Por polémico que pueda parecer el título de mi opinión, corresponde exactamente a la realidad de lo que ocurrió en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en contra de estudiantes humildes, en contra de la juventud, en contra de la educación. Me refiero al despojo del que fueron objeto los jóvenes del albergue “Juan Manuel Celis Ponce” a manos de la policía del lugar, por indicaciones del presidente municipal. A eso de las cinco de la tarde del día veintiséis de abril del presente año, un grupo de aproximadamente treinta policías armados irrumpieron en el inmueble; sin documento u orden judicial comenzaron a forzar las puertas, despintar las leyendas y murales del albergue, aprovechando que la mayoría de los moradores estaba de vacaciones.
El despojo del que fueron objeto los jóvenes del albergue “Juan Manuel Celis Ponce” a manos de la Policía del lugar, por indicaciones del presidente municipal, es un claro ejemplo de abuso de poder y falta de respeto hacia la educación y los derechos de los estudiantes.
Aunque se encontraban algunos padres y familiares, los sacaron del predio sin mediar palabra alguna, amenazándolos con quitarles los celulares si tomaban fotografías o videos. Cuando los jóvenes intentaron entrar por sus pertenencias, los policías les negaron la entrada y toda explicación sobre los motivos de la intrusión ordenada por el alcalde morenista, Isidro César Figueroa Jiménez.
La historia del albergue se remonta al año 2013, cuando un grupo de estudiantes, hijos de colonos y de campesinos de la región de la Sierra Sur, se organizaron para gestionar un albergue para los estudiantes de las comunidades que se concentran en Miahuatlán para terminar su bachillerato o una carrera universitaria; sin embargo, el presidente en turno no dio ninguna alternativa de solución.
Fue hasta el año 2016 que, después de varias pláticas y reuniones conciliatorias, el edil de aquel entonces respondió que su administración no tenía la capacidad económica de realizar la obra. Pero, reconociendo que era una necesidad, se comprometió a apoyar con las gestiones ante el gobierno del estado y destinar una fracción de terreno para el objetivo. Fue así como la FNERRR (Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez), con el apoyo del Movimiento Antorchista, comenzó la petición al gobierno del estado sin respuestas favorables.
Por ello, la gestoría escaló a la federación, logrando que se etiquetara recurso del extinto RG23 en dos etapas, una en el año 2016 y la otra en 2017, para lo cual, en contrato de comodato, el municipio cedió el predio para la construcción.
El proyecto incluía equipar un comedor estudiantil, biblioteca, sala de cómputo, servicios de internet y luz, promesa que el gobierno del estado en ese entonces no cumplió. Ahora, con el gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz, aunque los jóvenes de la FNERRR han presentado su pliego de demandas, solo han recibido la indiferencia total. Esa es la razón por la cual el albergue “Juan Manuel Celis” está medianamente funcional.
Aun con carencias, lo habitan algunos estudiantes que siguen exigiendo que se termine cabalmente el proyecto para dar alojamiento a por lo menos ochenta estudiantes del municipio y la región.
La ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz es la cabecera distrital de esa zona; ahí se concentra la mayoría de las poblaciones rurales aledañas para el comercio y los estudiantes para concluir sus estudios. Sin embargo, el rezago en las escuelas es muy grande; según el censo de población y vivienda de 2020, realizado por el Inegi, el 55 % de las instituciones educativas no cuentan con agua potable o su sistema ya es deficiente, el 20 % carece de drenaje, el 40 % no cuenta con instalaciones eléctricas propias y el 85 % no cuenta con internet.
Por otra parte, es del dominio público que la Sierra Sur es de las regiones más pobres del estado, y la ciudad de Miahuatlán una de las más azotadas por la violencia. Ante esta realidad, ¿no fue una idea progresista y digna de apoyo construir un albergue con estas características para combatir el rezago educativo en la región? ¿No es un despropósito arrebatarle algo que los estudiantes gestionaron en vez de apoyarlos?
Lo razonable sería terminar de equipar el albergue y brindarle recursos para alimentación y servicio de los moradores; no obstante, el fracaso de la política económica y social del país en manos de Morena, las autoridades lo disfrazan con operaciones grotescas y abusivas de “rescate de terrenos” y otras intrascendentes como “pintura para fachadas” y “cines bienestar” para decirle al pueblo: ¡ahí están mis resultados!
Es un hecho que México, bajo la dirección de la 4T, no va a crecer económicamente. En el 2025 serán muy pocas las obras que realizará el gobierno, vendrán más recortes y endeudamiento al país y las calamidades que azotan a la ciudadanía se van a incrementar.
Que no se deje engañar el pueblo miahuateco y oaxaqueño, los gobernantes están buscando desviar la atención sobre cuestiones más graves como la crisis económica, de seguridad y de salud, las cuales están avanzando silenciosa y peligrosamente entre la población como la sombra cuando avanza la noche.
El acto perpetrado contra los moradores del albergue estudiantil es un acto ilegal; es un abuso de autoridad apoderarse del bien de manera violenta, omitiendo el antecedente del albergue, que tuvo que pasar por las normas estatales y federales. Aquí debería de aplicarse la máxima: ¡nadie por encima de la ley y la ignorancia no es excusa!
El autoritarismo campea en Miahuatlán: después de la toma violenta del edificio del albergue, personas vestidas de civil, protegidas por la policía municipal, destruyeron las pertenencias de los jóvenes, desecharon sus literas, desmantelaron lo poco que había y montaron una escena de un edificio abandonado, lleno de basura y “con autopartes”, un montaje transmitido por los medios para justificar la intervención.
Por todo lo anterior, exigimos al gobierno del estado que garantice el estado de derecho y se finquen responsabilidades contra los agresores. El albergue es una necesidad y es fruto de una lucha histórica de los estudiantes de esa zona marginada y flagelada por el crimen; el gobierno estatal debe intervenir enérgicamente para restituirles el inmueble y dotarlo de servicios.
Si el presidente quiere hacer algo realmente por su pueblo, debe dotar de servicios al albergue; eso deben exigir ahora con más fuerza los moradores.
El Movimiento Antorchista se suma a la denuncia pública, local y a nivel nacional. Que el mundo sepa que en Oaxaca aún hay feudos en donde rige la ley del amo, en donde las autoridades estatales y federales dicen que “no pueden intervenir para aplicar la ley”.
Urge que el pueblo se sume a la lucha de los estudiantes, que entendamos todos que se avecinan tiempos sombríos; solo la unidad del pueblo puede liberarlo de semejantes amenazas.
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