Que se sepa: hasta ahora ningún país del mundo ha salido de la pobreza ni ha reducido la desigualdad con despensas, tinacos, calentadores solares o repartiendo dinero en efectivo a la población, como aseguran los gobernantes de ahora.
Un análisis de Gonzalo Hernández Licona, Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, publicado a finales de 2022 en la revista Este País, sobre la estrategia de combate a la pobreza hasta ese año, señala que al menos desde 1992 se ha pensado que la reducción de la pobreza consiste en otorgar programas sociales a la población.
Combatir la pobreza y la desigualdad es una de las promesas que más hemos oído en boca de candidatos presidenciales, a gobernador o a algún congreso; es una de las promesas que atrapan al electorado y los políticos lo saben. Es más sencillo y redituable dar transferencias monetarias que mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud para la población más pobre. Es más fácil atrapar y dejar en la cárcel a quien se roba un bolillo que a quien hace fraudes millonarios y es cuate del presidente.
En eso ha consistido la política de quienes gobiernan actualmente: tanto en la república como en las entidades, olvidando por completo las grandes prioridades de los mexicanos y centrándose más en mantenerse en el poder; obviamente, a través de los votos de los beneficiarios, para seguirse enriqueciendo ellos y quienes pertenecen a sus círculos cercanos.
El también fundador y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aporta datos. Veamos.
El presupuesto de los programas y acciones sociales federales ha promediado 1.15 billones de pesos entre 2008 y 2022 anualmente. Es decir, se han gastado cerca de 17.21 billones de pesos en programas y acciones sociales federales desde 2008 y la pobreza, medida con ingresos, no sólo no ha bajado, sino que ha crecido de 49 % a 52.8 % entre 2008 y 2020.
Según datos de la página de la Secretaría del Bienestar, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2024, en el estado de Querétaro, más de 77 mil estudiantes de preparatoria recibirán 3 mil 600 pesos del Programa Becas para el Bienestar “Benito Juárez”; 170 mil adultos mayores recibirán la Pensión para el Bienestar por 6 mil pesos cada dos meses y, en esta ocasión, con motivo de las elecciones, les entregarán 12 mil pesos, correspondientes a 4 meses. 18 mil personas con discapacidad recibirán 3 mil 100 pesos, y finalmente, en este ejemplo, más de 30 mil llamados “Jóvenes Transformando el Futuro” del estado, recibirán 7 mil 512 pesos por ser contratados como “ayudantes” en algún trabajo.
El Gobierno de López Obrador gastará, pues, más de 800 mil millones en 2024 en sus programas sociales, y el gobierno panista en Querétaro, aunque no da a conocer sus datos, todos los días invierte en una costosa campaña, repartiendo en todos los municipios, pueblos, rancherías y colonias, despensas, tinacos, calentadores solares, créditos, etcétera, a través del programa “Contigo”. Como Morena: no precisamente para combatir la pobreza y reducir la desigualdad, como dicen, sino porque saben que es una manera muy eficaz de comprar conciencias y votos de la gente más necesitada, para mantenerse en el poder.
Claro que es bueno que los adultos mayores, las personas con discapacidad, los estudiantes, las madres solteras, los indígenas, los campesinos y los mexicanos pobres en general reciban un poco de lo que de por sí es suyo, y de lo mucho que aportan de distintas maneras a los gobiernos. Nadie se opone a ello, pero no se vale que quienes tienen el poder abusen de su confianza, de su buena fe, y en algunos casos hasta de la ignorancia para venderles la idea de que lo hacen para servir a los mexicanos.
Hagamos a un lado la desaparición de programas como comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, Progresa, apoyo a la vivienda, obras sociales en beneficio de la población, etcétera. ¿Vale la pena el gasto de más de un billón de pesos para comprar votos, a cambio de más de 800 mil muertos por culpa del gobierno durante la pandemia, los niños muertos por falta de medicinas, los más de 180 mil mexicanos caídos por violencia, las masacres y el terror que se vive todos los días y, lo peor, sin ninguna posibilidad de salir de la lacerante pobreza de los mexicanos?
Es más sencillo dar transferencias monetarias que mejorar la calidad de los servicios. Es más fácil dejar en la cárcel a quien se roba un bolillo que a quien hace fraudes y es cuate del presidente.
Que se sepa: hasta ahora ningún país del mundo ha salido de la pobreza ni ha reducido la desigualdad con despensas, tinacos, calentadores solares o repartiendo dinero en efectivo a la población, como aseguran los gobernantes de ahora.
Un análisis de Gonzalo Hernández Licona, Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, publicado a finales de 2022 en la revista Este País, sobre la estrategia de combate a la pobreza hasta ese año, señala que al menos desde 1992 se ha pensado que la reducción de la pobreza consiste en otorgar programas sociales a la población.
Combatir la pobreza y la desigualdad es una de las promesas que más hemos oído en boca de candidatos presidenciales, a gobernador o a algún congreso; es una de las promesas que atrapan al electorado y los políticos lo saben. Es más sencillo y redituable dar transferencias monetarias que mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud para la población más pobre. Es más fácil atrapar y dejar en la cárcel a quien se roba un bolillo que a quien hace fraudes millonarios y es cuate del presidente.
En eso ha consistido la política de quienes gobiernan actualmente: tanto en la república como en las entidades, olvidando por completo las grandes prioridades de los mexicanos y centrándose más en mantenerse en el poder; obviamente, a través de los votos de los beneficiarios, para seguirse enriqueciendo ellos y quienes pertenecen a sus círculos cercanos.
El también fundador y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aporta datos. Veamos.
El presupuesto de los programas y acciones sociales federales ha promediado 1.15 billones de pesos entre 2008 y 2022 anualmente. Es decir, se han gastado cerca de 17.21 billones de pesos en programas y acciones sociales federales desde 2008 y la pobreza, medida con ingresos, no sólo no ha bajado, sino que ha crecido de 49 % a 52.8 % entre 2008 y 2020.
Según datos de la página de la Secretaría del Bienestar, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2024, en el estado de Querétaro, más de 77 mil estudiantes de preparatoria recibirán 3 mil 600 pesos del Programa Becas para el Bienestar “Benito Juárez”; 170 mil adultos mayores recibirán la Pensión para el Bienestar por 6 mil pesos cada dos meses y, en esta ocasión, con motivo de las elecciones, les entregarán 12 mil pesos, correspondientes a 4 meses. 18 mil personas con discapacidad recibirán 3 mil 100 pesos, y finalmente, en este ejemplo, más de 30 mil llamados “Jóvenes Transformando el Futuro” del estado, recibirán 7 mil 512 pesos por ser contratados como “ayudantes” en algún trabajo.
El Gobierno de López Obrador gastará, pues, más de 800 mil millones en 2024 en sus programas sociales, y el gobierno panista en Querétaro, aunque no da a conocer sus datos, todos los días invierte en una costosa campaña, repartiendo en todos los municipios, pueblos, rancherías y colonias, despensas, tinacos, calentadores solares, créditos, etcétera, a través del programa “Contigo”. Como Morena: no precisamente para combatir la pobreza y reducir la desigualdad, como dicen, sino porque saben que es una manera muy eficaz de comprar conciencias y votos de la gente más necesitada, para mantenerse en el poder.
Claro que es bueno que los adultos mayores, las personas con discapacidad, los estudiantes, las madres solteras, los indígenas, los campesinos y los mexicanos pobres en general reciban un poco de lo que de por sí es suyo, y de lo mucho que aportan de distintas maneras a los gobiernos. Nadie se opone a ello, pero no se vale que quienes tienen el poder abusen de su confianza, de su buena fe, y en algunos casos hasta de la ignorancia para venderles la idea de que lo hacen para servir a los mexicanos.
Hagamos a un lado la desaparición de programas como comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, Progresa, apoyo a la vivienda, obras sociales en beneficio de la población, etcétera. ¿Vale la pena el gasto de más de un billón de pesos para comprar votos, a cambio de más de 800 mil muertos por culpa del gobierno durante la pandemia, los niños muertos por falta de medicinas, los más de 180 mil mexicanos caídos por violencia, las masacres y el terror que se vive todos los días y, lo peor, sin ninguna posibilidad de salir de la lacerante pobreza de los mexicanos?
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