La situación que enfrentan los campesinos de nuestro país es una muestra clara del abandono gubernamental y la falta de una política eficiente para el campo. La desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), lejos de solucionar los problemas de pago y acopio, ha profundizado la incertidumbre entre los productores, quienes ahora se ven obligados a vender su cosecha a intermediarios (coyotes) a precios muy por debajo del establecido oficialmente.
La desaparición de Segalmex y los retrasos en los pagos a los campesinos han profundizado la crisis en el campo, poniendo en riesgo la estabilidad económica de los productores y la seguridad alimentaria del país.
Es inaceptable que, mientras el gobierno estableció el precio del frijol en 27 pesos por kilo, los campesinos apenas puedan aspirar a recibir diez pesos o menos debido a la falta de pago y el cierre imprevisto de centros de acopio.
Esta situación no sólo compromete la estabilidad económica de los productores campesinos, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria del país al desincentivar la producción del grano.
La indiferencia de las autoridades tanto estatales como federales demuestra una falta de compromiso con el sector agrícola, un pilar fundamental de la economía mexicana.
Se necesita urgentemente una respuesta efectiva, que incluya el pago inmediato a los productores, la reapertura de centros de acopio y la implementación de una estrategia que garantice precios justos y condiciones dignas para los campesinos. De lo contrario, el grano que produce el campo quedará en manos de especuladores, mientras los agricultores siguen padeciendo las consecuencias de la inacción gubernamental.
En Durango, por más de noventa días, los campesinos han esperado un pago que no llega. Segalmex, la dependencia que debería ser un puente entre el esfuerzo rural y la estabilidad económica, adeuda 190 millones de pesos a más de mil cien productores de frijol y maíz.
Este retraso no es sólo un incumplimiento administrativo; es un agravio directo al corazón del México productor, que sostiene la seguridad alimentaria del país con esfuerzo físico, económico y emocional.
Cabe preguntarnos entonces: ¿qué ocurre cuando una institución diseñada para proteger al campo lo abandona? Las reglas de operación son claras: Segalmex debe liquidar los pagos quince días después de recibir los productos.
Sin embargo, la realidad muestra una cadena de fallas que van desde la mala gestión interna, marcada por cambios administrativos recientes, hasta la falta de respuesta efectiva ante una crisis que golpea a quienes menos pueden esperar.
Para los campesinos, esta situación no puede continuar así. Muchos de ellos dependen de créditos bancarios para sembrar, para después cosechar, con ello pagar deudas y mantener a sus familias.
Ahora, los intereses de estas deudas crecen mientras los ingresos prometidos no llegan. En un país donde el campo ya enfrenta retos como el cambio climático y los costos crecientes de producción, hay que sumarle la incertidumbre financiera que es un golpe devastador para todos los productores.
Los retrasos en los pagos también evidencian un problema más profundo: la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de los productores. Mientras en la Ciudad de México se anuncian planes para apoyar al campo, en los ejidos de Durango, sólo once de los 27 Centros de Acopio están funcionando, y toneladas de frijol y maíz permanecen sin liquidar.
Esto sólo es uno de los síntomas que refleja un sistema que, lejos de empoderar a los campesinos, los asfixia con la burocracia y la indiferencia.
Las respuestas tardías y las promesas vacías han generado desconfianza en un sector que ya no espera justicia, sino un milagro.
Segalmex tenía en sus inicios una misión noble: garantizar precios justos y apoyar la producción nacional. Sin embargo, los hechos ponen en duda su capacidad para cumplir con dicha tarea.
Es momento de exigir la rendición de cuentas, no sólo por los 190 millones de pesos adeudados a los campesinos duranguenses, sino también por todos los incumplimientos a los campesinos de todo el país, por el daño causado a quienes dependen de su trabajo en el campo para subsistir.
El gobierno tiene una deuda con los campesinos mexicanos, resolver esta situación no es solo un acto de justicia, sino un mensaje claro de que el campo mexicano no será abandonado. Porque, si el corazón del campo deja de latir, toda la nación sufre las consecuencias.
Es tiempo de acción, no de excusas. El campo ya no puede esperar.
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