México enfrenta una crisis educativa que no sólo limita el desarrollo de millones de personas, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad.
Según datos recientes, el país ocupa el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en inversión educativa, destinando apenas el 3.2 % del producto interno bruto (PIB) a este rubro, muy por debajo del 8 % recomendado.
La educación es un mecanismo de liberación y empoderamiento, pues acceder a una educación de calidad significa romper con ciclos de pobreza y marginación que han afectado a generaciones enteras.
Esta falta de compromiso financiero se traduce en un sistema educativo que no logra garantizar acceso, calidad ni equidad para todos.
En el caso específico de Durango, la situación no es muy diferente. Aunque el estado ha mostrado avances en cobertura educativa, aún enfrenta desafíos significativos. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Durango tiene una tasa de abandono escolar en educación media superior del 13.5 %, superior al promedio nacional.
Además, en zonas rurales e indígenas, como en el municipio de Mezquital, las condiciones de infraestructura escolar son precarias, y muchos estudiantes carecen de acceso a tecnologías básicas y materiales educativos adecuados. Esto refleja una brecha educativa que se agudiza por factores geográficos y socioeconómicos.
Uno de los problemas más graves es la falta de integración de jóvenes de entre 18 y 24 años al sistema educativo. En México, el 32 % de las personas en edad escolar no asiste a la escuela. Muchos jóvenes abandonan sus estudios para incorporarse al mercado laboral, donde enfrentan empleos mal remunerados y sin perspectivas de crecimiento. Esto no sólo limita su desarrollo personal, sino que también afecta el progreso económico y social.
La baja inversión en educación tiene consecuencias profundas. Mientras en México se gasta alrededor de 53 mil 378 pesos por estudiante de primaria al año, el promedio de los países de la OCDE es de 216 mil 616 pesos. Esta disparidad se traduce en aulas sobrepobladas, maestros con poca capacitación y falta de recursos tecnológicos.
En Durango, por ejemplo, muchas escuelas carecen de internet y computadoras, herramientas esenciales en un mundo cada vez más digitalizado.
El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, pero sus prioridades parecen estar en otro lado. Mientras se destinan miles de millones de pesos a proyectos cuestionables o a subsidiar industrias extractivas, la educación sigue siendo relegada.
Esto no sólo es una injusticia, sino también un error estratégico. La educación es la base del desarrollo económico y social, y sin una inversión adecuada, México seguirá estancado en un círculo vicioso de pobreza y desigualdad.
Es urgente que el gobierno reconsidere sus prioridades. En Durango, se necesita una inversión focalizada en infraestructura escolar, capacitación docente y programas de retención estudiantil, especialmente en comunidades marginadas.
A nivel nacional, es primordial aumentar el presupuesto educativo al menos al 8 % del PIB, como recomienda la OCDE, y asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
La educación no es sólo un derecho, es un mecanismo de liberación y empoderamiento. Para los hijos de las familias trabajadoras, acceder a una educación de calidad significa romper con los ciclos de pobreza y marginación que han afectado a generaciones enteras.
Sin embargo, mientras el gobierno siga destinando recursos insuficientes a este rubro y priorizando otros intereses, la tarea de garantizar una educación digna recae, en gran medida, en la organización y la lucha del pueblo organizado. Históricamente, los movimientos sociales han demostrado que la unión y la exigencia organizada pueden lograr cambios significativos.
Es momento de que las comunidades, los padres de familia, los maestros y los estudiantes se unan para demandar un sistema educativo que responda a sus necesidades.
Pero la organización no debe limitarse a la exigencia de recursos, también debe enfocarse en la construcción de un proyecto educativo que sirva a los intereses del pueblo trabajador. Esto implica reimaginar la educación no como un mecanismo de reproducción de desigualdades, sino como una herramienta para la crítica, la conciencia social y la transformación.
Los hijos del pueblo trabajador no sólo necesitan aprender matemáticas o ciencias, necesitan una educación que les enseñe a entender y transformar el mundo en el que viven, que les brinde las herramientas para defender sus derechos y construir un futuro más justo.
La educación no puede seguir siendo la última prioridad. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y garantice un sistema educativo que ofrezca oportunidades reales a todos los mexicanos, sin importar su origen o condición social. Sólo así podremos romper el ciclo de pobreza y construir un futuro más justo y próspero para nuestro país.
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