Según información dada a conocer en el mes de mayo pasado a través de los medios de comunicación por el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Karin Oviedo Ramírez, el último censo de vivienda estima que en México existe un déficit de 20 millones de viviendas, de las cuales la gran mayoría pertenece al nivel de interés social. Esta situación se ha convertido en una crisis que impide que igual número de familias accedan a su derecho a una casa.
A ningún Gobierno parece interesarle el déficit de vivienda en México, si no puede sacar de ello un beneficio político o económico.
De acuerdo con Oviedo Ramírez, esto se explica porque, durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, la construcción de vivienda se enfocó en lugares donde no era necesario, construyendo condominios fantasmas que a la fecha siguen abandonados.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las empresas dedicadas a la construcción de viviendas de interés social abandonaron esta actividad, y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tampoco se tuvo una política seria para garantizar la vivienda a los mexicanos.
La realidad es que a ningún Gobierno le importa la falta de vivienda si no pueden hacer un gran negocio político y económico, sobre todo con los jóvenes y las familias más necesitadas de México. Esto a pesar de que es un derecho humano, fundamentado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y consagrado en el artículo 4º constitucional, el cual establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
En Querétaro, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, José Guerrero Renaud, existe un importante déficit de vivienda económica, de entre 30 mil y 40 mil unidades.
El valor de una vivienda económica ronda los 900 mil pesos y un millón de pesos, con pagos mensuales de 10 mil pesos, considerando un ingreso neto de más de 30 mil pesos entre dos personas.
Sin embargo, Guerrero Renaud menciona que en el mercado las viviendas más económicas fluctúan entre 1.3 y 1.5 millones de pesos, lo cual supera las posibilidades de la población que busca vivienda de bajo costo, con aproximadamente cuarenta metros cuadrados de construcción y sesenta metros cuadrados en construcción vertical. Es decir, además de caras, son verdaderas “pichoneras”.
De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, en el primer trimestre de 2024, el precio de la vivienda en el estado de Querétaro se incrementó un 11.6 %. La capital del estado se ubicó en el lugar número 15, con más incremento en el precio de la vivienda a nivel nacional, con un 11.7 %.
Después está el municipio de Corregidora, en el lugar número 17, con un incremento del 11.5 %, mientras que en el municipio de El Marqués el incremento fue del 11.4 %, por lo que se ubicó en el lugar número 18, con más aumento:
“Querétaro, pues, como el resto de los estados del país, no tiene vivienda económica. Las viviendas de regular tamaño, para tres o cuatro miembros de una familia, fluctúan entre 2 millones y 2.3 millones de pesos, por lo que las familias se ven obligadas a rentar, a juntarse con otros familiares en condiciones de hacinamiento, o en el caso de los trabajadores, a buscar un crédito de Infonavit con casas demasiado pequeñas que resultan impagables, dejándolos endeudados por treinta años y pagando hasta un 500 % o más de su valor”.
En México no hay derechos para los mexicanos. Sin empleos bien pagados, sin salud ni medicinas para los enfermos, sin educación de calidad, sin servicios públicos, con una seguridad pública negociada con la delincuencia, sin posibilidad real de una vivienda digna y con un gobierno dictatorial que hace todas las leyes a su modo, ¿tiene sentido una vida así? Como dijo el novelista francés Albert Camus: “Ellos mandan hoy… ¡porque tú obedeces!”
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