que de julio de 2023 a julio de 2024 el 10.8 % de los empleos se perdieron.
Ante esta situación, no cuesta mucho comprender por qué la gente busca la forma de realizar alguna actividad que le permita allegarse algún ingreso.
Por ejemplo, vendiendo los productos que ahora las autoridades educativas están prohibiendo. Según cifras oficiales, el 62.6 % de los empleos que están funcionando en el estado corresponden a este tipo de autoempleos. Eso equivale en números absolutos a 668 mil 542 personas dedicadas al ambulantaje o a actividades catalogadas como de empleo informal.
¿Cuántas de esas personas se encuentran vendiendo fuera de las escuelas? ¿Y qué pasará con ellas ahora que se apliquen las nuevas medidas gubernamentales?
Como conclusión, podemos decir que, tomando en cuenta la situación económica nacional y estatal, donde los altos índices de desempleo y los bajos salarios obligan a la gente a consumir productos que les provocan obesidad, hipertensión y diabetes, la solución no está sólo en prohibir la comercialización de tales productos, sino en una agresiva campaña de generación de empleos e incrementos salariales que generen un ingreso digno y suficiente para que cada mexicano tenga la posibilidad de incluir en su dieta diaria la carne, la leche, el pescado, las frutas, las verduras, los cereales y otros alimentos sanos y nutritivos.
Limitar la estrategia sólo a prohibir tal o cual producto equivale a dejar sin qué comer a unos y sin empleo (aunque informal) a otros, con lo que el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
Otra cosa que puede pasar es que esta nueva medida corra la misma suerte que tuvo en su momento el Acuerdo Nacional por la Salud y la Alimentación (ANSA), instrumentado en enero de 2010 por Felipe Calderón, o la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y las Diabetes”, que entró en vigor con Peña Nieto en mayo de 2014.
En ambos casos se prohibía el expendio de comidas chatarra que ya quedaron descritas más arriba y se hablaba de que a partir de esa fecha, en las escuelas sólo se venderían jícamas y naranjas con chile y aguas de frutas naturales. Ambas tenían la misma buena intención que las autoridades actuales, pero desgraciadamente también comparten las mismas deficiencias, con lo cual el riesgo de que compartan los mismos resultados es muy alto.
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