El 15 de octubre del año pasado, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los ángeles, California, al cual arribó junto con su familia para pasar unos días de descanso en dicha ciudad. De acuerdo con información oficial, se le acusaba de cuatro delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero; el Departamento de Justicia norteamericano señaló que el General Cienfuegos "abusó de su posición para ayudar al cártel de los Beltrán Leyva a traficar drogas a Estados Unidos y protegerlos en México, a cambio de sobornos”.
Como era de esperar por tratarse de un militar de alto rango, condecorado incluso por el gobierno de la nación que ahora lo acusaba y por ser un ex secretario de Estado, la reacción de nuestro presidente fue rápida. Al respecto, López Obrador señaló, en la mañanera del 16 de octubre, que era un hecho lamentable y, aunque dijo que se debían esperar los resultados de las investigaciones, no dudó en afirmar que "era una muestra inequívoca de la descomposición del régimen… durante el periodo neoliberal&rdquo, pues para ese momento ya estaba detenido, también en Estados Unidos, Genaro García Luna, responsable de seguridad pública con Felipe Calderón. Ya encarrilado, el mandatario dijo que se suspendería a los militares que resultaran involucrados en el caso.
Pero el tono del señor de Palacio Nacional y la situación cambiaron radicalmente al paso de los días, ya que las fuerzas armadas, incluido el mismo secretario de la Sedena, General Luis Crescencio Sandoval, pupilo y colaborador muy cercano del militar detenido, hicieron cuerpo para defender a Cienfuegos. El 30 de octubre eso se vio reflejado cuando Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo: "le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país, y se valorarán acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”. Ahora sabemos que el Gobierno mexicano puso sobre la mesa revisar todo el esquema de colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como manera de presionar para que se revirtiera la situación del general Cienfuegos.
La operación política siguió; el mismo presidente López Obrador intervino ante Donald Trump, poniendo por delante su buena relación. Al final de cuentas, la justicia estadounidense retiró los cuatro cargos en contra de Cienfuegos Zepeda, a cambio de que México continuara con la investigación, puesto que, a decir del canciller Ebrard, los delitos por los que se acusa al ex titular de la Sedena se "habrían realizado” en México. Nuestros vecinos sabían de la inestabilidad política que acarrearía este caso para nuestro país, y decidieron dar marcha atrás. De esta forma, el 18 de noviembre, el general Cienfuegos Zepeda llegó al aeropuerto de Toluca, de donde partió a su domicilio.
Toda esta novela terminó la semana pasada. La Fiscalía General de la República exoneró al General Cienfuegos. El expediente mandado desde Estados Unidos, que se hizo público por orden del presidente López Obrador, resultó no ser tan contundente como señalaba la justicia norteamericana; no se pudo demostrar que el ex secretario fuera la persona de la que se habla en las conversaciones entre delincuentes y menos que hubiera tenido contacto con ellos.
Esta trama, que por momentos pareció de novela policiaca, debería llevarnos a repensar varios aspectos. Uno, el Ejército mexicano es una de las instituciones más sólidas del país y, por lo mismo, cuando haya acusaciones graves, no se puede opinar a la ligera como lo hizo el presidente López Obrador al principio y como lo siguen haciendo sus opinadores profesionales. Dos, las fuerzas armadas son grandes aliadas del presidente y por eso tuvo que recular, ya que realizan diversas tareas en su gobierno, pero, ¿nuestros militares deben construir vías férreas, aeropuertos, trabajos que le corresponden a la policía y realizar labores que más bien los debilitan? Por último, no se entiende la necesidad de hacer público el expediente judicial, lo cual tensará todavía más la relación con el nuevo gobierno de Joe Biden. Espero que el señor de las mañaneras sí lo sepa.
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