En México, después de la Revolución Mexicana se instauraron, legalmente, garantías para que todo mundo pueda manifestar libremente sus opiniones con respecto a los problemas políticos, económicos y sociales, del país y para que ese ejercicio no fuera perseguido por el gobierno o la fuerza armada. También se dijo que cualquier institución o persona que limite el derecho de la libre manifestación de las ideas y la libre acción de la gente comete un delito grave que debe ser sancionado sin falta.
Han pasado más de 100 años de que un pueblo revolucionario, en pleno proceso de transformación, logró varios cambios que al país le urgían para enterrar entre el polvo de la historia a la dictadura sangrienta de don Porfirio Díaz, que representaba a la clase adinerada, pero conservadora, de México. La Revolución Mexicana, que significó un gran avance en el desarrollo del país, dejó cuentas pendientes con la clase trabajadora, los campesinos y los obreros, porque los sacó de la penuria en las haciendas en los campos y los envió a ser explotados en las fábricas de las grandes ciudades. Han pasado más de 100 años de que acabó la Revolución y México vuelve a sufrir una dictadura, ahora encabezada por la “izquierda mexicana” de Andrés Manuel López Obrador y su partido político, que es Morena.
Ejemplos sobran, pero veamos uno reciente. Hace unos días la Cámara de Diputados discutió y rechazó, con los votos de la oposición, la reforma a la industria eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma proponía otorgar a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la producción, conducción y entrega del fluido eléctrico a los consumidores, en detrimento de los inversionistas privados. Varios expertos en el tema eléctrico se opusieron a la reforma con razones, cifras y argumentos. Los diputados de los partidos políticos de oposición propusieron algunas modificaciones importantes para darle el voto a la reforma, pero esas modificaciones fueron desechadas por los diputados de Morena y, por lo tanto, la Cámara de Diputados votó en contra de la propuesta de reforma a la industria eléctrica de López Obrador.
Después de la derrota, el presidente de México, los diputados de Morena y los grupos de la izquierda radical culparon a los opositores a la reforma de “traición a la patria” e iniciaron una campaña de hostilidad y odio en su contra, con pintas, volantes con sus fotos, en las “conferencias mañaneras”, en las redes sociales y hasta en carteles con fotografías de los opositores bajo la frase de “traidores” en los que solo falta que digan: se busca, vivo o muerto. Se trata, pues, de una campaña de terror alentada por López Obrador y puesta en marcha por las hordas salvadores de Morena.
Desde 2018, miles de mexicanos que no comparten las ideas de la 4T sufren amenazas, vejaciones, cárcel, asesinatos o desapariciones. Ahora, este llamado a la violencia contra los diputados opositores al presidente es un salto de calidad en la política de confrontación y de exacerbación de los odios por diferencia de opinión entre los mexicanos, atizada desde sus “mañaneras” por el presidente López Obrador.
La agresión de Morena contra el 50% de los diputados es un ataque al pueblo mexicano, porque acallarlos con acusaciones infamantes, con amenazas de cárcel o de linchamiento por los “chairos” es acallar y amenazar al pueblo representado por ellos.
México vive, como dijo el maestro Aquiles Córdova: “una dictadura personal, una autocracia que insiste en llevar a México a donde su ´sabiduría´ y su voluntad infalible le sugieren. Si seguimos por este camino, el riesgo de una guerra civil se hará cada vez más patente y amenazante”.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario