Ante los constantes fenómenos hidrometeorológicos, como son los huracanes, a los que estamos expuestos en esta temporada, y lo susceptible que es el sureste del país para ser afectado por este tipo de eventos naturales que en magnitudes mayores son capaces de ocasionar graves desastres en la vivienda, la salud, en los servicios públicos (luz, agua, recoja de basura, etc.), el acceso a la alimentación, actividades económicas y hasta poner en peligro la vida de las familias, situaciones que impactan más fuerte en los miles de hogares pobres donde se viven con carencias y los ingresos económicos apenas les alcanza para comer.
Al respecto, cabe resaltar que como dicta el artículo 1 de la Constitución: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”, de tal forma que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
En este sentido, el artículo 4 de nuestra Ley Suprema, menciona que en términos de dicha ley se protegerá la organización y el desarrollo de la familia, considerando que dicho desarrollo comprende entre otras garantías, la alimentación nutritiva, la protección de la salud, un medio ambiente sano para su desarrollo, la disposición y saneamiento de agua, una vivienda digna y decorosa, así como garantizar la movilidad (seguridad vial, accesibilidad, calidad, etc.), mismos que son los más afectados ante el acontecimiento de un desastre natural que se provoca con los huracanes y otros fenómenos naturales de esta índole.
Derivado de lo anterior, es pertinente mencionar que anteriormente en México se contaba con un instrumento interinstitucional que tenía por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, denominado Fondo de Desastres Naturales (Fonden), este instrumento se integraba por un Fondo Revolvente a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, como son los huracanes.
Históricamente el Fonden fue creado en 1996 y se hizo operacional en 1999 como un recurso financiero que tiene como objetivo apoyar a los estados, así como a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre sus objetivos de origen este fondo puede ser utilizado para solicitar alimentos o medicamentos para la población que podría ser eventualmente afectada por un desastre natural o para la reconstrucción de los daños ocasionados por un fenómeno natural a la vivienda de la población de bajos ingresos, así como a los servicios e infraestructura pública federal.
Entre los principales desastres y fenómenos naturales que se presentan en nuestro país, destacan los fenómenos hidrológicos tales como inundaciones, ciclones, huracanes, tormentas y lluvias extremas, que son los que se manifiestan con más frecuencia. En México, los estados que más recienten las afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz, en la que en cada evento dejan a su paso pérdidas humanas y también afectaciones en viviendas, carreteras, parcelas inundadas, entre otras muchas afectaciones más que en suma afecta drásticamente a la ciudadanía de comunidades y colonias populares.
Al respecto, recordemos que uno de los desastres naturales más trágicos en el sureste de país fue la inundación de Tabasco en el 2007, las precipitaciones extraordinarias generó grandes escurrimientos en los ríos de la sierra, Usumacinta, Mezcalapa, Samaria, Grijalva y el carrizal, hasta llegar a la planicie tabasqueña, esta inmensa acumulación de agua debido a las fuertes lluvias, inundó el 80 por ciento del territorio del estado de Tabasco, situación que afectó a poco más de un millón de habitantes, la mayoría perdió sus casas, muebles, animales de patio, cultivos, calles, carreteras e infraestructuras públicas.
En este sentido, resaltamos que debido a la Declaratoria de Emergencia que en su momento emitió el gobierno de aquella entidad en ese año, a través del Fonden se liberaron recursos por un monto total de mil 760.3 millones de pesos que fueron usados para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco, a fin integrar un monto de 8 mil millones de pesos, y 753.6 millones de pesos para atención a damnificados principalmente. Con ese recurso económico se logró reconstruir la mayor parte de la infraestructura pública dañada por ese fenómeno natural y además ayudó a miles de familias que resultaron afectados a construirles sus viviendas que perdieron durante las precipitaciones.
En este contexto, el 7 de octubre de 2020, día en que por un lado el Sistema Meteorológico Nacional anunció que el huracán “Delta” categoría 4 tocaría tierra en Quintana Roo, por otro lado, los integrantes de la Cámara de Diputados en su mayoría de Morena, aprobaron en lo general un dictamen que propone la extinción del Fonden, y otros fideicomisos más que se dejaría desprotegido a millones de ciudadanos de los fenómenos naturales porque se dejaría sin recurso extraordinario para enfrentar cualquier evento que como siempre los efectos son drásticos.
Sucesivamente este 28 de julio de 2021 en la Cámara de Senadores se abrogó dichos fondos que ya era de esperarse, pues la idea de eliminar ese apoyo social surgió del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado que ese dinero era la caja chica de los gobiernos anteriores.
En los últimos días hemos visto en los medios de comunicación las afectaciones materiales que provocó la tormenta “Grace”, que entró como categoría 1 en Quintana Roo, el cual durante su estancia en el Golfo de México llegó a categoría 3, golpeando de forma increíble al estado de Veracruz, que con sus fuertes inundaciones dejó sin hogar a muchas familias, lo más lamentable fueron las pérdidas humanas, entre la que se destaca el deceso de una familia integrada por 5 niños menores de edad, la más pequeña apenas alcanzaba los 15 días de nacida, y su madre, quienes fueron sepultados por el deslave de un cerro.
Asimismo, las carreteras, calles y puentes quedaron totalmente destruidas, mientras que la gente afectada ya desesperada clama ayuda al Gobierno Federal, ayuda que ya nunca más les llegará a los que sufren por ese tipo de afectaciones porque lamentablemente ya no existe el Fonden y otros programas modelo destinados a ayudar en esos momentos trágicos que enfrentan mayormente los pobres.
En tiempos pasados veíamos al Presidente de la República caminar por los lugares afectados y apoyando a la gente con víveres y un sinfín de apoyos que ayudan a hacer menos trágico la situación de las familias, ahora solo vemos a un Gobierno simulador, mentiroso e incompetente que a diario en sus mañaneras solo se dedica a descalificar lo pasado pero omite lo hecho en los casi tres años de administración y como se puede ver en nada ha mejorado el país, por el contrario la pobreza aumenta, no hay empleos justos y bien remunerados, nuestra economía está estancada, un mal manejo de la pandemia de la covid-19, y la economía no está creciendo al 6 por ciento como el autoproclamado de la 4T, dijo que sucedería desde el primer día de su gobierno, por el contrario los pobres ahora son más pobres y la lista está creciendo día a día, de esto no dice absolutamente nada el “excelentísimo” Presidente López Obrador.
Por lo antes planteado, el Fonden debe existir, toda vez que ahora más que nunca se necesitan esos recursos con los que hubiera podido lograr apoyar en la reconstrucción e infraestructura públicas a los estado después del paso de un huracanes, sismos o inundaciones, los Diputados federales electos que representarán al pueblo próximamente, lejos de alzar la mano en apoyo a las malas decisiones del Presidente de la Republica que perjudican a la inmensa mayoría de la ciudadanía deberían tener presente que representan al pueblo y a ellos se deben, por tanto los legisladores tienen en sus manos salvaguardar los intereses del pueblo y continuar con la farsa de Morena y la 4T.
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