Como si fueran pocos los problemas del estado de Veracruz, su gobernador y los funcionarios de la autodenominada “Cuarta Transformación” se encargan de debilitar más la deficiente justicia de este Estado.
Solo en el terreno de la aplicación de la justicia, Veracruz tiene en su sistema judicial un rezago de 55 mil expedientes sin resolver según lo confesó, sin decoro alguno, la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, magistrada Isabel Inés Cruz Romero, el 13 de julio de 2021. Esto es no solo vergonzoso sino que se traduce para el ciudadano común en terror social, en zozobra, pues el ciudadano está a merced de los criminales que se desbocan en este paraíso de impunidad ante la tolerancia (¿complicidad?) del Estado.
Veracruz es un territorio de impunidad y solo como otra prueba reciente, refiero esta nota del crimen electoral: “Veracruz ha registrado 45 víctimas de casos de violencia en contra de aspirantes y candidatos a elecciones populares, lo que pone a la entidad en primer lugar de violencia política, seguido de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021 (de Etellekt.19, mayo de 2021). Ni más ni menos, Veracruz el otrora estado de paz provinciana y de prestigio turístico, hoy es referente delincuencial y de desprestigio político gracias a sus actuales gobernantes.
Pero el problema se ahonda aceleradamente o lo ahonda el propio gobernador Cuitláhuac García y sus funcionarios transformadores. Al interior de sus filas burocráticas se disputan el presupuesto del sistema judicial en el estado, por un lado, los ambiciosos funcionarios del bando del gobernador y por otro, el escuadrón de los magistrados y jueces que se mantuvieron de los pasados gobiernos.
El problema comienza porque el poder judicial del estado presenta una insolvencia de 500 millones de pesos por los recortes de presupuesto, el ahorro por austeridad o los ejercicios obligados que el presidente de la República les impuso a sus partidarios que gobiernan, para financiar sus obras emblemáticas o para ejecutar el pasado fraude electoral donde gastó inmensas fortunas.
Como medidas emergentes a este gran faltante, la poderosa Directora Administrativa de la Judicatura, Johana Marlen Bautista (íntimamente vinculada al Tesorero Estatal), advirtió que bajaría las compensaciones de los magistrados y jueces atropellando los derechos laborales de los letrados. Estos respondieron en boca de la Magistrada Concepción Flores Saviaga quien “acusó a la Directora de Administración de la Judicatura de saquear al poder judicial, denunciando que la Directora Johana Marlen Bautista contrató 150 personas sin perfil y les asignó un sueldo altísimo y que solo revisan los resúmenes administrativos”. Al mismo tiempo pidió la destitución de la Presidenta del Tribunal de Justicia, la magistrada Isabel Inés Romero Cruz que se alinea con la Judicatura (Diario de Xalapa, 13 julio, 2021).
Pero el problema más delicado y de gravísimas consecuencias para los veracruzanos, es la otra medida emergente que impuso el Pleno de la Judicatura sin tomar en cuenta al Pleno de Tribunal Estatal que consistió en eliminar del sistema judicial 29 juzgados en el estado de Veracruz. La razón expuesta fue: “para que se administre la justicia con transparencia, eficacia honradez y austeridad”. Los juzgados que se cierran son del orden penal, de lo familiar, de lo civil (Circular No. 23, Pleno de la Judicatura). Con esta medida desesperada, dañina y peligrosa se pretende, en el fondo, ahorrar (más aún) 22 millones de pesos en este año para disminuir el faltante que provocaron los funcionarios del ejecutivo, como lo afirmó la presidenta de los Juzgados en Veracruz. Más irracionalidad no puede caber en este Gobierno.
Estas medidas buscan dejar en cero la débil justicia institucional en Veracruz y sus consecuencias son muy graves para el pueblo veracruzano pues, en primer lugar, encarece el servicio de la justicia a las víctimas de amplias regiones del estado, de por sí cara para todos; en segundo lugar, imposibilita la búsqueda de justicia para los agraviados por ser, para muchos, imposible trasladarse a buscar auxilio a lugares más lejanos; en tercero, aumenta la carga de trabajo para los juzgados receptores del servicio que de por sí padecen tortuguismo histórico; cuarto, desmerece la calidad del servicio judicial al disminuir las prestaciones de los jueces y aumentándoles fuertes jornadas de trabajo, etc., y quinto, obstaculiza la atención del enorme rezago judicial aumentando la perversa impunidad todavía más.
Por ejemplo, narra un abogado inconforme “Es tan grave la situación que cerraron el micro regional en Uxpanapan. La mujer indígena que estaba cerca al micro regional ya no podrá acudir. Ahora tendrá que trasladarse hasta Coatzacoalcos, siete horas donde hay casos de feminicidios y a esa mujer se le violentan sus derechos fundamentales para tener un acceso pronto a la justicia” (La Silla Rota, 13 de julio 2021).
Otro triste ejemplo: “Hombres y mujeres que hoy hacen guardia día y noche en el Juzgado Sexto de lo Familiar, tras haber tomado la Ciudad Judicial de Misantla, tienen razones más allá de lo profesional para manifestarse: afirman que los derechos de niños, principalmente, podrían verse afectados de concretarse el cierre de este órgano jurisdiccional. Advierten que de los mil 500 expedientes que se desahogan en dicho juzgado, prácticamente en el 90 por ciento hay menores involucrados en asuntos trascendentales como su custodia (ídem).
La ignorancia e irracionalidad que caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación se coronan en Veracruz con Cuitláhuac García, el estulto gobernador. Irracionalidad e ignorancia que comienza desde el presidente de México, López Obrador. Pero, ¿esa ignorancia e irracionalidad aparentes no ocultarán una simulada pero muy consciente protección de la criminalidad? Es difícil saberlo, pero cuando menos, el golpe político y presupuestal al débil e insuficiente sistema judicial en Veracruz apuntan en ese sentido.
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