La desigualdad social en México es un problema que debe preocuparnos. Debemos analizarla con profundidad, porque afecta en múltiples dimensiones la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos.
Desde la distribución del ingreso hasta el acceso a servicios básicos como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el salario, etcétera.
Esta desigualdad social y la concentración de la riqueza en México es un problema estructural persistente, que se caracteriza por una alta disparidad impositiva entre la mayoría de la población y una élite económica, es decir, la brecha que existe entre la mayoría que es el pueblo trabajador y creador de la riqueza social por un lado, y por el otro una minoría que es quien concentra la riqueza.
Mientras que millones de mexicanos sobreviven con el salario mínimo —278.80 pesos diarios en casi todo el país y 419.88 pesos en la zona norte y frontera con Estados Unidos—, son los trabajadores asalariados los que aportan el impuesto proporcional establecido en la ley.
Asimismo, miles de las pequeñas y medianas empresas aportan su contribución periódica y al pago diario del impuesto al consumo al adquirir infinidad de productos y servicios.
En este contexto, la afirmación de que en México el pueblo paga impuestos “hasta por ir al baño” no es más que una muestra de la realidad sobre la alta carga fiscal en servicios y bienes de consumo.
Y por si fuera poco, para este 2026, nuestra flamante Cámara de Diputados y el Senado aprobaron en México un paquete económico que incluye nuevos impuestos y aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), impactando el bolsillo de los ciudadanos. Los ajustes incluyen mayores gravámenes en servicios públicos, ropa, calzado, refrescos, alimentos, etcétera, lo que consume el pueblo.
Los millonarios mexicanos obtienen fabulosas ganancias cada segundo y sus fortunas están casi exentas de carga impositiva.
En México, el 10 % más rico concentra aproximadamente el 70 % de los ingresos, pero no paga impuestos proporcionalmente a su riqueza; utilizan estrategias fiscales y exenciones para minimizar sus aportaciones. Para que se den cuenta de esa brecha abismal de la que les hablo, veamos lo siguiente.
La Oxfam reportó que el empresario mexicano Carlos Slim Helú es el hombre más rico de la región y que en 2025 alcanzó una fortuna sin precedentes.
En los últimos cinco años desde el inicio de la pandemia, “Slim ganó en un segundo lo que a una persona promedio en México le toma una semana de trabajo”, aunque según la revista Forbes, Slim pasó de 102 mil millones de dólares en 2024 a 82 mil 500 millones de dólares en 2025. Y ya ni hablar de esto en materia de impuestos.
Los ingresos por año de los empresarios más ricos del país representan miles de millones de dólares. Analistas estiman que con menos del 10 % de esos ingresos anuales el gobierno obtendría recursos suficientes para mejorar las finanzas públicas, que actualmente se hallan en situación deficitaria, porque la mayor parte de los ingresos que obtiene el gobierno, con la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), viene de los estratos más pobres, principalmente de los trabajadores asalariados y también de las pequeñas y medianas empresas.
¿Cómo se ve toda la ganancia de los multimillonarios ante el salario con el que sobrevive la clase trabajadora para cubrir sus necesidades, que de por sí ya son muchas, más el pago de los impuestos? Con ello se va generando más pobreza, la brecha entre pobres y ricos cada día es abismal.
Definitivamente, la desigualdad social radica en la concentración de la riqueza y en la falta de políticas públicas que la distribuyan equitativamente. Las administraciones, incluidas las de Morena, han priorizado los intereses de las clases ricas.
Por ello, el Movimiento Antorchista insiste en organizar al pueblo pobre para formar una fuerza política capaz de ejecutar un plan económico que redistribuya la renta nacional y acabe con el hambre y la pobreza.
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