El pasado 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación. Esto, a decir de la Unesco, el Día Internacional de la Educación 2025 inspira reflexiones sobre el poder de la educación para dotar a las personas y a las comunidades de los medios necesarios para navegar, comprender e influir en los avances tecnológicos.
La educación pasa por una crisis de la cual no ha podido reponerse desde la pandemia, y a pesar de ello, los criterios para desarrollar la educación se quedan cortos todavía.
A medida que los sistemas informáticos y de IA se vuelven más sofisticados, los límites entre la intención humana y la acción automatizada se difuminan, lo que plantea cuestiones críticas sobre cómo preservar, redefinir e, idealmente, elevar la agencia humana en una era de aceleración tecnológica.
Por otro lado, la Constitución Mexicana asegura que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”…
Esto es lo que determina la ley, y si esto fuera ejecutado en tiempo y forma, tal como así se determina en nuestra carta magna, no habría necesidad siquiera de este mismo escrito pero, al igual que muchos otros derechos, la educación queda solamente en papel, en puros compromisos, en puras promesas. Este derecho no llega al 100 % de los niños mexicanos, ni siquiera al 90 %.
A pesar de que el gobierno se justifique, no es por “falta de escuelas o porque los papás los meten a trabajar”. Esto también es responsabilidad del gobierno.
Sí, la educación pasa por una crisis de la cual no ha podido reponerse desde la pandemia, y a pesar de ello, los criterios para desarrollar la educación, las políticas para poner en marcha este derecho, se quedan cortos todavía. Ni siquiera estamos como en los países menos desarrollados, pues, por todos lados, a la juventud se le ataca y se le quiere ideologizar, menos por el lado de las escuelas y las aulas.
Ejemplo de esto que se dice es que, solamente comparando lo que destinan países importantes como China, se demuestra que ellos sí le toman importancia a las nuevas generaciones.
En 2022, China destinó el 10.5 % de su gasto público total a educación. En ese año, el gasto público en educación per cápita de China aumentó un 13.14 % respecto al año anterior. En México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 propone un incremento del 0.10 % en el financiamiento educativo en comparación con el presupuesto de 2024, es decir, el gasto educativo en 2025 se estima en 1.086 billones de pesos, lo que representa un 3.2 % del PIB.
Cuando un país quiere sacar a su pueblo adelante, lo alienta a seguirse preparando, invierte en mejorar sus condiciones educativas y de vida, invierte para que ellos sean, como dicen muchos, el futuro de nuestro país.
Pero en México esto no está pasando y poco se avizora, pues existen “otras prioridades para el segundo piso de la 4T”, prioridades que ayuden a mantenerlos en el poder y que solo cambien por encimita algo para que no digan que no hicieron nada.
Desde arriba no cambiarán nada, por ello tiene que ser la fuerza social del pueblo organizado la que cambie esta situación, no sólo la educación, no sólo mejorar la calidad de vida de los mexicanos de manera momentánea, sino que cambie el modelo económico actual por uno justo y equitativo que garantice los derechos que nuestra Constitución así lo determina.
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